El Gobierno acelera la reforma laboral, pero se choca con el DNU de la SIDE

“Les puedo asegurar que, el 11 de febrero, la Argentina va a bajar el riesgo país. Porque va a ser ley”, aseguró, exultante, Patricia Bullrich ante un grupo de empresarios locales en Mar del Plata durante el fin de semana. Es la promesa que el Gobierno viene repitiendo, desde hace un mes, ante empresarios, inversores y legisladores aliados: que la reforma laboral se convertirá en ley en un mes y que, cuando eso suceda, bajará el riesgo país y se abrirá el mercado de deuda. Lo repiten y prometen que aceptarán cambios, atentos a allanar lo más posible el escenario de alianzas para sancionar la ley antes de que la oposición vuelva a organizarse. 

La pelea del Gobierno es, antes que todo, comunicacional. El oficialismo logró instalar la necesidad de avanzar en una reforma y, por estos días, hasta la CGT admite que será difícil evitar algún tipo de modificación en la legislación laboral. Los gobernadores, cuando se reúnen con Diego Santilli, admiten la necesidad de avanzar en una reforma y dejan la belicosidad para el debate de la letra chica. Y allí el Gobierno ya aprendió: los voceros del oficialismo anticipan que se realizarán cambios, ya sea consensuados o impuestos por el número, con el objetivo de controlar la lectura de la victoria. 

Nadie quiere repetir lo que sucedió con la aprobación del Presupuesto en Diputados, cuando el Gobierno tuvo su media sanción pero fue la oposición quien celebró el triunfo político de haber volteado el capítulo XI. La lectura del resultado, por más que haya cambios forzados, tiene que ser la del triunfo legislativo de Javier Milei.

En el Gobierno conocen sus puntos fuertes y débiles. Saben que el artículo 191, que reduce las alícuotas de Ganancias para las grandes empresas, no pasa el filtro de los gobernadores, que verían reducida su recaudación en materia de coparticipación. Saben, a su vez, que la creación del Fondo de Asignación Laboral, que buscará financiar las indemnizaciones con los aportes patronales destinados a la seguridad social, genera rispideces entre muchos de sus aliados y que el peronismo buscará voltearlo en el recinto. Y saben, por último, que la CGT tiene un listado de artículos “invotables” –cuotas solidarias, límites a las huelgas, recorte a las obras sociales– que buscará evitar que se sancionen. 

El desafío será establecer prioridades y blindar la mayor cantidad de artículos posibles. Todavía, sin embargo, no hay una estrategia definida. Bullrich dialoga informalmente con senadores de otros espacios, pero tras el fracaso del intento de sesión en diciembre –cuando los aliados le advirtieron a Bullrich que tenía el número para sancionar el Presupuesto, pero no para la reforma laboral– las conversaciones se espaciaron. 

El objetivo de la jefa del oficialismo en el Senado es retomar la campaña a partir de la semana que viene. El viernes se reunirá la mesa política en Casa Rosada: fue convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y participarán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el asesor que más dialoga con la CGT, Santiago Caputo, Santilli y Bullrich. Allí se establecerá una hoja de ruta y, con eso, el límite de lo negociable.

El fantasma del DNU de Inteligencia

El peronismo observa los movimientos del Gobierno con cautela. La sanción del Presupuesto cambió el clima político –la CGT admite que ve difícil que la reforma laboral no se apruebe en el Congreso y por eso abre la puerta a negociar cambios con el Gobierno–, pero en Diputados prevalece el recuerdo de la derrota en la votación en particular (que terminó con el rechazo del capítulo que derogaba la emergencia en discapacidad o la eliminación de la movilidad de la Asignación Universal por Hijo). Es cuestión de encontrar el tema que genere más incomodidad en el Gobierno y explotarlo.

Ese tema tiene nombre y apellido y es el DNU 941 con el que Milei reformó el sistema de inteligencia. Un decreto que generó una avalancha de amparos judiciales –principalmente por la forma que habilita a los agentes de la SIDE a aprehender personas en flagrancia– y que genera muchas resistencias entre varios de los aliados del Gobierno. 

La oposición hace cuentas y observa que, en la Cámara de Diputados, está a unos 7 u 8 votos de tener el número para rechazarlo. El panorama es favorable y buscará disputarle al oficialismo su propia agenda de extraordinarias: si el Gobierno quiere debatir la reforma laboral, la oposición le responderá con el DNU de inteligencia. 

“Se metieron en un problema con el DNU de la SIDE. Porque si convocan a sesiones extraordinarias y no meten al decreto en el temario eso conspira contra la idea de la necesidad y urgencia. Ahí termina la feria judicial: si los tipos no lo meten en extraordinarias el Contencioso te suspende la aplicación”, advierte un diputado del peronismo que está trabajando en juntar los votos para voltear el DNU de inteligencia.

El Gobierno está en una encerrona. La estrategia es dilatar lo más posible el tema y jugar con los tiempos reglamentarios de la Bicameral de Trámite Legislativo, que es donde tiene que debatirse primero (a menos que pasen 20 días hábiles desde la publicación del decreto y recién ahí se puede llevar al recinto). Pero las cautelares enturbian el panorama y Santiago Caputo sabe que su decreto está a tiro de un juez federal que decida, como sucedió con una parte del DNU 70, suspender la aplicación. 

La oposición buscará presionar con el tema mientras intenta sumar, en paralelo, el número para rechazar la reforma laboral. No será fácil: ni la CGT ni los bloques peronistas se movieron mucho durante el verano –la CGT encabezó negociaciones con gobernadores y legisladores, pero fue antes de que se pateara el debate para febrero– y arrancan de atrás en la batalla comunicacional. 

Cuando los triunviros de la CGT –Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello– se reunieron con la bancada peronista en el Senado, que lidera José Mayans, se definió establecer un plan de acción que incluyera, además de movimiento en las calles y en el Congreso, una estrategia comunicacional que disputara el sentido común del Gobierno. Se avanzó en una movilización el 18 de diciembre y se está trabajando en presentar una contrapropuesta peronista a la reforma laboral, pero la estrategia comunicacional falló. La agenda, de momento, la acapara el Gobierno.

MCM/MF