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El Gobierno ya oferta el 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A (NA-SA), la empresa que opera y gestiona las tres centrales nucleares del país.
Si la tendencia mundial es ampliar la tecnología nuclear en manos de los Estados, Argentina va a contramano: busca desprenderse de la que tiene. El gobierno de Javier Milei puso en marcha la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A (NA-SA) y ya oferta el 44% de las acciones estatales.
En un nuevo intento de desmantelamiento del sector tecnológico y científico, la secuencia de los anuncios del Gobierno ultraliberal permite inferir que no solo se trata de pasar la motosierra al gasto público, sino también de responder a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y del Tesoro de Estados Unidos. Los rescates financieros por 40.000 millones de dólares (20.000 millones de rescate del FMI y cifra similar por el swap), más la promesa de Trump de ayuda futura, evitaron que el plan económico colapsara.
Scott Bessent reveló que Argentina activó un tramo del rescate. “Se utilizó una pequeña cantidad del swap y ya obtuvimos una ganancia”, dijo el secretario el Tesoro a la cadena MSNBC sin dar más detalle. “El objetivo fue estabilizar a uno de nuestros grandes aliados en Latinoamérica durante un proceso electoral clave”. Se refería a las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que el partido gobernante fue el claro ganador.
El FMI mantuvo la presión para que el Ejecutivo privatice empresas públicas, con el fin de sostener la restricción fiscal y monetaria, además de recaudar dólares. En septiembre, el presidente dio el primer paso con respecto a la energía nuclear: firmó el decreto 695/2025 que autoriza la privatización parcial de NA-SA.
La resolución publicada en el Boletín Oficial (1751/2025) tras las elecciones legislativas y firmada por el ministro de Economía Luis Caputo sostiene: “Iníciase el proceso de privatización parcial de NA-SA en los términos del artículo 8° de la ley 27.742”. Se refiere a la Ley Bases, cuya versión original incluía la privatización total de NA-SA, pero tras las modificaciones en el Congreso, impulsadas por la oposición, se estipuló que el Estado Nacional mantenga una participación mayoritaria.
Así se dividió el paquete accionario de la compañía: 44 por ciento destinado a privatizar, el 51 quedará en manos del Estado y el 5 restante será para los trabajadores. NA-SA opera las tres centrales nucleares que tiene Argentina: Atucha I y II, (provincia de Buenos Aires), y Embalse, en la provincia de Córdoba.
La empresa se encarga del mantenimiento y la gestión de las centrales nucleares y tiene la función de planificar la creación de futuras. Provee el 7% de la energía eléctrica que utiliza el país y durante el primer trimestre de 2025 obtuvo un superávit de 17 mil millones de pesos (unos 13 millones de dólares).
Volver a los 90
Nicolás Malinovsky, ingeniero electricista, empleado de NA-SA desde hace 12 años y autor del libro Crítica de la energía política, señala la importancia de la actividad nuclear en el país. “Argentina tiene un desarrollo nuclear de 75 años y hoy cuenta con tres centrales nucleares en operación. En 1945 el Gobierno de Perón empezó con el desarrollo científico-tecnológico orientado al sector nuclear y en 1950 creó la Comisión Nacional de Energía Atómica. En los años 60 comenzó la carrera en energía eléctrica de origen nuclear y en el año 74 se inauguró la primera central nuclear de América Latina, que fue Atucha I. Hoy, entre las tres centrales tenemos el 7% de la energía eléctrica que se produce en el país”.
No es la primera vez que en Argentina se intentan privatizar las centrales nucleares. En la década de los 90 hubo un intento fallido del presidente peronista conservador Carlos Menen. “Nada que no deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado”, supo decir entonces Roberto Dromi, encargado de las primeras ventas de empresas públicas por parte del menemismo, época de la que Milei profesa admiración.
En declaraciones al medio El Destape, el doctor en física Andrés Kreiner, miembro de la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear, señala el impacto de la entrada de capitales privados en el sector nuclear. “Estaríamos permitiendo la entrega de nuestro desarrollo, porque el sector nuclear es un gran impulsor del desarrollo tecnológico y científico en el país. El plan nuclear del gobierno de Milei es de privatización y extranjerización”.
En esa línea, Malinovsky advierte de cara al futuro: “Nucleoeléctrica no solo se trata de una empresa que puede operar, sino también construir centrales nucleares, ese es su valor estratégico. Si se privatiza, perjudicará a la sociedad argentina en su conjunto y será una traba para pensar un proyecto de desarrollo nacional con industria”.
Ante el avance de la iniciativa gubernamental, la oposición nucleada en el peronismo buscó sancionar la Ley de Emergencia y Financiamiento del sector científico, pero por ahora obtuvo media sanción. Uno de los artículos declara como bienes públicos estratégicos para el desarrollo científico y tecnológico nacional a las empresas y sociedades del Estado que integran el sector nuclear, de telecomunicaciones, aeroespacial y de industria para la defensa.
Con todo, la privatización parcial de las centrales nucleares navega entre la posición ideológica de Milei de priorizar que todo lo hagan los privados, y la necesidad de conseguir dólares para pagar la deuda acumulada con el FMI y el Tesoro de Estados Unidos.
