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El hecho es gravísimo porque, tal como explica Ari Lijalad, esto no hace mas que convalidar que en un país democrático, se pueda hacer espionaje ilegal desde el mismísimo Estado.
La causa había iniciado tras una denuncia de los familiares de las víctimas, quienes aseguraban haber sido el objetivo de maniobras de vigilancia y seguimiento por parte del Ejecutivo entre los años 2017 y 2018, mientras reclamaban por respuestas cuando todavía se investigaba la desaparición del submarino.
Pero el máximo tribunal rechazó los recursos que habían interpuesto al considerar que las actividades por las que se investigaba al expresidente formaban parte «de protocolos de seguridad».