Relatos salvajes, vaciamiento del Estado y recálculo de promesas: tinieblas de la motosierra laboral

Con el eco del debate todavía latente entre los muros del Palacio Legislativo, uno de los diputados electos para oponerse a Javier Milei que resultó clave para la aprobación de la reforma laboral decía haber vivido las 48 horas más angustiantes de su vida política. La ilusión de la renuncia a la banca volvía a aparecer con fuerza.

— Me ofrecieron todo lo que te puedas imaginar.

— ¿Qué?

— Todo. Legal e ilegal, a partir de ahí, imaginá lo que quieras.

La voz, abrumada, brinda detalles del interlocutor y el marco del ofrecimiento, pero frena allí. La conversación deriva hacia explicaciones sobre la realidad de las provincias afectadas por la recesión y la motosierra, que las hace pasibles de extorsiones; la autoindulgencia para argumentar que hay límites éticos —siempre hay otro peor—, y las consecuencias lacerantes de la falta de conducción en el peronismo.

La denuncia sobre el “centralismo” porteño, porque “en Buenos Aires no tienen idea de la realidad de las provincias”, es omnipresente en los peronistas a la deriva, más o menos acuerdistas, más o menos atados al pago chico, más o menos gentiles con el ultraderechista que acaba de reinstaurar una legislación laboral preperonista.

Otro diputado, el salteño Pablo Outes, hijo y sobrino de desaparecidos, fue uno de los pocos electos en listas de Unión por la Patria que habló en el recinto —muy atribulado— para justificar su voto a favor de la ley laboral. Como quien vuelve de una batalla, argumenta a poco de aterrizar en Salta. Su eje central es que en su provincia no existen industrias como Fate o grandes empresarios “como los Macri”, sino micropymes, pequeños negocios y almacenes, que se pueden ver beneficiadas por el nuevo régimen laboral.

Outes se hizo viral cuando dijo en la Cámara que “el modelo de Milei está fracasando, no le sirve a Salta”, pero votaría a favor del proyecto. Horas después, entra en lagunas al explicar de qué manera concreta esas micropymes sacarán ventaja de una ley punteada por Federico Stuzenegger, Patricia Bullrich, Luis Caputo, el sindicalista Gerardo Martínez y el secretario de Trabajo y hombre de Techint, Julio Cordero, e inspirada en propuestas de los estudios jurídicos corporativos de Buenos Aires. Eso sí. De refilón, grandes comercios y explotaciones forestales y mineras que actúan en Salta, pero tienen su razón social en Capital Federal, aumentarán su renta. ¿Cómo el fondo financiero FAL, que se alimentará de los aportes quitados a la ANSES, llevará alivio a los salteños que trabajan en la informalidad, cuya única posibilidad de tener un haber jubilatorio es que el Estado reconozca el empleo sin derechos al que debieron someterse durante décadas? ¿Si “la caja de los jubilados” tendrá ahora unos US$700 millones menos por año para pagar los haberes actuales, ya perforados por la motosierra, qué chances tendrán de un reconocimiento quienes no completen los 35 años, pese a haberlos trabajado?

El contador y empresario Outes apoya su independencia de criterio en que el gobernador Gustavo Sáenz es un líbero, sin ataduras de ningún tipo dentro del peronismo. El diputado pasó por todos los oficialismos que gobernaron Salta en este siglo (Romero, Urtubey, Sáenz). Se anotó en Juntos por el Cambio y terminó como alfil del actual mandatario. En 2023 fue electo por la lista que postulaba a Sergio Massa.

Su padre, Pablo Eliseo Outes, es una de las víctimas de la Masacre de las Palomitas, ocurrida el 6 de julio de 1976. Once detenidos-desaparecidos fueron asesinados en ese falso enfrentamiento que fue juzgado en el Juicio a las Juntas, en 1985. El diputado tenía ocho años cuando ocurrió la matanza, y seis cuando se sancionó la ley de Contrato de Trabajo que acaba de ser anulada. En su discurso en Diputados, calificó aquel período predictadura como una “época gloriosa” del peronismo, pero los tiempos cambiaron.

