A medio siglo del quiebre institucional más profundo de nuestra historia, la disputa por la memoria colectiva ha dejado de ser una construcción de consenso social para convertirse en un campo de batalla político. Argentina llega a los 50 años del golpe de Estado de 1976 en un escenario de extraña ambivalencia: mientras los tribunales consolidan un proceso de justicia único en el mundo, desde las cumbres del Poder Ejecutivo se emiten señales que intentan erosionar los pilares del pacto democrático de 1983.
El revisionismo desde el despacho oficial
La figura de la vicepresidenta Victoria Villarruel no es una anomalía azarosa, sino el vector de un proyecto de resignificación histórica. Su activismo, que durante años se movió en los márgenes de la legitimidad política, hoy ocupa el centro de la escena institucional. No se trata simplemente de recordar a otras víctimas; la profundidad del planteo oficial busca equiparar el terrorismo de Estado con la violencia insurgente, una teoría de los dos demonios reciclada que omite la asimetría de un Estado que utilizó sus recursos para secuestrar, torturar y desaparecer.
Esta postura tensiona los límites de lo aceptable en una democracia que se pretendía madura. El discurso de la vicepresidenta no es un ejercicio de historia académica, sino una herramienta de construcción política que busca desarticular la carga simbólica de los organismos de derechos humanos y, fundamentalmente, la responsabilidad histórica de las fuerzas armadas en el plan sistemático de exterminio.
Las metamorfosis del poder y la herida abierta
En este entramado de contradicciones, la figura de Patricia Bullrich emerge como un espejo de las transformaciones más cínicas de la política argentina. De su pasado en la militancia cercana a las estructuras de Montoneros a su rol actual como garante de un orden represivo, su trayectoria resume las fracturas de una sociedad que no termina de procesar sus duelos. La gestión de la seguridad bajo su mando, salpicada por casos que remiten a las peores sombras del pasado, demuestra que el Estado aún tiene deudas pendientes con la integridad de sus ciudadanos.
El contexto económico y social previo al golpe, simbolizado en figuras como José Ber Gelbard, también vuelve al debate. La crisis de aquel entonces fue el pretexto para imponer un modelo económico de exclusión que, con distintos matices, reaparece en el horizonte cada vez que se intenta priorizar el mercado sobre el bienestar social. La historia no se repite, pero rima con una crueldad alarmante.
La justicia como último refugio
Frente al ruido de los discursos oficiales, los datos ofrecen una solidez que el relato no puede perforar. Con más de 1.200 condenados por crímenes de lesa humanidad y centenares de sentencias dictadas, Argentina ha demostrado que la impunidad no es un destino inevitable. Estos juicios, que continúan activos a pesar de los cambios de signo político, son el verdadero termómetro de la salud democrática del país.
Llegar a los 50 años del golpe no debería ser un acto de nostalgia, sino una advertencia. La democracia no es un estado natural, sino un contrato que se renueva cada día. Cuando desde el poder se intenta relativizar el horror, lo que se pone en juego no es solo el pasado, sino la calidad del futuro que estamos construyendo. La memoria, lejos de ser un peso, es el único ancla que evita que volvamos a naufragar en la oscuridad.
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