Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124


El «sacrificio» redentor se eterniza, mientras el mercado laboral se deteriora, cae la recaudación y se reinicia el clamor por el ajuste: maleficio de los experimentos «promercado». ¿La reforma laboral incentivará el empleo o acelerará despidos? Gobernadores aprisionados por el recorte de fondos que ellos mismos garantizaron para «darle las herramientas al Presidente»
Los proyectos promercado, tanto los relatados de “centro” como los fascistoides, no logran superar un maleficio en la Argentina. Llegan al Gobierno con una promesa de “normalidad”. Vaticinan un progreso inevitable, con asertividad científica, si se imitan las prácticas de paraísos como Alemania, Singapur o, más recientemente, Perú o Paraguay. Será indoloro, cuestión de eliminar privilegios de la “casta política”, limpiar leyes y sacar las garras del Estado de la vida del ciudadano.
Ocurre que estos proyectos llegan a Casa Rosada, “sinceran” la economía y se desata un proceso acelerado de destrucción de puestos de trabajo, cierre de empresas y aumento de la desigualdad. Sus aparatos de difusión —agobiantes de tan poderosos— transmiten que es el mal trago necesario para tomar carrera hacia el desarrollo “en serio”, y le pasan de las penurias la cuenta al “populismo”. Podrían haber avisado antes que vendría un período de sangre y lágrimas, pero —advierten— la realidad que encontraron era mucho peor que la esperada.
Llega un punto en que la vida se vuelve demasiado sincera y ello queda especialmente reflejado en el mercado laboral, tanto con mayor desempleo como con aumento de la precarización: se eliminan puestos mejor pagos, con derechos laborales, vacaciones y aportes previsionales.
Con Mauricio Macri (2015-2019), la dinámica se dio de entrada, pero el “segundo semestre” comenzaría la etapa feliz. “Pasaron cosas”, la promesa “no vas a perder nada de lo que ya tenés” se complicó, y el balance tras cuatro años de Gobierno de Cambiemos fue de 240.000 asalariados privados menos, un 3,8% del total. En parte, esa merma fue compensada por un crecimiento del empleo en negro, cuentapropistas (monotributistas) y trabajadores estatales.
En lo que va de la gestión de los Hermanos Milei, la pérdida de empleos formales en el sector privado alcanza 196.000 puestos, 3% del total. Como la motosierra del soez es bastante más filosa que la de Macri, a ello hay que sumar otros 81.000 puestos eliminados en el Estado, que también contaban con aportes. Todos ellos —privados y públicos— eran, en términos de respeto a ciertas garantías constitucionales, empleos “de calidad”.
Si se extiende la mirada, un curso parecido —más agudo— se encuentra en el experimento de Fernando de la Rúa (1999-2001). Aquella rebaja de 13% de los sueldos estatales y otros “sacrificios” por única vez determinaron una recesión feroz, pérdida de recaudación, ajuste sobre ajuste, crisis de la deuda externa y la mayor debacle social de la historia argentina.
Hubo un ejemplo de “apertura” en la historia reciente que “funcionó”, al menos un tiempo, con gran disparidad entre sectores y generador de lastres que se agudizarían en el tiempo, pero también con logros computables.
En el otoño de 1993, cuando la convertibilidad llevaba más de dos años de vigencia (período similar al de Milei en Casa Rosada), la foto de Carlos Menem no era la de Milei. En más de un sentido, era la opuesta. En junio de 1993, la inflación fue de 0,7%, y la de todo el año sería 7,3%. La de Milei es al menos cuatro veces ese porcentaje, con un punto de partida dos años antes mucho menor. El crecimiento anual del PBI alcanzó 6,3% en 1993, luego de dos años de alza por encima de 10%, tras el derrumbe 1988-1991. Era la primavera de Menem, sin que el desempleo hubiera explotado a los niveles conocidos después. Con Milei, por ahora, se vive un prolongado invierno, con algún día templado cada tanto.
Con la calma que trajo la convertibilidad, Menem lanzó un proyecto de reforma laboral en mayo de 1993 que sería leído como tibio a los ojos de hoy: extensión opcional de la jornada laboral a 10 horas, tres semanas de vacaciones para todos los trabajadores, reducción “dinámica” de salarios y cambios de horario. La reforma no se metía con “costos” laborales en los que Argentina es “barata”. En el país, los días de vacaciones (14) son pocos en comparación con Perú (30), Uruguay (20), Francia (35), España (30) y Brasil (30), mientras las indemnizaciones y los feriados se encuentran en el estándar regional.
Informes comparativos públicos y privados coinciden en que el ítem del sueldo en el que Argentina es “cara” es el de aportes a la seguridad social. Ello tiene un correlato. Ningún país de América Latina tiene a la inmensa mayoría de los mayores de 65 años con jubilación concedida y un sistema universal de salud específico para la edad.
