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Con la mesa política en plena actividad, el Ejecutivo rechaza hasta ahora modificar el capítulo de Ganancias y pretende llevar la discusión fiscal a la sesión en el Senado. Santilli termina de tantear a los gobernadores aliados y Bullrich arma una mayoría posible.
En la Casa Rosada tomaron una decisión que ordena la estrategia, pero también expone el conflicto: la reforma laboral llegará al recinto del Senado tal como fue dictaminada, sin cambios previos. Con las sesiones extraordinarias de febrero iniciadas formalmente este lunes, el Gobierno buscará no reabrir la discusión en comisión y trasladar cualquier intento de modificación al momento más crudo del debate, cuando los números se cuentan voto por voto. La disputa con los gobernadores quedaría así planteada a cielo abierto, en una semana que el oficialismo considera clave para avanzar con el temario legislativo.
La definición busca evitar lo que en Balcarce 50 describen como una señal de debilidad. Reabrir el texto dictaminado en diciembre antes de tiempo, sostienen, solo alimentaría la presión de los mandatarios provinciales que reclaman cambios en el capítulo tributario, en particular en la rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta de lleno en recursos coparticipables. “Si quieren cambiarlo, que junten los votos en el recinto”, deslizan sin matices fuentes del oficialismo.
Bullrich y el secretario de Trabajo Julio Cordero, durante su exposición en la comisión de Trabajo en el Senado.
La disputa de fondo sigue siendo fiscal y federal. Los mandatarios provinciales vienen reclamando escalonar la reducción de alícuotas o establecer mecanismos de compensación por la pérdida de recursos. El Ejecutivo, por ahora, se niega a incorporar esos planteos en el texto y apuesta a sostener el dictamen como una bandera: llegar al Senado sin haber cedido, obligar a los gobernadores a mostrar su fuerza y negociar solo cuando el costo de romper sea más alto. Aún sin confirmación oficial, en las provincias analizan la posibilidad de reunirse el mismo miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para ordenar y centralizar los reclamos.
Pero la tensión no es solo con las provincias sino que también atraviesa al propio Gobierno. En el ala dura del oficialismo, empujada por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, se impone la postura de avanzar sin concesiones. El argumento es siempre el mismo: aceptar cambios en Ganancias implicaría desnaturalizar uno de los ejes del proyecto y abrir la puerta a una lógica de compensaciones paralelas que el mileísmo rechaza como parte de su relato fiscal, pese a que llegado el caso no tiene problema en abrir la billetera.
Diego Santilli y el gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés. El Gobierno anunció la semana pasada un desembolso de ATN para esa provincia.
Es que la discusión, además, es identitaria. ¿Hasta dónde puede ceder un gobierno que hizo de la pureza fiscal un relato fundacional sin parecer que vuelve a la lógica de la “rosca” que prometió combatir? En el oficialismo conviven esas dos pulsiones: la épica de no negociar nada y el pragmatismo inevitable de un Congreso fragmentado.
En ese escenario, Patricia Bullrich se mueve como la jefa. La exministra de Seguridad asumió el rol de armadora del Senado. Recibe reclamos y acumula observaciones de aliados, además de administrar la mayoría como si la ley ya estuviera aprobada. Ya habla en primera persona de “los 44”: todos los senadores salvo los 28 del peronismo, un cálculo optimista que funciona como mantra interno para sostener que el proyecto, al menos en general, tiene los votos. En ese marco, Bullrich convocó para este martes a una reunión con legisladores radicales con la idea de supervisar ese bloque de respaldo.
Bullrich al conformar la comisión de Trabajo en el Senado.
En paralelo, el rol de Diego Santilli se volvió central como embajador ante las provincias. Después de un enero de recorridas federales y reuniones con siete gobernadores, el ministro del Interior arranca la semana con encuentros de trabajo para medir el poroteo fino. En su entorno aseguran que el funcionario dedicará estos días a seguir de cerca las negociaciones en el Congreso en la previa al tratamiento que el oficialismo espera para el próximo miércoles 11 de febrero en la Cámara Alta, aunque por ahora no tenía gobernadores agendados para esta semana. Su tarea es atender los reclamos provinciales e instrumentar soluciones con la limitación monetaria que impone Economía.
En la Casa Rosada creen que la intransigencia programática es la única forma de no perder la iniciativa. Pero también saben que en el Senado las leyes no se aprueban con desafío sino con números. Por eso, la mesa política volverá a reunirse este miércoles para dar inicio formal al operativo de conquista de voluntades que el Gobierno apuesta a desplegar durante las próximas semanas. Será la cuarta reunión del año convocada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, con la presencia de Karina Milei y el resto de los miembros del núcleo duro de La Libertad Avanza.
El optimismo es lo que prima puertas adentro del Gobierno a la hora de pensar en el futuro del paquete legislativo que se tratará en extraordinarias: las modificaciones a la Ley de Glaciares, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la Ley Penal Juvenil, que el oficialismo espera que obtenga media sanción en febrero para avanzar con su aprobación completa después del 1° de marzo. Pero la reforma laboral, proyecto madre del período, será también el escenario donde el mileísmo deberá decidir hasta dónde puede sostener su pureza fiscal sin quedarse, simplemente, sin votos.
PL/CRM