Su padre, Pablo Eliseo Outes, es una de las víctimas de la Masacre de las Palomitas, ocurrida el 6 de julio de 1976. Once detenidos-desaparecidos fueron asesinados en ese falso enfrentamiento que fue juzgado en el Juicio a las Juntas, en 1985

Pánico y algo más

La observación de los números de las provincias no alcanza como explicación del transfuguismo en el Congreso. La recesión y la rebaja impositiva a los ingresos de los ricos se traduce en una persistente caída en la recaudación, por lo que las provincias pierden coparticipación de impuestos. Las obras públicas —una supuesta prenda de negociación— fueron prácticamente reducidas a cero, y las transferencias discrecionales, vía ATN, anticipos de coparticipación y reconocimientos de presuntas deudas previsionales son utilizadas como zanahorias —Entre Ríos, Catamarca, Misiones, Tucumán, Chaco, CABA y Salta son las más beneficiadas—, pero los montos tampoco dan cuenta por sí mismos de vuelcos legislativos incomprensibles y denigratorios para los diputados y senadores que los protagonizan.

Una tercera voz legislativa que posibilitó la reforma laboral circunscribe la razón pragmática. “Se trata de poder pagar los sueldos; mantener la educación y la seguridad, y de que Economía no bloquee financiamiento con organismos internacionales”, explica.

El Gobierno mide bien el pánico de los gobernadores de provincias con alto empleo público. Cuando la soga aprieta, Economía suelta adelantos de coparticipación, que luego se descuentan. Otra fuente cita el ejemplo del tucumano Osvaldo Jaldo. “Le garantizaron que llega a junio, aguinaldo incluido, nada más”. ¿Tanto por tan poco?

Tucumán, sexto distrito electoral, es un caso de laboratorio para entender la dinámica política y la crisis del peronismo.

Jaldo, apodado “el milico”, ve con agrado el rumbo de los Hermanos Milei, incluidas sus aristas represivas y antisindicales. El gobernador tucumano compra con agrado el paquete privatizador, flexibilizador y punitivista de adolescentes. Con José Alperovich condenado por abuso sexual y Juan Manzur —administrador de mil terminales de lobby— sin voluntad de dar pelea, Jaldo reina látigo en mano. Tampoco hay motivos para imaginar un escenario muy diferente. Una persona al tanto del pensamiento de Alperovich, blanco predilecto de la ira antikirchnerista, cuenta que el exgobernador y empresario está “encantado” con el rumbo de Milei, mientras cumple prisión domiciliaria en Puerto Madero junto a su nueva esposa, la ex Gran Hermano Marianela Mirra.

Para las elecciones de 2025, el diputado Pablo Yedlin, exministro de Salud y un típico peronista de centroizquierda —como se puede entender esa categoría en Tucumán—, se propuso ir con una lista disidente, ante la lectura de una sobrerrepresentación de la oferta ultra, contando la boleta del borocotizado Jaldo, la oficial que pergeñara Karina Milei, la de algún radical que se quedó afuera y la de Ricardo Bussi, hijo del atroz represor.

Yedlin tenía candidato: el abogado laboralista Javier Noguera, exintendente y esposo de la actual alcaldesa de Tafí Viejo, segundo municipio de Tucumán y solitaria —pero audible— voz del antijaldismo. Tucumán es sede de una de las universidades nacionales más importantes, una actividad económica algo más diversificada que la del resto del Norte y tradiciones políticas y culturales que no tornan tan sencillo el imperio que corporiza “el milico”.

El intento naufragó en la oficina de Cristina en el Instituto Patria. “¿Están locos? Tienen que arreglar con Jaldo”. Así se armó una lista que encabezó el gobernador en forma testimonial, con Noguera tercero.

La estrategia de la expresidenta resultó exitosísima para Jaldo y Milei, pero funesta para la oposición. Unificó a todo el voto peronista y Jaldo salió fortalecido como ningún otro gobernador de la elección de octubre. El mandatario tucumano ensayó un discurso opositor durante un mes y medio, luego de la victoria de Axel Kicillof el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, cuando el Gobierno del Soez parecía liquidado. El 26 de octubre por la noche, victoriosos él y Milei, Jaldo puso fin a su rebeldía y a los días le aclaró en público a Noguera que debía obedecer sus directivas o Tafí Viejo no podría pagar los sueldos. Esta semana, Noguera se subió al avión sanitario de Tucumán y dio quórum para aprobar la reforma laboral. Los Kirchner no volvieron a hablar de la estrategia para Tucumán desde el año pasado.

