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El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una «operación de inteligencia ilegal» con fines desestabilizadores. El vocero Manuel Adorni sostuvo que fue «un ataque ilegal y planificado». La estrategia oficial de frenar que se filtren nuevos detalles de conversaciones entre sus funcionarios dio resultado. El fallo impide la publicación del material a través de cualquier medio de comunicación y redes sociales.
