Diálogo con el Gobierno y una pecera de votos en el Senado: el doble juego de la CGT para condicionar la reforma laboral

“Por ahora no hay paz, pero tampoco guerra”. El mensaje llegó de Casa Rosada minutos después de que el triunvirato de la CGT anunciase una movilización contra la reforma laboral para el próximo jueves. Para los funcionarios libertarios que todavía mantienen contacto con los sindicatos, la noticia no fue una sorpresa. Algunos, incluso, habían sido alertados previamente. Un gesto de cortesía por parte de un sindicalismo que está dispuesto a confrontar con Javier Milei en las calles, pero todavía apuesta al diálogo para dar de baja los puntos más molestos de la reforma. 

En el Gobierno se esforzaron en mostrar compostura frente al plan de lucha de la CGT. “Todo marcha acorde al plan”, ironizó un dirigente del riñón de Santiago Caputo, impulsor de la modificación final del proyecto de reforma laboral que matizó –aunque no eliminó del todo– la parte del texto que eliminaba la obligatoriedad de las cuotas solidarias a los sindicatos. 

Caputo trabajó, junto a Martín Menem, para aflojar la voracidad desreguladora de Federico Sturzenegger y consideró que, dadas las circunstancias, se evitó una guerra total. Es decir: un paro general y la amenaza de una escalada del conflicto. 

Los canales de diálogo con la CGT siguen abiertos. Los líderes sindicales lo niegan, pero el Gobierno, vía Caputo y su equipo, mantiene un contacto informal con dirigentes como Hugo Moyano (Camioneros) y Gerardo Martínez (UOCRA). Quieren evitar una confrontación abierta con la central sindical, y apuestan a continuar negociando la letra chica del proyecto cuando comience el debate en el Senado. 

Ya no hay muchas expectativas, sin embargo, de un trámite exprés. El debate comenzará el miércoles en la comisión de Trabajo y Patricia Bullrich espera poder sancionar el proyecto a fin de año. Pero la demora de la presentación oficial del proyecto, la marcha del jueves y el lobby que, a partir de la semana que viene, comenzará a encarar la CGT con gobernadores y senadores enrareció el escenario. 

Los 40 votos que Bullrich creía tener asegurados ya no están más. El peronismo ahora también juega y, si los canales de negociación del Gobierno fracasan, la reforma laboral podría tambalear. 

Los puntos de conflicto para la CGT

El proyecto de “Modernización laboral” de Milei fue rechazado en su totalidad por la CGT por “atentar contra los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”. La iniciativa, según advierte un trabajo del CCETyD de la UNSAM, tendrá un efecto regresivo sobre el mercado de trabajo. Por un lado, los salarios “dinámicos”, el fraccionamiento de las vacaciones, la eliminación de hecho de las horas extra a través de los bancos de horas y la limitación a las indemnizaciones por despido significan un avance sobre los derechos individuales de los trabajadores. 

Pero por el otro, el proyecto avanza también sobre los derechos colectivos de los trabajadores: la descentralización de la negociación colectiva, el desfinanciamiento de los sindicatos y los nuevos límites a la acción gremial. Este punto es el principal foco de conflicto con los líderes de la CGT que, en conversaciones privadas, admitieron que su prioridad número uno será proteger los derechos colectivos. El resto, deslizan, se puede resolver vía convenios o, en última instancia, la Justicia.

El ala política del Gobierno tiene muy en claro cuales son las prioridades de la CGT y está dispuesta a negociar cambios en los puntos más conflictivos a cambio de evitar una guerra abierta. Ya lo hizo (a medias) con las cuotas solidarias. “Para el Gobierno los irrenunciables están relacionados a los costos laborales. La cuota sindical no cambia nada la estructura de los costos”, explica un funcionario libertario. 

Dos de los temas más conflictivos son la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la primacía de los convenios por empresa por sobre los de actividad. En el primer caso, el proyecto libertario elimina la ultraactividad –es decir que un convenio podría dejar de tener vigencia después de vencer a pesar de no haber sido reemplazado por otro–, pero solo para las cláusulas obligacionales. No las salariales, sino las que refieren a los acuerdos entre las partes. 

Este punto es conflictivo porque, entre otras cosas, las cláusulas obligacionales incluyen también las cuotas solidarias que pagan los trabajadores no afiliados. Es decir que, pese haber sido removido del proyecto el artículo referido a las cuotas sindicales, la obligatoriedad de las cuotas solidarias sigue en la cuerda floja.

Otros puntos conflictivos son: la limitación del derecho a huelga a través de la ampliación de las actividades consideradas “esenciales” y la exclusión de los trabajadores independientes y de plataformas de la Ley de Contrato de Trabajo. Todos puntos que la CGT, sea a través de negociaciones con el Gobierno o interviniendo en el debate en el Senado, buscará eliminar. 

Una pecera de 9 votos

La estrategia oficial de la CGT, sin embargo, será evitar que la reforma laboral se apruebe en el Senado. El plan de acción está a cargo de la bancada peronista, que lidera José Mayans, y que necesita hacerse de nueve votos para lograr boicotear el proyecto del Gobierno. El peronismo cuenta con 28 votos propios y necesita llegar al mágico número de 37 para evitar que Bullrich logre hacerse con la mayoría necesaria para avanzar con la media sanción.

La clave serán los gobernadores, y es por este motivo que la CGT ya comenzó a reunirse con algunos, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut). El peronismo ya da por perdidos a los dos misioneros que responden a Carlos Rovira y a los gobernadores radicales de Chaco (Leandro Zdero) y Corrientes (Gustavo Valdés). “Esos están entregados”, admite, irritado, un senador del PJ que está al frente de la estrategia. Los otros gobernadores, en cambio, aún son persuasibles.

El ojo está puesto, por un lado, en los patagónicos. Los dos santacruceños, Natalia Gadano y José Carambia, son imprevisibles: a veces votan con el Gobierno, a veces se enojan y votan en contra. Juegan (a veces) con el gobernador Claudio Vidal, que tiene origen sindical, y en el peronismo los cuentan adentro. Lo mismo, aunque con más dudas, con la neuquina Julieta Corroza.

La salteña Flavia Royón, que responde a Gustavo Sáenz, es otra senadora que el peronismo buscará sumar. La clave, sin embargo, serán los radicales. La UCR tiene 10 votos que podrían garantizarle la victoria a Milei y la mayoría está dispuesta a dársela. Especialmente luego de que los dos radicales más díscolos, Pablo Blanco y Martín Lousteau, abandonaran el Senado.

El poroteo, sin embargo, recién está comenzando. El peronismo y Bullrich dedicarán las próximas semanas a disputarse la misma pecera de votos. La ex ministra cuenta con ventaja, ya que juega con la billetera del Gobierno y la vocación servicial del PRO, la UCR y los gobernadores. La amenaza de un conflicto con la CGT, sin embargo, genera tensiones: los gobernadores no quieren pelearse con los líderes sindicales, y el peronismo buscará aprovecharse de eso.

MCM/MG