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El canciller Quirno firmó un acuerdo marco en el que cede mucho más de lo que consigue. El dueño de Techint apoya el ajuste, pero alerta que 46 millones de argentinos no pueden vivir de las materias primas: preocupa que en el RIGI se importen hasta los galpones. Los aduaneros no controlan: ¿roban para un vértice del Triángulo de Hierro?
Donald Trump y su principal aliado latinoamericano, Javier Milei, al que rescató de una crisis financiera en plena campaña electoral y logró pavimentarle la reciente victoria en las urnas, anunciaron este jueves un acuerdo marco comercial desequilibrado. El salvataje tuvo este precio. No es el único. El comunicado de la Casa Blanca dejó muchos detalles por aclarar, pero más aún la Casa Rosada, que apenas informó el contenido del pacto. Del texto de Washington se desprende que la Argentina cede en 30 ítems puntuales, mientras que EE.UU. lo hace sólo en dos.
Para la mentalidad del economista libertario toda apertura es buena, pero en las negociaciones comerciales internacionales los países suelen abrir un sector a cambio de otro, no regalarlos con alegría. Veamos qué aspectos concedió la Argentina tras la negociación final que el nuevo canciller Pablo Quirno mantuvo esta semana en la capital norteamericana, después de meses de diálogo del diplomático Luis María Kreckler:
- “Acceso preferencial” a ciertos medicamentos de EE.UU.,
- productos químicos,
- maquinaria
- productos de tecnologías de la información,
- dispositivos médicos,
- vehículos y
- una “amplia gama” de poductos agrícolas.
- No exigirá “formalidades consulares” para las exportaciones estadounidenses. Son parte de la artillería de barreras paraarancelarias que cualquier país impone para frenar eventualmente importaciones.
- Eliminará gradualmente el impuesto estadístico a los bienes de EE.UU.
- Permitirá el ingreso de bienes estadounidenses que cumplan con normas, reglamentos técnicos o procedimientos de evaluación de conformidad de EE.UU. o internacionales, sin requerir evaluaciones adicionales. Es decir, ya no se exigirá que esos productos se validen en la Argentina, como sucede con los de otros orígenes.
- Continuará eliminando barreras no arancelarias que afecten el comercio en “áreas prioritarias”.
- Aceptará la importación de vehículos fabricados en EE.UU. que cumplan con las Normas Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados y las normas de emisiones de ese país.
- También tomará como válidos los certificados y autorizaciones previas de comercialización emitidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, según sus siglas en inglés) para dispositivos médicos y productos farmacéuticos. Es decir, su par argentina, la Anmat, ya no opinará. Esta era una de las liberalizaciones que venía predicando el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, hace tiempo. Lo que es válido para EE.UU. lo será también para la Argentina, al menos en materia de autos y remedios.
- Seguirá “mejorando” la aplicación de la ley contra la falsificación y la piratería, incluso en el entorno digital -un modo de proteger los intereses de Netlfix, Amazon, Disney, Apple y Paramount-. En el convenio, EE.UU. se refiere a la clausura y posterior formalización de La Salada, el que era el mayor mercado latinoamericano de ropa y calzado de marcas falsificadas, aunque no llega a citarla por su nombre. Hace una semana, el dueño de la feria, Jorge Castillo, consiguió por su estado de salud el arresto domiciliario, después de cinco meses de prisión preventiva por asociación ilícita y lavado de dinero.
- Apertura del mercado argentino al ganado vacuno en pie de EE.UU.,
- Compromiso a permitir el acceso al mercado para carne aviar estadounidense dentro de un año y
- No se restringirá el acceso de productos que utilicen ciertos términos en quesos
- y carnes.
- Simplificará los procesos de registro de productos para carne vacuna, subproductos y despojos,
- así como carne de cerdo estadounidense, y
- no requerirá registro de establecimientos para las importaciones de productos lácteos de EE.UU.
- “Adoptará e implementará la prohibición de importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso o compulsivo, y reforzará la aplicación de las leyes laborales”, reza el acuerdo. ¿Acaso frenará así algunos productos asiáticos? ¿Quizás el gobierno de Milei y las provincias comenzarán a cumplir una tarea que parece abandonada: la de vigilar que no haya empleados no registrados? Tal vez se les ocurre hacerlo después de que 2026 el Congreso apruebe la flexibilización laboral -hay dudas empresariales sobre la rapidez del tratamiento de la reforma-, una vez que se rebajen las exigencias a los empleadores y que ya no haya más excusas para contratar en la informalidad.
- “Se ha comprometido a adoptar medidas adicionales para combatir la tala ilegal”, sorprende el texto del pacto, dado el negacionismo climático de Trump y Milei y dado que el planeta necesita de los bosques nativos para contrarrestar el calentamiento global.