Los debates sobre el mercado laboral y previsional no se agotan en esos datos incompletos. Hay rigideces no abordadas en la reforma que se proponen los Milei. Por ejemplo, sería impensable que los jueces y los judiciales pierdan algunas de las abusivas ventajas que gozan. A su vez, una mínima proyección del gasto muestra que el sustento del sistema previsional casi universal que rige en Argentina requiere cambios y, probablemente, pérdidas de beneficios consagrados en los denominados “regímenes especiales”. En un mercado en el que el empleo informal oscila hace décadas entre 30% y 40% y el número de asalariados privados formales fluctúa en torno a 6 millones hace más de una década, negar una discusión al respecto no hace más que darle la oportunidad a dogmáticos con motosierra.
El Presidente obtuvo esta semana una de sus mayores victorias legislativas, que ninguno de sus predecesores “promercado” lograron —salvo De la Rua, con la ley que pronto quedó viciada por la Banelco—. Con toda su fuerza, tampoco Menem logró plasmar aquel esbozo de 1993, ni coronó enteramente otros intentos posteriores. Con la asistencia casi perfecta del PRO, la UCR y los provinciales, los Milei lograron media sanción para la reforma laboral en el Senado, por un amplio margen (42 a 30).
En un debate que está a la altura moral, intelectual y política del Congreso argentino, los diputados debatirán en los próximos días el alcance de la medida que penaliza la enfermedad
Cuando la Cámara baja ratifique lo decidido —la voluntad del Ejecutivo es que sea antes del 1 de marzo—, será más barato despedir. Hasta podría salir gratis para el empleador, cuando se aplique el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que se restará de los aportes previsionales. La jornada laboral será móvil, habrá menos poder sindical para resistir rebajas salariales, y la frutilla del postre: un enfermo de cáncer o un trabajador que se engripa recibirá un sueldo sustancialmente menor, o nada si el pesar se extiende más allá de los tres o seis meses. Con esa herramienta —vaticina el coro oficialista—, el mercado de trabajo, esta vez sí, adquirirá dinamismo.
Como un humorista que rápidamente agotó el libreto y apela a clichés, groserías y agresividad, el Gobierno se empeñó más en sostener un montaje bizarro de un ataque perpetrado por unos pulcros e inexpertos armadores de bombas molotovs, ante la mirada pasiva de decenas de policías y con la precisa filmación de TN. Milei, Patricia Bullrich y el resto del elenco parecieron comprender que el texto de la norma aprobada brinda pocos motivos para el festejo, y regresaron a aquellos relatos sobre “terrorismo” que el Gobierno de Macri manejaba con más solvencia. El circo de los Milei no causa gracia.
En un debate que está a la altura moral, intelectual y política del Congreso argentino, los diputados definirán en los próximos días el alcance de la medida que penaliza la enfermedad, en un país en el que no existe seguro de desempleo, el presupuesto público de salud se reduce, el PAMI deja de brindar cobertura gratuita de medicamentos y las prepagas son habilitadas a administrar sus precios y bajar la calidad de sus “productos” como si fueran un negocio de un shopping.
No faltará algún “moderado” de la UCR o un partido provincial que alertará que no está del todo bien dejar sin sueldo a una mujer que se quemó la mano mientras cocinaba para su nieto, o un joven que se martilló el dedo mientras operaba una máquina, aunque hubiere sido —diría Sturzenegger— “su culpa”. El debate se volverá más edificante cuando Lilia Lemoine argumente que un paralítico finge ser víctima, y alguna tapa de diario se emocione por la “lucha conmovedora” de una persona sin brazos que viaja en tren para no perder presentismo. Hasta habrá debate nocturno en alguna pantalla mileísta sobre cómo delimitar la “culpa” en el contagio por un estornudo. El cajero afiebrado hará lo imposible por quedarse en su puesto. Sus compañeros se pondrán barbijo y lo echarán a empujones. En la tele dicen que está bien que Milei insulte como inadaptado social, porque “no es hipócrita, tiene sus modos”, de modo que vale pasar a los hechos en las relaciones laborales.
Se impone una pregunta para lo inmediato. Tras un veranito de unos pocos entre fin de 2024 y principios de 2025, luego de la tempestad del final del Gobierno del Frente de Todos y el primer año del de La Libertad Avanza, los salarios vienen perdiendo poder adquisitivo frente la inflación, que crece. Baja la recaudación como consecuencia del deterioro del consumo —que afecta principalmente al IVA— y del recorte de impuestos a los ricos, las importaciones y las exportaciones más lucrativas.
Sólo alguna alquimia estadística logra mitigar la larga recesión que percibe cualquier persona no asociada a un campo de soja, un yacimiento petrolero o uno de litio, producciones cuya demanda laboral no es intensiva, mientras cerraron unas 20.000 empresas desde diciembre de 2023. El índice de producción industrial del INDEC mostró un ciclo estable en 2025, con tendencia a la baja en el último trimestre, tras una caída de 9,5% el primer año del ultra, mientras que el de la construcción evidenció una mejora en el año (6,3%), versus un derrumbe de 27,4% en 2024.
Aquí la pregunta: dada la posibilidad de despedir más barato que brinda la ley de “modernización laboral”, un empresario, ¿estará ansioso por contratar empleados o, por el contrario, se desprenderá de trabajadores a los que aguantaba a la espera de achicar la cuenta indemnizatoria?
