El Costo Humano del Ajuste: Cuando el Estado Abandona Derechos Fundamentales
En una decisión que sacude los cimientos de la inclusión social, el gobierno de Javier Milei ha optado por desmantelar el sistema de compensaciones económicas que sostenía el derecho al transporte gratuito para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y oncopediátricos. Esta medida, oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, no solo representa un retroceso en materia de derechos adquiridos, sino que expone una preocupante priorización del ajuste fiscal por encima de las necesidades más básicas y urgentes de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Un Derecho en Riesgo: La Letra y el Espíritu de la Ley
Desde 2018, un mecanismo estatal garantizaba que las empresas de transporte automotor de larga distancia recibieran una compensación por los pasajes gratuitos que, por ley (22.431, 26.928 y 27.674), debían otorgar a estos grupos. La eliminación de este régimen, si bien no deroga las leyes que establecen el derecho, vacía de contenido su aplicación práctica. Como bien señaló el diputado Diego Giuliano, ex ministro de Transporte, “no se puede sostener formalmente un derecho mientras se eliminan las herramientas concretas que permiten ejercerlo”. El transporte gratuito no es un privilegio, sino una herramienta esencial para la inclusión, el acceso a tratamientos médicos, rehabilitación, educación y oportunidades laborales.
Impacto Federal y Desigualdad Profundizada
La resolución gubernamental golpea con particular dureza a las provincias y al interior del país. Miles de argentinos y argentinas dependen del transporte de larga distancia para acceder a prestaciones médicas de alta complejidad, tratamientos especializados o para reunirse con sus familias. Al eliminar este soporte, el Estado no solo dificulta el acceso a la salud, sino que profundiza las desigualdades territoriales, dejando a muchas personas en una situación de aislamiento y desamparo. La promesa de un país más equitativo se desvanece ante la realidad de un ajuste que ignora las particularidades geográficas y socioeconómicas de nuestra nación.
La Reacción Política y el Debate Urgente
La respuesta política no se hizo esperar. Diputados de Unión por la Patria, con Giuliano a la cabeza, presentaron un proyecto de resolución para dejar sin efecto la medida y exigir el restablecimiento inmediato de los mecanismos que garanticen el acceso real al transporte gratuito. Esta iniciativa legislativa subraya la preocupación por la vulneración de principios constitucionales y convencionales vinculados a la protección de personas con discapacidad y al derecho a la salud. El debate trasciende las bancadas y se instala en la sociedad: ¿hasta dónde puede llegar el ajuste fiscal sin desdibujar el rol protector del Estado y sin sacrificar derechos fundamentales?
Prioridades en Cuestión: Ahorro vs. Dignidad
El gobierno ha justificado estas decisiones en la necesidad imperiosa de lograr el equilibrio fiscal, y se ha reportado un ahorro significativo de miles de millones de pesos en un año y medio. Sin embargo, la pregunta ineludible es a qué costo se consigue ese ahorro. Las empresas de transporte, por su parte, afirman que mantendrán el beneficio, pero reclaman una deuda millonaria, lo que genera incertidumbre sobre la sostenibilidad de la gratuidad sin el respaldo estatal. La priorización del ajuste fiscal sobre el derecho al transporte gratuito de las personas con discapacidad no es una decisión neutral; es una declaración de principios que redefine el contrato social y la responsabilidad del Estado para con sus ciudadanos más vulnerables.
En NoticiaHub, creemos que un Estado que se precie de ser justo no puede construir su estabilidad económica a expensas de la dignidad y los derechos de quienes más lo necesitan. El vaciamiento de las políticas de inclusión bajo el pretexto de la austeridad fiscal no solo es una medida regresiva, sino que siembra las bases para una sociedad más desigual y menos humana. Es imperativo que el gobierno revise esta decisión y restablezca los mecanismos que garantizan el derecho al transporte gratuito, demostrando que la eficiencia económica no tiene por qué ser enemiga de la justicia social.