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El flamante funcionario tiene como desafío ser el pararrayos oficial en los tribunales. El Gobierno cree que puede nombrar los supremos que faltan sin apoyo del peronismo. Los casos $LIBRA y ANDIS, en la mira. También resta nominar al Procurador General.
“Un gobierno se sotiene cuando consigue armar la justicia a su favor”. La máxima que soltó un juez con experiencia en Comodoro Py podría revelarse a partir del desembarco de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. La llegada del flamante funcionario abre una etapa clave para Javier Milei, porque tiene por delante cubrir una extensa lista de cargos judiciales vacantes que atraviesan prácticamente toda la estructura del sistema judicial nacional, además de convertirse en el parrarayos de las causas sensibles que acorralan tanto al Presidente como a su hermana Karina.
Entre tribunales federales, fiscalías, defensorías y la cúpula del Poder Judicial, el Ejecutivo tiene por delante la designación de centenares de funcionarios cuya nominación depende del Poder Ejecutivo y la aprobación del Senado. Por otro lado, el flamante funcionario tendrá que saber gestionar el avance de las causas de la criptoestafa $LIBRA y los sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpican de diferente manera a los hermanos Milei.
La Corte Suprema incompleta
En la cima del sistema judicial, la Corte Suprema funciona actualmente con tres miembros sobre un total de cinco, por lo que hay dos vacantes que el Gobierno busca cubrir. Mariano Cúneo Libarona fracasó en la nominación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como compañeros de Horacio Rossati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
MIlei y los jueces de la Corte, el domingo en la Asamblea Legislativa.
La designación de esos jueces requiere la propuesta del Poder Ejecutivo y el acuerdo de dos tercios del Senado, lo que convierte a esas vacantes en uno de los principales frentes de negociación política del Gobierno.
Pero el oficialismo cree que puede avanzar sin tener que pactar caro con Unión por la Patria, que ostenta la primera minoría (25 miembros de 72). La aprobación de la reforma laboral le mostró a Milei que está cerca de conseguir los 2/3 con una acuerdo con aliados: suma un piso de 47 luego de lograr quebrar al peronismo. Está a un voto de llegar a los dos tercios.
Un tercio de vacantes judiciales
Por fuera de la Corte, el Poder Judicial y el Ministerio Público atraviesan una crisis estructural: alrededor del 37% de los cargos están vacantes, lo que equivale a unas 353 posiciones sin titular sobre un total de poco más de mil cargos habilitados. Esto incluye juzgados federales, tribunales orales, fiscalías y defensorías públicas, lo que para distintos actores del sistema judicial ya genera demoras y sobrecarga en tribunales.
En lo inmediato, el Gobierno maneja un paquete de más de 300 nombramientos pendientes en el Poder Judicial. Se trata de vacantes de posiciones para jueces, fiscales y defensores, cuyos pliegos deberían enviarse al Senado.
A esto se suman numerosos juzgados que funcionan con magistrados subrogantes y 191 vacantes pendientes de resolución directa del Poder Ejecutivo, mientras otras 162 se encuentran en proceso de selección en el Consejo de la Magistratura.
Eduardo Casal, actual procurador interino.
El Procurador General, otra silla pendiente
Otro puesto clave sin resolver es el del jefe de los fiscales. La jefatura del Ministerio Público Fiscal permanece vacante desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017 y está ocupada de forma interina por Eduardo Casal.
El Gobierno también debe enviar al Senado un candidato para Procurador General de la Nación, cargo que requiere mayoría agravada y que define la política criminal del país. Mahiques justamente era hasta ayer el jefe de los fiscales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
El Consejo de la Magistratura
Una pieza central para avanzar con los nombramientos es el Consejo de la Magistratura, encargado de realizar los concursos, evaluar a los postulantes y elevar ternas al Poder Ejecutivo.
Actualmente el organismo tiene concursos abiertos o en trámite para al menos 157 vacantes judiciales, cuyos resultados deberán convertirse luego en propuestas formales del Ejecutivo para el Senado. Allí se verá la mano de Mahiques, pero también de su flamante segundo, Santiago Viola, abogado e íntimo de los Milei.
Viola se convertiria en el representante del Poder Ejecutivo en el organismo que controla a los jueces.
El Consejo de la Magistratura tiene 20 integrantes y su interna revela la puja en la corporación judicial. Hoy preminencia el bloque de los jueces, pero este año se renovarán autoridades en los estamentos de abogados y de legisladores. Ahí Mahiques volvería a mostrar su cintura política, ya que el Gobierno apuesta a que los senadores Eduardo Vischi y Luis Juez, fieles aliados de Milei, se mantengan en sus cargos.
De hecho Vischi, el año pasado, acompañó una decisión del Consejo para que no se investigue a los jueces que viajaron a Lago Escondido en 2022 pagados por el Grupo Clarín. En ese grupo estuvo, justamente, Mahiques.
$LIBRA y ANDIS, las piedras en el zapato
Con la llegada de Mahiques, en los tribunales de Comodoro Py 2002 comenzaron las especulaciones sobre el impacto que podría tener en causas sensibles para el Gobierno. Aparecen la investigación por los sobornos y malversación de fondos en la compra de medicamentos de la ANDIS, a cargo del juez federal Ariel Lijo (que tuvo en su momento a un joven Mahiques como empleado en el juzgado) y el expediente por la criptoestafa $LIBRA, que tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.
En la causa ANDIS ya fueron procesados el ex amigo de los Milei Diego Spagunolo y el operador Miguel Calvete, que aparecen como cabecillas de una trama para desviar unos $6.000 millones. Lijo quedó a cargo de la causa tras el alejamiento de Sebastián Casanello, quien dictó el procesamiento.
A su vez, la investigación sobre el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA avanza sobre los Milei. En los últimos días se supo del hallazgo de copias de borradores del supuesto acuerdo entre Milei y el impulsor de $LIBRA, el norteamericano Hayden Davis, vía Mauricio Novelli, quien fue funcionario bajo la órbita de Karina Milei. La investigación de Martínez de Giorgi busca determinar si hubo posibles delitos financieros, como maniobras de fraude o captación irregular de fondos, además de reconstruir la cadena de decisiones que rodeó la iniciativa.
MC