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La medida habilita la intervención del Estado nacional, pero sin recursos nuevos ni definiciones operativas. Mientras brigadistas combaten el fuego con medios limitados, convocan a una movilización para exigir más acciones del Ejecutivo.
En medio de los incendios que desde hace semanas arrasan amplias zonas de la Patagonia, el Gobierno declaró finalmente la Emergencia Ígnea en varias provincias patagónicas, aunque sin asignar fondos específicos ni establecer mecanismos concretos de financiamiento. La decisión, tomada por decreto, llegó luego de una creciente presión política y social, que este viernes se expresará en una movilización en la Ciudad de Buenos Aires convocada por organizaciones ambientalistas y distintos espacios políticos.
La norma declara la emergencia por un año en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa y designa a la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad, como autoridad de coordinación para las tareas de combate del fuego, prevención y asistencia a las zonas afectadas. Sin embargo, el decreto no crea partidas presupuestarias nuevas, no fija montos ni detalla cómo se financiarán las acciones previstas, dejando cualquier refuerzo de recursos sujeto a decisiones administrativas posteriores del Poder Ejecutivo.
La medida se dispuso mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 73/2026, firmado en acuerdo general de ministros, y abarca tanto la presupresión y combate del fuego como la restauración de las zonas afectadas y la prevención de nuevos focos. El decreto también declara zona de desastre a los territorios comprometidos en esas provincias, en el marco de la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil.
Declárase la Emergencia Ígnea
Entre las funciones asignadas por el BO, figuran acciones de atención, prevención y mitigación de las consecuencias de los incendios sobre la vida, bienes, trabajo y medios de vida de las personas afectadas, así como la asistencia a los gobiernos provinciales y municipales para que puedan disponer de recursos efectivos tanto para combatir el fuego como para la recuperación posterior. Estas acciones deben realizarse en coordinación con los gobiernos de las provincias declaradas en emergencia y con los municipios de las zonas comprometidas.
Antes de oficializar la emergencia, la Casa Rosada intentó mostrar movimiento. En el propio Gobierno admiten que el fuego se convirtió en un problema político, no porque altere la lógica fiscal del mileísmo, sino porque expone un límite del discurso del ajuste: cuando las llamas avanzan, la motosierra deja de funcionar como explicación. En la madrugada del jueves se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad, que refuerza el financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios, con más de $100.810 millones distribuidos entre 1.062 asociaciones, además de partidas para federaciones provinciales y fondos para capacitación.
La resolución había sido firmada el martes por la tarde, el mismo día en que los gobernadores patagónicos reclamaron formalmente la declaración de la emergencia. En el Gobierno se apuraron a aclarar que el pedido no fue el disparador, pero el movimiento fue leído como un intento de amortiguar el golpe político. En Chubut, además, se confirmó una transferencia de $4.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
En ese contexto, este viernes se realizará una marcha desde la Facultad de Derecho de la UBA hasta el Ministerio de Seguridad, área de la que depende el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Bajo la consigna “Patagonia en llamas. Marchamos para exigir la emergencia ígnea”, la protesta apunta a señalar que la respuesta oficial llega tarde y sin garantías materiales suficientes, mientras brigadistas y bomberos continúan trabajando al límite frente a incendios que ya consumieron más de 45.000 hectáreas.
MC