El fuego se coló en la mesa política y el Gobierno prepara un decreto de Emergencia Ígnea

La mesa política de la Casa Rosada terminó este jueves pasadas las 13 con una definición de urgencia: el Gobierno avanzaría con un DNU para declarar la Emergencia Ígnea e incrementar partidas presupuestarias destinadas al combate del fuego en la Patagonia. La decisión, acordada en medio de la presión de los gobernadores del sur, se coló en el corazón de una reunión que en teoría estaba dedicada al sprint final de las negociaciones por la reforma laboral, el proyecto madre de febrero.

Al igual que el lunes pasado, Karina Milei encabezó el encuentro desde el mediodía en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rodeada del núcleo que hoy administra la agenda política del Gobierno: el asesor Santiago Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli, encargado del puente con los gobernadores; la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta; Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos; y Martín Menem, presidente de Diputados, conectado de manera virtual.

El temario formal era el de siempre. Pero en la sala flotaba otra urgencia, todavía no anunciada públicamente: qué hacer con la emergencia por los incendios. La posibilidad de incluir una Declaración de Emergencia Ígnea para ser tratada en sesiones extraordinarias fue uno de los puntos centrales del encuentro, luego de que cinco provincias afectadas por el fuego reclamaran el martes que el Congreso tome cartas en el asunto, aunque la discusión terminó cerrándose con la decisión de resolverlo por DNU, fuera del temario parlamentario.

Según pudo saber elDiarioAR, la decisión acordada es avanzar por decreto. Todavía no está definido cuándo se hará efectivo. En el ala de los gobernadores patagónicos esperaban que pudiera anunciarse incluso este viernes, mientras que en la Casa Rosada admiten que resta precisar qué fondos están dispuestos a ceder. La última vez que se declaró la Emergencia Ígnea fue a través del Decreto 2/2023 firmado por Alberto Fernández, que tuvo vigencia hasta el 13 de enero de 2024.

La Casa Rosada intentó mostrar movimiento antes de decidir. Admiten que el fuego se convirtió en un problema político. No porque cambie la lógica fiscal del mileísmo, sino porque expone un límite: el ajuste no sirve como explicación cuando las llamas avanzan. En la madrugada del jueves apareció en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, que refuerza el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios. Más de $100.810 millones distribuidos entre 1.062 asociaciones, partidas para federaciones provinciales, fondos para capacitación. La resolución había sido firmada el martes por la tarde, el mismo día en que los gobernadores del sur reclamaron formalmente la emergencia.

No fue casualidad, aunque en el Gobierno se apuren a aclarar que el pedido no fue el disparador. Fue, más bien, una forma de amortiguar el golpe. En Chubut, además, se confirmó una transferencia por $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En Balcarce 50 nadie lo dice en voz alta, pero todos lo saben: los incendios también se negocian. La emergencia ígnea, en ese sentido, empezó a leerse como un gesto componedor: una ficha para aceitar el vínculo con mandatarios que serán decisivos cuando llegue la votación fina de febrero.

Porque detrás del fuego está la otra discusión, la que de verdad le importa a la Casa Rosada. La reforma laboral que Milei quiere votar el 11 de febrero en el Senado sigue en pie, pero está en discusión si saldra intacta. Como publicó elDiarioAR, en eso coinciden peronistas kirchneristas y libertarios con vocación negociadora, como Santiago Caputo o la propia Bullrich: la ley va a salir, pero no sin cambios. Lo repiten con resignación unos y con desafío otros.

El nudo es Ganancias. La rebaja del impuesto para empresas incluida en el proyecto es vista por los gobernadores como un golpe directo a la coparticipación, y en la mesa política ya se discute si habrá algún mecanismo de compensación o si el Gobierno sostendrá la reforma sin anestesia, aun a riesgo de tensar el vínculo con las provincias aliadas. En paralelo, los gobernadores de Tucumán, Salta y Jujuy denunciaron a la transportadora Transnoa por “negligencia y falta de inversión” tras apagones masivos que afectaron a más de 900.000 usuarios y reclamaron al ENRE auditorías y sanciones.

Santilli llegó a la reunión de este jueves con esa agenda marcada por sus recorridas federales y después de haber pasado por la Casa de Salta, donde se reunió por la mañana con los gobernadores dialoguistas en el sprint final de las negociaciones. En el oficialismo lo describen como el traductor del humor provincial: el que escucha el reclamo, mide el costo y vuelve a Balcarce 50 con el poroteo en la mano, en un momento en que cada voto se negocia como parte de un paquete mayor.

El problema es que dentro del Gobierno conviven dos impulsos. Está el ala pragmática, que entiende que el Senado es una mesa con patas provinciales y que hay que ceder para ganar. Y está la línea dura, encarnada por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, que insiste en avanzar con el texto tal como fue dictaminado: sin concesiones por Ganancias, sin concesiones a la CGT, sin concesiones a nadie. El tironeo atraviesa cada párrafo del proyecto.

Bullrich, mientras tanto, se mueve como si la ley ya estuviera aprobada. Delegó en su asesora Josefina Tajes la recepción de reclamos sindicales y empresariales, y se concentra en coordinar una mayoría que ella misma bautizó como “los 44”: todos menos los 28 del peronismo. Radicales, PRO, provinciales, aliados sueltos. Un cálculo optimista, pero posible.

El número funciona como un mantra: una mayoría imaginada que ordena el optimismo oficialista, aunque todos saben que en el Senado los acuerdos no se firman con discursos sino con concesiones. La votación en particular será el campo de batalla. Allí se jugará el verdadero partido: cuánto pierde cada provincia por Ganancias, cuánto está dispuesto Milei a ceder, cuánto puede soportar el Gobierno sin romper su relato de pureza fiscal.

PL