- Fomentará “una economía más eficiente en el uso de recursos, incluso en el sector de minerales críticos”, se refiere el convenio, sin dejar bien claro de qué se trata. Pero ya desde el gobierno anterior de EE UU, el de Joe Biden, la superpotencia venía interesada por el litio y el cobre argentinos, necesarios no sólo para la movilidad eléctrica sino también para la inteligencia artificial y la industria militar. En este segundo gobierno de Trump se sumaron las pretensiones por el uranio y las tierras raras de la Argentina, el primero para la energía nuclear y las segundas para el sector electrónico en general.
- y cumplirá plenamente con las obligaciones del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre Subvenciones a la Pesca. Es decir, ciertas ayudas al sector en Mar del Plata o la Patagonia podrán quedar bajo la lupa.
- “Fortalecerá la cooperación con los Estados Unidos para combatir las políticas y prácticas de mercado no competitivas de otros países”, dice el comunicado de la Casa Blanca. ¿Acaso Milei tomará medidas contra China, que busca mercados alternativos a lo que no puede colocar más en EE.UU.? Por ahora, abre la economía en general, pero es el gigante asiático el que más lo está aprovechando, con aumento de exportaciones a la Argentina del 66% en lo que va del año, desde galpones enteros hasta la ropa de Shein y Temu o los autos BYD, GAC, BAIC, Chery o MG.
- “Se ha comprometido a abordar las posibles acciones distorsivas de las empresas estatales”, apunta el convenio. Igual, el gobierno de Milei ya está desregulando y privatizando compañías. Pero la mención también enfoca a las firmas chinas, que en su mayoría están participadas por el Estado. Con el argumento de ser estatal, la china CCCC Dredging ya fue excluida el año pasado de la fallida licitación de un activo geoestratégico clave como es la hidrovía del río Paraná.
- Enfrentará “los subsidios industriales que puedan afectar la relación comercial bilateral”, agrega el documento. En principio, no existen estas ayudas, menos con un Milei que dice que “la mejor política industrial” consiste sólo en “tener una buena política fiscal y monetaria”.
- “Se ha comprometido a facilitar el comercio digital con Estados Unidos reconociendo a este país como una jurisdicción adecuada, según la legislación argentina, para la transferencia transfronteriza de datos, incluidos los datos personales, y absteniéndose de discriminar servicios o productos digitales estadounidenses”, cedió el gobierno argentino ante las pretensiones de las llamadas ‘big tech’, las grandes tecnológicas como Apple, Amazon, Meta (Instagram, Whatsapp, Facebook), Alphabet (Google, YouTube), Microsoft (socia de ChatGPT) y Oracle.
- “Tene la intención de reconocer como válidas, conforme a su legislación, las firmas electrónicas válidas bajo la ley estadounidense”, completa el anuncio.
¿Cuáles son las concesiones de EE.UU.? Son dos y están expresada en un solo párrafo: “Eliminarán los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados destinados a aplicaciones farmacéuticas”. No se explicitan cuáles son esas materias primas que no están en territorio norteamericano, pero apuntan a los minerales, no a los hidrocarburos ni a los alimentos argentinos, que en EE.UU. sobran. Tampoco se aclara qué insumos para remedios se exportarán. No se menciona nada de aluminio, acero o biodiesel, sectores argentinos que esperaban una apertura.
Aunque el proteccionista Trump hace semanas mencionó en un raro giro liberal que quería importar carne vacuna argentina para bajar los precios internos, después sobrevino la queja de sus ganaderos, usualmente republicanos, y quizás por eso el acuerdo tiene una mención difusa al asunto. Nada concreto para el campo argentino. “Ambos países se han comprometido a mejorar las condiciones recíprocas y bilaterales de acceso al mercado para el comercio de carne vacuna”, es una referencia que no concreta nada y encima abre la puerta para que la Argentina importe bifes estadounidenses. Ya este año ha comprado de Brasil.
Los que por ahora respiran tranquilos son los laboratorios nacionales, porque la alusión del pacto a la protección de patentes, pretensión de sus competidores norteamericanos, tampoco implica algo palpable. Y lo que no se explicita bien en acuerdos comerciales internacionales es porque se patea para adelante. Sólo se menciona que el gobierno de Milei, que cuenta con el respaldo de empresarios farmacéuticos locales como los Bagó y los Sielecki, “se ha comprometido a abordar desafíos estructurales señalados en el informe Especial 301 de 2025 de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU., incluyendo los criterios de patentabilidad, el atraso en el otorgamiento de patentes y las indicaciones geográficas, además de avanzar hacia la armonización de su régimen de propiedad intelectual con los estándares internacionales”. Es decir, todos buenos deseos de cambios que quizás algún día se concreten si se modifican leyes. No sólo respiran aliviados los laboratorios locales sino también los agricultores que usan semillas de soja o maíz patentadas por las alemanas Bayer y BASF, la estadounidense Corteva o la china Syngenta.
Rocca, en la conferencia de la UIA.