“Nadie nos habla”

Las efectividades conducentes que permean el débil carácter de los gobernadores peronistas dados a la rendición fácil encuentran un correlato en el ensimismamiento del eje Instituto Patria-La Cámpora. Esa agenda bonaerense, o mejor dicho, esa agenda de algunos despachos del conurbano, o mejor dicho, esa agenda de San José 1111 aparece enfocada casi exclusivamente en las abusivas condiciones de juzgamiento de Cristina, la reivindicación de una década ganada que habita la mente de cada vez menos gente y la voluntad de escarmiento a cualquier atisbo de disidencia, en especial, Kicillof. También conjuga con las rémoras e indecisiones del gobernador bonaerense para mostrar algo que sea leído como una nueva melodía en Resistencia, Córdoba y Puerto Madryn.

Hasta Jaldo es citado como alguien que justifica sus decisiones por falta de un rumbo claro nacional en el peronismo, que al menos permita pensar el 2027, incluidos reproches a Kicillof por su pregnancia a la circunscripción bonaerense. “No nos habla nadie y quieren que me vaya a inmolar yo para que me generen un quilombo a fin de mes”, dice otro gobernador del Norte.

“Si esperan que vayamos a buscar a los que votaron la reforma laboral de Milei, que esperen tranquilos. No va a ocurrir”, responden en la oficina de Kicillof, mientras organizan una agenda nacional, impostergable en el año preelectoral si se quiere cimentar una candidatura.

El gobernador bonaerense es consciente de que cualquier movimiento que lo asocie a las medidas más retardatarias de los Milei no sólo lo enfrentará a la doble amarilla del eje Patria-La Cámpora —tiene todos sus telescopios puestos a observar ese fenómeno—, sino también a su propio electorado.

La vigencia excluyente de Kicillof como un hipotético liderazgo que dé competitividad al peronismo en 2027 radica en su capacidad de mostrar una construcción alternativa sin borronear su carácter opositor a un proyecto de derecha y ultraderecha

Voz cercana a Kicillof

Con sus debilidades a cuestas, la vigencia excluyente de Kicillof como un hipotético liderazgo que dé vuelta la página de Cristina y, por ende, brinde competitividad al peronismo en 2027 radica en su capacidad de mostrar una construcción alternativa sin borronear su carácter de firme opositor a un proyecto de derecha y ultraderecha. Las encuestas, incluidas las de los fans de los Milei, apuntan un sólido bloque opositor en torno a 50%, dentro del cual la imagen “muy negativa” del mandatario es mayoritaria.

En ese punto, Kicillof no se confunde. El cementerio del peronismo está lleno de auspiciosas promesas que se tentaron con mimetizarse con la corriente a la cual deberían oponerse, gozar las mieles del Grupo Clarín, ser aplaudido en un coloquio de IDEA, asumir la agenda de Donald Trump o el integrismo confesional, y favorecerse de la impunidad que brinda Comodoro Py. Eso se llama “peronismo racional” o “republicano”, pero no existe más allá de las ensoñaciones de la prensa oficialista y la cuenta bancaria de algún consultor.

En el nivel de ministerios provinciales, el Gobierno de Kicillof tiene vínculos con sus pares. Otra voz del círculo axelista aclara el marco. “Nosotros no vamos a decir que el RIGI es bueno, porque no desarrolla la industria nacional, se llevan todo y al país no le queda nada. Sí tenemos que proponer una agenda para desarrollar los recursos y la infraestructura, hablar con todos los gobernadores y contar con ellos, porque cuando dicen que en Buenos Aires no los escuchan, es cierto”.

26 años no es nada

La historia nunca se repite, pero rima. Las reformas laborales que impulsaron Carlos Menem y Fernando de la Rúa muestran similitudes explícitas en cuanto a la promesa “modernizante” frente a una realidad laboral que cambió. Algunas de las herramientas son idénticas, otras son particulares. Hace 26 años, con apenas un verano en Casa Rosada, la Alianza UCR-Frepaso empujaba la ley laboral más agresiva para los derechos de los trabajadores conocida hasta que asumió Milei. Para obtener la sanción en el Congreso, De la Rúa pecó, coimeó con fondos de la SIDE, y selló el principio del fin de su experimento.

