La reciente media sanción en Diputados de la denominada Ley Hojarasca marca un hito en la agenda desreguladora del gobierno, aprobada con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones. Este proyecto, impulsado por Federico Sturzenegger, busca eliminar decenas de normativas que el oficialismo califica de “obsoletas” o “incompatibles con la Constitución”, prometiendo una simplificación del entramado legal que, según sus defensores, asfixia a los argentinos. Sin embargo, la mirada crítica nos obliga a preguntarnos qué implicancias tiene esta poda legislativa para el futuro de nuestro país.
La poda legislativa: ¿Eficiencia o desguace?
El argumento central del gobierno es la necesidad de modernizar un sistema legal que, a lo largo de décadas, acumuló leyes sin aplicación práctica. Ejemplos como la regulación de la televisión a color, el carnet de mochilero o la promoción de la microfilmación para documentos gubernamentales, citados por Sturzenegger, suenan a anacronismos. La intención declarada es reducir la intervención estatal, liberando energías productivas y ciudadanas de un “Estado presente, asfixiante”, como lo expresó el diputado Santiago Santurio.
El debate de fondo: ¿Qué es “obsoleto”?
Más allá de los ejemplos evidentes, la discusión de fondo radica en la definición de “obsoleto”. Para figuras como Bertie Benegas Lynch, este tipo de leyes son la manifestación de un paradigma legislativo erróneo, donde se legisla para “guiar, controlar, auditar, monitorear, intervenir y gravar cada paso del ciudadano”. Desde esta óptica, la calidad legislativa no se mide por la cantidad, sino por la protección de la vida, la libertad y la propiedad.Pero esta visión, aunque seductora en su simplicidad, omite la complejidad de un Estado que, en muchas ocasiones, legisla para proteger derechos, garantizar equidad o compensar asimetrías. ¿Cuántas de estas normas, más allá de su antigüedad, contienen principios que aún resguardan intereses colectivos? La derogación de una ley de 1972 que declaraba de interés nacional la difusión de la música argentina, por ejemplo, puede parecer menor, pero forma parte de un tejido cultural y simbólico que el Estado históricamente ha buscado preservar.
Un camino hacia la mínima expresión estatal
La aprobación de la Ley Hojarasca, que ahora pasará al Senado, no es un hecho aislado. Se inscribe en una estrategia más amplia de desregulación y achicamiento estatal que el gobierno viene impulsando. Mientras el oficialismo celebra la media sanción como un paso hacia un país más libre y menos burocrático, desde una perspectiva progresista, surge la preocupación por el desmantelamiento gradual de herramientas regulatorias que, aunque perfectibles, son parte de la arquitectura de un Estado social.La prisa por deshacerse de lo que se considera “hojarasca” podría, en el afán de simplificar, barrer con normativas que, si bien pueden requerir actualización, encarnan principios de intervención estatal en áreas sensibles. El riesgo es que, bajo el pretexto de la eficiencia, se debilite la capacidad del Estado para actuar en defensa de los intereses públicos, dejando un vacío que el mercado no siempre está dispuesto o capacitado para llenar.
El futuro de la regulación en Argentina
En definitiva, la Ley Hojarasca nos interpela sobre el rol que queremos para el Estado en Argentina. ¿Es el camino hacia la mínima expresión estatal la solución a nuestros problemas, o necesitamos un Estado inteligente y eficiente que sepa cuándo y cómo intervenir? La discusión en el Senado deberá ser profunda, analizando cada derogación no solo por su antigüedad, sino por su impacto real en la vida de los argentinos y en la capacidad de nuestro país para construir una sociedad más justa y equitativa.
Fuentes consultadas
- Diputados aprobó la ley de hojarasca (www.pagina12.com.ar)
- La ley Hojarasca pasa al Senado: cómo fueron los votos en Diputados (www.ambito.com)