En la era Milei, aparentemente por el efecto de las apps (Uber, Rappi, Instagram) y las nuevas formas laborales, la desocupación no avanza en forma tan acelerada como ocurría en tiempos analógicos. Quien pierde el puesto en una industria metalúrgica, automotriz o textil, el científico forzado a irse del Conicet, un profe de música sin alumnos, la asistente social a la que le eliminaron el puesto o el vendedor que no vende lleva en su auto a Ezeiza a turistas rumbo a Brasil o cocina tartas, y no figura como desempleado. Su vida empeoró, el país cambia su horizonte de desarrollo, pero “la macro está ordenada”.
Dada la posibilidad de despedir más barato que brinda la ley de ‘modernización laboral’, un empresario, ¿estará ansioso por contratar empleados o, por el contrario, se desprenderá de trabajadores a los que aguantaba a la espera de achicar la cuenta indemnizatoria?
La reciente revuelta policial en Santa Fe terminó en una suba desde unos 900.000 a 1,35 millones el sueldo de los agentes de menores ingresos.
No es fácil lidiar con policías mal pagos en una fuerza atravesada por la corrupción, en la provincia con mayor índice de homicidios del país. El Gobierno de Maximiliano Pullaro se prepara para una ronda de reclamos de maestros, trabajadores de la salud y otros empleados estatales, que, previsiblemente, exigirán una suba similar. El segundo sindicato de docentes de la provincia de Buenos Aires anunció un paro para el 2 de marzo, fecha de inicio de las clases. Tierra del Fuego enfrenta una crisis estructural, y hacia allí se encaminan otras, como Santa Cruz y Chubut, por el abrupto descenso de la actividad petrolera y el efecto de los incendios en el turismo.
Al restar recursos a las provincias, Milei no sólo hace lo que prometió —dijo antes de ser votado por 56% de los argentinos que la construcción de cloacas era innecesaria y que una persona sana no tenía por qué solventar los gastos de una enferma—, sino lo que firmó junto a veinte gobernadores. El Pacto de Mayo, suscripto a mediados de 2024, estableció el techo de 25% del PBI anual para el gasto público, unos diez puntos porcentuales menos desde los gobiernos previos. Ello significa un Estado que paga jubilaciones como las actuales (diezmadas), raquíticos servicios estatales, la AUH, los viajes de los Milei a Miami y Madrid a hacerse entregar premios por los cryptobros y poco más. Ahora, ANSES se quedará sin el 3% de los aportes de los trabajadores de las pymes y 1,5% de las grandes empresas, porque con eso se financiarán las indemnizaciones del letal FAL.
Nada de ello —el Pacto de Mayo, FAL, la ley Bases— habría sido conseguido sin el apoyo de gobernadores que ahora penan porque deben afrontar una crisis de seguridad o el fuego incandescente a causa de la imprevisión y la motosierra.
Si se analizan las transferencias discrecionales a las provincias, vía fondos del Tesoro, reconocimiento de presuntas deudas anteriores, préstamos ventajosos y anticipos de coparticipación, las más beneficiadas son las de aliados (Entre Ríos, CABA) y las gobernadas por conversos (Salta, Tucumán, Misiones, Catamarca), pero ninguna de ellas logra equiparar los fondos que antes cosechaba por vía directa o indirecta (obras públicas), mientras sufren la baja de la coparticipación federal por la recesión y la generosidad impositiva hacia los ricos.
¿Cómo debe ser leída la voluntariosa colaboración de gobernadores al Ejecutivo de Milei? Brindan los votos en el Congreso para una motosierra que diezma los ingresos provinciales, mientras algunos, los elegidos, son obligados a sacarse selfies con el dedo pulgar hacia arriba cuando suscriben convenios para reponer una parte menor de las transferencias recortadas. La mayoría de ellos enfrentan la parálisis estatal, a la vez que sienten el aliento en la nuca del armado local de La Libertad Avanza. Los que se acoplan a una lista conjunta con la ultraderecha, son empujados a sostener candidaturas de espiritistas, cosmiatras, agentes cripto, nostálgicos del Falcon verde o autores de ilícitos.
La primera explicación es que el “mercado electoral” no peronista se solapa entre los apoyos a gobernadores radicales, PRO y provinciales, y el núcleo que sostiene a Milei, entonces los mandatarios no quieren contrariar el humor de su base.
Las elecciones de medio término de 2025 resolvieron bastante esa cuestión. Karina Milei aspira a que el rostro del oficialismo sea lo más puro posible. Ciertas figuras que lo dieron todo —Rodrigo de Loredo—, se quedaron sin nada. El bloque “darle las herramientas al Presidente” quedó al borde de la extinción.
La pregunta sobre cómo construye sus apoyos el oficialismo no encuentra una explicación clara, aunque no todo es incertidumbre.
La entrega abyecta de los dirigentes de la Confederación General del Trabajo ya es un dato de la historia.
SL
slacunza@eldiarioar.com