A escasos días de conmemorarse el 50º aniversario del último golpe de Estado en Argentina, la activista Cecilia Pando y sectores vinculados a la defensa de los represores han lanzado una nueva ofensiva para desmantelar los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. El reclamo central exige la libertad inmediata de los condenados por crímenes de lesa humanidad, bajo la premisa de clausurar definitivamente las instancias judiciales contra el terrorismo de Estado.
Los abogados de los criminales acompañaron esta petición solicitando que se considere “superada” la etapa de juzgamiento. Este intento de imponer un punto final político busca ignorar que el juzgamiento de estos crímenes es una obligación irrenunciable del Estado ante la comunidad internacional y una demanda histórica de las organizaciones de derechos humanos que luchan contra la impunidad.
La maniobra se produce en un contexto de creciente retórica negacionista, donde se intenta reescribir la historia y equiparar el accionar represivo del Estado con la resistencia política. Al cumplirse medio siglo del quiebre institucional más sangriento de la historia nacional, estos sectores redoblan su presión para restaurar los privilegios de quienes ejecutaron el genocidio, poniendo en riesgo los pilares de la democracia argentina.
La Mirada de NoticiaHub
La exigencia de impunidad liderada por Pando no es un hecho aislado, sino una estrategia coordinada que busca institucionalizar el olvido y vulnerar el derecho a la reparación de las víctimas. Pretender ‘superar’ el pasado mediante la liberación de genocidas es un retroceso civilizatorio que amenaza la calidad institucional; la verdadera superación de las heridas sociales solo es posible a través del fortalecimiento del Estado de Derecho y la continuidad inquebrantable de los juicios por delitos de lesa humanidad.
Fuente: resumenlatinoamericano.org