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A una semana de la sesión en el Senado, Santilli se atribuye haber desactivado la cumbre en el CFI que impulsaban Kicillof, Quintela e Insfrán. El capítulo fiscal de Ganancias sigue siendo el principal nudo con las provincias.
El Gobierno vuelve a reunir este miércoles a su mesa política, el núcleo más reducido del poder libertario, para ultimar la estrategia legislativa de la reforma laboral, que comenzará a debatirse la semana próxima en el Senado. El encuentro tiene lugar este mediodía en el despacho que Manuel Adorni ocupa en la planta baja de la Casa Rosada, con un objetivo doble: terminar de cerrar el poroteo capítulo por capítulo y contener, al mismo tiempo, la presión creciente de los gobernadores por el capítulo fiscal del proyecto.
En Balcarce 50 repiten que la votación en general está asegurada y que el oficialismo llegará al recinto con los apoyos necesarios. Pero el Gobierno sabe que el verdadero riesgo está en la letra chica: la reforma se juega artículo por artículo, con un punto particularmente complejo, el que dispone la reducción del impuesto a las Ganancias para empresas. Los mandatarios provinciales advierten que se trata de un tributo coparticipable y que su baja implicaría un golpe directo a las arcas provinciales. Desde el Ministerio de Economía, en cambio, sostienen que la reforma traerá incentivos para formalizar empleo y que eso compensará la caída inicial. Las provincias no quieren correr ese riesgo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, es uno de los más férreos opositores internos a las modificaciones.
En ese contexto, en la Casa Rosada le adjudican a Diego Santilli un movimiento clave en las últimas horas: haber desactivado la reunión que un grupo de gobernadores evaluaba realizar en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), impulsada por Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Gildo Insfrán. Santilli —que esta tarde tendrá un nuevo encuentro con el correntino Jaun Pablo Valdés— habría llamado uno por uno a los mandatarios dialoguistas para evitar una foto conjunta que pudiera leerse como un frente opositor contra la reforma laboral. Los aliados más cercanos al Gobierno, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis), ya habían anticipado que no participarían del encuentro y también trabajaron para que no hubiera una postal adversa al oficialismo en plena negociación.
La mesa política se reúne, justamente, para ordenar ese equilibrio inestable: la necesidad de aprobar una ley estructural que Milei quiere exhibir ante los mercados como prueba de gobernabilidad, y la urgencia de no romper el vínculo con los gobernadores que sostienen buena parte de los votos en el Congreso. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, llegará al encuentro con un informe detallado del estado de las conversaciones. Ayer confirmó que la sesión será el 11 de febrero y aseguró que el “95% de los temas” está cerrado, aunque reconoció que todavía quedan puntos pendientes que “tienen que ver con lo que discuten gobernadores, senadores y los ministros de Economía e Interior”.
La senadora Patricia Bullrich, figura clave del oficialismo en el Congreso, ingresando esta mañana a la Casa Rosada, convocada para debatir estrategias con el fin de lograr la sanción de la reforma laboral.
Bullrich, que juega el rol del policía bueno en el esquema de negociación, ya aceptó introducir cambios en uno de los capítulos sensibles: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiaría con el 3% del salario y serviría para cubrir indemnizaciones. El radicalismo pidió diferenciar el impacto entre pymes y grandes empresas, y la Casa Rosada evalúa convalidar esa modificación. El temor de Bullrich es que, una vez iniciado el debate en particular, la oposición empiece a voltear artículos sin saber dónde frenar.
Del otro lado está el ala dura: Luis “Toto” Caputo, que se volvió un actor cada vez más habitual en estas reuniones, rechaza cualquier concesión de fondo en el capítulo fiscal. En la mesa reconocen que la decisión final sobre Ganancias sociedades la tomará el ministro de Economía, con la venia directa del Presidente.
Además de la reforma laboral, el encuentro servirá para ordenar el resto del temario de extraordinarias: la Ley de Glaciares, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la Ley Penal Juvenil. También está sobre la mesa el cronograma electoral y la estrategia general del oficialismo para atravesar febrero con una seguidilla de votaciones clave.
PL/CRM