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El gobierno de Javier Milei oficializó una profunda ampliación de las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), una medida que despertó fuertes cuestionamientos por parte de especialistas en derechos humanos, periodistas e integrantes de la oposición.
La normativa permite a los organismos de inteligencia realizar tareas que hasta ahora estaban limitadas por ley, incluyendo la posibilidad de intervenir en seguridad interior y detener personas bajo determinadas circunstancias.
Según advirtió el periodista de El Destape en su editorial, Nicolás Llantos, la reforma abre la puerta a un modelo de vigilancia masiva basado en tecnologías de control utilizadas en países como Estados Unidos e Israel: “Le abre la puerta al país a un sistema de monitoreo permanente, con herramientas tecnológicas que permiten controlar a la población en tiempo real”.
La nueva estructura también habilita la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia interior, algo que históricamente estuvo limitado en Argentina por el marco legal construido tras la última dictadura.
Mientras el Gobierno sostiene que se trata de una modernización necesaria del sistema de inteligencia, crecen las críticas por la falta de debate parlamentario y por el riesgo de habilitar prácticas de espionaje interno.