La sospecha enraizada, por ejemplo, en el incomprensible giro de los representantes del gobernador-sindicalista de Santa Cruz, Claudio Vidal, que en el Senado votaron en contra y, en Diputados, su agobiado legislador habilitó la sesión con su presencia y apoyó la norma, y testimonios como el citado en el comienzo de esta nota son insuficientes para afirmar que aquella Banelco o fajos de billetes como los que transportó el entrerriano Edgardo Kueider funcionaron otra vez. Son indicios que no habría que soslayar.

El trazo común más claro está dado por la irresponsabilidad fiscal que demuestra el conseno de la ortodoxia económica argentina. De la Rúa hundió el consumo con una rebaja salarial y jubilatoria como primera medida. Procuró mostrar que nadie ajustaría como él para sostener la convertibilidad y pagar la deuda. El ciclo recesivo disparó una baja en la recaudación, que requirió un ajuste indexado, hasta la implosión final, en diciembre de 2001.

Milei bajó de entrada el impuesto a los bienes personales (riqueza), redujo retenciones a la soja y otros granos, sin discriminar por zona o volúmenes, y comenzó a repartir los beneficios inusitados del RIGI, que en el borrador inicial eran para grandes proyectos estratégicos, pero cada vez más se extienden a actividades que cuentan con altísima rentabilidad.

La semana pasada, en acuerdo con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa —el llanto de la diputada de La Neuquinidad al argumentar su voto a favor de la ley laboral fue conmovedor—, Luis Caputo anunció que el RIGI se aplicará también a la producción de gas y petróleo. Ejecutivos de las empresas de Vaca Muerta se mostraban incrédulos de que ese regalo pudiera materializarse hasta hace pocos meses. Ocurrió. El costo para el fisco en las próximas décadas es incalculable.

Ahora, la ley laboral resta otro 0,3% del PBI anual al Estado, entre lo que irá destinado al FAL —en los hechos, una privatización de una parte de los aportes jubilatorios— y otros ítems, como la rebaja en los impuestos a las embarcaciones y aeronaves de lujo.

Casi nadie del coro ortodoxo omnipresente pide explicaciones sobre cómo hará el Gobierno para cubrir los agujeros que crean sus exenciones. La fe en la motosierra es ciega.

En la negociación por la ley laboral, quedó en el camino la rebaja del impuesto a las rentas corporativas. En el cálculo de la consultora Invecq, que preside Esteban Domecq, el costo fiscal del proyecto original era 0,8% del PBI, nada menos que la mitad del superávit primario que reporta el Ejecutivo. A ello hay que sumarle otra cifra difícil de predecir, como es el descuento del 85% en los aportes para los nuevos empleos durante 48 meses. CEPA, la consultora dirigida por Hernán Lechter, calculó que, para reemplazar la recaudación de ANSES de los cercade 200.000 empleos de asalariados formales privados perdidos desde que asumió Milei, será necesaria la creación de 1,5 millones de nuevos puestos registrados.

Mantener el superávit es cada vez más costoso y alienta a los Milei a implementar ingenierías contables para forzar el resultado. La recaudación impositiva cayó 7,6% interanual en enero. Casi nadie del coro ortodoxo omnipresente pide explicaciones sobre cómo hará el Gobierno para cubrir los agujeros que crean sus exenciones. La fe en la motosierra —“el mérito que hay que reconocer en Milei es la meta fiscal”— es ciega.

El otro trazo común está relacionado con la promesa básica asociada a la reforma laboral. Hasta el cansancio, diputados, funcionarios y economistas oficialistas argumentaron que “hace quince años que no se crea empleo registrado”, por lo tanto, era necesaria otra ley que se adaptara a la nueva realidad del trabajo, “para darle dinamismo a la economía”.

Un asterisco indispensable de honestidad intelectual indicaría que, con los Kirchner, los asalariados formales crecieron exponencialmente, mientras regía la doble indemnización. Siguió un estancamiento marcado en el último Gobierno de Cristina, con Mauricio Macri cayeron 3%, con Alberto Fernández se revirtió con creces el descenso, y con Milei se vuelve al punto que legó su socio conservador.

Pero ahora, con la aprobación de la ley laboral consumada, el oficialismo aporta voces que alertan que el trabajo formal no va a crecer sólo con el nuevo régimen de trabajo.

Es necesario —advierten— que la economía crezca.

SL

slacunza@eldiarioar.com