La Justicia defiende la Memoria: fondos para el Banco de Datos Genéticos por orden judicial
La reciente decisión del gobierno de destinar 590 millones de pesos al Banco de Datos Genéticos no es un gesto voluntario, sino una respuesta obligada a la intervención judicial. Esta medida, forzada por una cautelar del juez federal Alejo Ramos Padilla, expone una vez más la tensión entre las políticas de ajuste y el compromiso ineludible con los derechos humanos y la búsqueda de la verdad en Argentina. La continuidad operativa de un organismo tan vital para la identificación de los hijos e hijas de desaparecidos durante la última dictadura militar no puede ser rehén de vaivenes presupuestarios.
Un organismo bajo amenaza
Durante semanas, la comunidad de derechos humanos y los fiscales especializados en delitos de lesa humanidad habían alertado sobre la situación crítica del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). La falta de presupuesto ponía en riesgo no solo servicios esenciales como limpieza, vigilancia y mantenimiento, sino también la preservación de muestras biológicas irremplazables y la seguridad informática. La directora del BNDG, Mariana Herrera Piñero, había llegado al extremo de informar que ya no se podrían tomar nuevas muestras, un golpe devastador para las investigaciones en curso.
La intervención judicial como último recurso
Frente a la inacción oficial, fiscales como Pablo Parenti y su equipo, junto a la Unidad de Derechos Humanos de La Plata, elevaron un planteo judicial que encontró eco en el juez Ramos Padilla. La medida cautelar dictada por el magistrado fue contundente: ordenó al gobierno, y específicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a adoptar todas las medidas administrativas y asignaciones presupuestarias necesarias para asegurar el funcionamiento del banco. Esta intervención no solo protege un organismo clave, sino que reafirma el rol de la justicia como garante de derechos fundamentales cuando el poder ejecutivo flaquea.
Más allá de la cifra: un mensaje político
Si bien la asignación de 590 millones de pesos busca "garantizar la continuidad operativa" del BNDG, el episodio deja un sabor amargo. La Casa Rosada, según trascendió, intentó desestimar la medida judicial, argumentando que todos los requerimientos habían sido tramitados. Sin embargo, la realidad de un organismo al borde del colapso y la necesidad de una orden judicial para asegurar su financiamiento hablan por sí solas. Este tipo de situaciones no solo genera incertidumbre, sino que envía un mensaje preocupante sobre la prioridad que el Estado le otorga a la memoria, la verdad y la justicia, pilares fundamentales de nuestra democracia.
El Banco de Datos Genéticos no es un gasto, es una inversión en nuestra identidad colectiva y en la reparación histórica. Su funcionamiento ininterrumpido es una obligación moral y legal, y la justicia ha tenido que recordárselo al gobierno. Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad sin necesidad de coerción, garantizando que la búsqueda de nuestros hermanos y hermanas nunca se detenga.