Tres campesinos de la tercera edad, ex trabajadores de la Hacienda La Asunción en Guatemala, permanecen privados de su libertad tras exigir el pago de sus cuotas de seguridad social (IGSS) a la influyente familia Quintanal Campollo. Los adultos mayores llevan nueve días en prisión en un estado de absoluta indefensión legal.
La audiencia de primera declaración ha sido programada para este miércoles, tras más de una semana de encierro preventivo. Hasta el momento, el sistema judicial no ha notificado formalmente los delitos ni los hechos específicos que se les imputan, lo que configura una grave irregularidad en el debido proceso.
Este caso pone de relieve la vulnerabilidad de los trabajadores rurales frente a las élites agrarias guatemaltecas. La demanda de derechos laborales básicos, como el acceso a la seguridad social y una jubilación digna, se ve respondida con la judicialización de la protesta y la privación de la libertad de personas en situación de vulnerabilidad por su edad.
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La detención de estos campesinos es un ejemplo alarmante de cómo el aparato estatal es instrumentalizado para disciplinar a la clase trabajadora y proteger los intereses del gran capital. Mientras las familias poderosas eluden sus obligaciones de seguridad social con total impunidad, el sistema penal se ensaña contra los ancianos que reclaman dignidad, evidenciando una justicia capturada que prioriza la propiedad y el privilegio por sobre los Derechos Humanos fundamentales.
Fuente: resumenlatinoamericano.org