Quien esperaba un resultado positivo de la negociación comercial con EE.UU. y al parecer no lo consiguió fue el acerero Paolo Rocca, dueño del grupo Techint. Horas antes de conocerse el acuerdo, el empresario italiano residente en la Argentina volvió a un terrorio que él domina, el de la Unión Industrial Argentina (UIA), después de cinco años de ausencia en sus conferencias anuales. Llegó, elogió la motosierra fiscal y monetaria, apoyó las dos reformas que enviará el Gobierno al Congreso en sesiones extraordinarias en febrero próximo -rebaja tributaria y flexibilización laboral-, pero reclamó una “política industrial” a contramano de lo que cree Milei. Reconoció que en el pasado la Argentina fracasó en la materia, pero recordó que también lo había hecho en su receta monetaria y no por eso este gobierno dejó de tenerla. EE.UU., la Unión Europea, China, Japón, Corea del Sur, Brasil y México tienen sus planes manufactureros, pero la Argentina no.
Rocca recordó que 46 millones de argentinos no pueden vivir sólo de la producción de materias primas. Que no somos Australia, con 27 millones, ni Chile, con 19 millones. Por eso, aunque ahora gana dinero exportando petróleo y gas de Vaca Muerta con Tecpetrol, abogó por la industria, como sus siderúrgicas Tenaris y Ternium. También defendió la apertura comercial, pero “racional”, en otro pasaje crítico del gobierno libertario.
En su grupo están mirando con atención si se cumple el 20% de compras locales de bienes y obras que exige el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Cunde el pánico en la UIA porque están importándose galpones enteros de China, aunque sus competidores locales advierten que no es tan fácil ni barato como traerse ropa de Shein, que si el talle no calza, se tira. El único proyecto RIGI de energías renovables -un sector que espera que se renueve su ley de fomento- es un parque eólico del grupo PCR; tendrá 40% de provisión local y el de la futura siderúrgica Sidersa -de la familia rosarina Spoto-, un 66%; pero se temen que sean casos aislados frente a una mayoría de iniciativas mineras y de hidrocarburos.
En un momento de exitismo de Milei después de su batacazo en las elecciones legislativas, en tiempos en que el triunfo silencia todas las críticas y hasta industriales antes eran opositores ahora se preguntan si los demás no tendrán razón, el dueño de Techint irrumpió con un mensaje para dos públicos. Por un lado, el Presidente. Hombre poderoso que vio pasar muchos gobiernos, hizo oír su voz y habrá que ver si el jefe de Estado reacciona. Por otro, lo escuchó un Centro de Convenciones (CEC) colmado, incluidos empresarios que de un día para el otro están convirtiéndose en importadores y que, por una cuestión de clase social o apabullados por la derrota de sus ideas industrialistas, se abrazan a las que les impone la mayoría que votó a La Libertad Avanza.
Luis Caputo, ante la conferencia de la UIA.
Entre los industriales, algunos pocos están bien, como los metalmecánicos que abastecen a Vaca Muerta o al transporte logístico -beneficiado por el comercio electrónico-, pero en otros como calzado, textiles, autopartes, frigoríficos, azúcar o siderúrgico están sufriendo y anticipan más cierres de los que ya ha habido. De todo modos, entre los que andan mal hay quienes esperan que algunos costos bajen con las reforma tributaria y laboral -igual les temen a los juicios en los fueros del trabajo- y que el rescate financiero de EE.UU. evite cualquier estallido hasta las elecciones presidenciales de 2027.
Son los que están contentos de que ya sus empleados no les piden aumento salarial sino que se encomiendan a un repunte del crédito -las tasas de interés bajan, pero no lo suficiente porque los encajes bancarios siguen altos-, pero lamentan un futuro más parecido al modelo peruano del ministro de Economía, Luis Caputo, con menos industria, más desigualdad y más dependencia de EE.UU.
Otros industriales, en cambio, sólo ven el lado negativo del plan económico. Temen que el consumo siga hundido, que las importaciones crezcan y advierten sobre el galopante ascenso del contrabando. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, organizó algunos decomisos testimoniales, pero la fiesta pirata sube el volumen. El director de la Aduana, José Andrés Velis, está preocupado por agilizar el comercio. Mientras, entran por fronteras o puertos, desde electrónicos hasta calzados de contrabando, con inspectores que ya no controlan por orden de arriba o que si lo hacen, piden peaje -siempre lo han hecho, pero ahora están más voraces, según los que los tratan-, no se sabe si para robustecer sus bolsillos ajustados por la motosierra o para contribuir a la corona. ¿Cuál? En el Triángulo de Hierro, en el que los hermanos Javier y Karina Milei crecen frente al asesor presidencial Santiago Caputo, este último aún domina la Aduana. Son nichos de poder que por ahora mantiene, como la Secretaría de Transporte, a cargo de Luis Perrini, que este año renovó la concesión del ferrocarril Nuevo Central Argentino a Aceitera General Deheza (AGD), la empresa de Roberto Urquía que bien supo aportar a la campaña de LLA.
AR/MC
