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Así lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello en la causa de presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad que comenzó con audios filtrados en los que también aparecía Karina Milei.
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue procesado este lunes por asociación ilícita. Lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello en la causa por presuntos cobro de sobornos, fraude al Estado y incompatibilidades en función del cargo público que ostentaba como director del organismo público.
El fallo de Casanello alcanza, entre 19 imputados, a quien fuera el segundo de Spagnuolo en la ANDIS, Daniel Garbellini; y a Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, dos personas con estrechos vínculos con droguerías.
Según la resolución de Casanello, “en esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, al tiempo que consideró que el organismo “fue cooptado y empleado como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.
Diego Spagnuolo, en Comodoro Py, meses atrás.
Para el magistrado, el trabajo de la Justicia estos meses “permitió reconstruir, como se expuso, un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
Además, Casanello advierte la existencia de un “esquema delictivo” que “pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, al tiempo que revela que la investigación que sigue su curso también apunta a que “la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.
Calvete está detenido por orden del Tribunal Oral Criminal N° 8, que en junio de 2019 lo condenó a cuatro años de prisión por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. De acuerdo a la Justicia, el empresario y consulltor cercano a Spagnuolo formó parte entre 2015 y 2016 de “una organización destinada a facilitar la prostitución de mujeres a quienes les asignaban departamentos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires donde les ‘permitían’ vivir y donde ejercían la prostitución a cambio de un rédito económico por sobre los valores de alquiler de mercado y con condiciones contractuales leoninas”.
Miguel Ángel Calvete, también procesado en la causa ANDIS.
En noviembre pasado, en su resolución, el fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación por la causa ANDIS, llamó a indagatoria a exfuncionarios y privados al considerar que la ANDIS “se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”. Allí estábam Spagnuolo pero también Pablo Atchabahian; Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.
Los peritajes que la Justicia realizó desde septiembre pasado permitieron recuperar comunicaciones eliminadas, registros de video e imágenes que, según fuentes judiciales, constituyen “indicios contundentes” de sobornos. Entre ellas, una cámara registró a Spagnuolo saliendo de la casa del operador de laboratorios Miguel Ángel Calvete, señalado como pieza central de la estructura ilícita.
Según el dictamen fiscal previo a la decisión de Casanello de procesar a los acusados, se comprobó la manipulación del mecanismo de compulsa de precios para reducir artificialmente la competencia e invitar siempre a un conjunto predeterminado de proveedores. En 21 compulsas reducidas realizadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, las droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A. obtuvieron el 93,11% de las adjudicaciones, por un total de más de $30.337 millones.
Las pruebas incluyen incrementos de precios injustificados en medicamentos esenciales. El caso más extremo fue el del Macitentan 10 mg, adjudicado a $8.290.000 por unidad el 19 de noviembre de 2024 y vuelto a adjudicar tres días hábiles después con un incremento superior al 1.900%. Situaciones similares se detectaron con Burosumab 20 mg: mientras en compulsas generales se pagaron $21 millones por unidad, en las compulsas reducidas las droguerías beneficiadas cobraron más de $40 millones.
Conversaciones, pedidos de dinero y una estructura paralela
Uno de los elementos más comprometedores es un conjunto de audios entre Calvete y Spagnuolo. En ellos, el operador le indica al entonces titular de ANDIS dónde y cómo recibir una suma de dinero que -según el expediente- alcanzaba los $5 millones. En paralelo, quedó registrado que Calvete le pidió a su pareja, Guadalupe Muñoz, “cinco palos” en efectivo “para el boludo del pelado que viaja a Israel”.
La acusación describe una estructura compleja, integrada por funcionarios, exfuncionarios y operadores externos que utilizaban de manera indebida el sistema informático SIIPFIS para otorgar adjudicaciones a determinadas empresas. Pablo Atchabahian —ex director de ANDIS y único detenido hasta el momento— habría puesto su conocimiento del organismo al servicio de las maniobras, ordenando qué pagos frenar y a qué proveedores incorporar. Tenía vínculos directos con la droguería Génesis S.A. y el laboratorio Roche.
Daniel María Garbellini, otro de los indagados, funcionaba como nexo entre la estructura interna y la externa, permitiendo el acceso de operadores no designados a información sensible. Entre ellos estaba Luciana Ferrari, empleada de Roche S.A.Q.E.I., quien gestionaba “tickets” y obtenía datos anticipados sobre las compulsas.
La red se completaba con funcionarios como Roger Edgar Grant —ejecutor de contrataciones PACBI—, Eduardo Nelio González, y Lorena Di Giorno, todos señalados por participar en decisiones y movimientos de dinero. La logística financiera, según el expediente, incluía manejo de efectivo, cheques y articulación con servicios de aviación privada a través de Sergio Mastropietro y Alan Pocoví (Baires Fly S.A.).
Para Picardi, la evidencia demuestra que ANDIS funcionó entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 como “un centro de operaciones de diversas actividades ilícitas”, cuyo objetivo era obtener “amplias sumas de dinero de manera indebida” mediante el direccionamiento de licitaciones y adjudicaciones de medicamentos críticos para personas con discapacidad.
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