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Mientras crece el escándalo por el nombramiento del teniente general Alberto Presti al frente del Ministerio de Defensa, ya que la medida rompe el ordenamiento institucional consensuado tras 1983, otra polémica decisión del gobierno argentino provocó la indignación de la oposición.
La República Argentina fue uno de los tres países que votó en contra de una resolución clave en la Asamblea General de la ONU destinada a reforzar la prevención y eliminación de la tortura.
La postura, alineada con Estados Unidos e Israel, quebró un consenso histórico, según indicó la senadora Juliana Di Tullio.
La dirigente kirchnerista cuestionó el voto del Ejecutivo y advirtió que la postura implica “romper el pacto democrático construido desde 1983”.
La legisladora sostuvo que, aunque “ya no hay picanas ni centros clandestinos”, existen nuevas formas de persecución y hostigamiento “contra el pueblo, quienes lo defienden y quienes luchan contra la concentración de poder”.