El desamparo como política: el brutal ajuste en discapacidad bajo la lupa judicial
La Argentina asiste con preocupación a una escalada de denuncias penales contra el gobierno de Javier Milei por lo que se ha calificado como un brutal ajuste en discapacidad. Familiares de personas con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil y profesionales de la salud han alzado su voz ante la justicia, acusando a funcionarios de alto rango de abandono de persona, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. La situación no solo expone la vulnerabilidad de un sector históricamente postergado, sino que también pone en tela de juicio los pilares de la justicia social y los derechos humanos en el país.
El embate contra un sector vulnerable
Desde el inicio de la gestión libertaria, se observa un patrón sistemático de recortes presupuestarios que impacta directamente en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esto se traduce en la suspensión o cancelación de beneficios, la reducción de pensiones por invalidez y la interrupción de prestaciones esenciales, incluyendo medicamentos y programas de contención. La magnitud del desfinanciamiento ha provocado deudas con prestadores y un funcionamiento precario de múltiples servicios, dejando a miles de familias en una situación crítica.
Las denuncias presentadas no solo señalan la dimensión económica de los recortes, sino también la presunta intencionalidad detrás de estas políticas. Se argumenta que el gobierno ha impulsado un discurso de desprecio hacia las personas con discapacidad, acompañado de medidas que eluden fallos judiciales y desoyen la legislación vigente, como la ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por el Congreso y posteriormente vetada.
Discurso estigmatizante y manipulación
El agravio contra el colectivo de personas con discapacidad no se limita a lo presupuestario. El discurso oficial ha sido objeto de severas críticas por su tono estigmatizante. Se recuerdan episodios como la exhibición de una radiografía de un perro por parte de un exvocero gubernamental, supuestamente para denunciar fraudes en el otorgamiento de pensiones, un hecho que luego fue desmentido por exfuncionarios de ANDIS. Esta manipulación de la información, según los denunciantes, buscaba justificar el recorte y la denegación de beneficios.
Asimismo, normativas como la resolución 187 de enero de 2025, que establecía nuevas condiciones para acreditar la invalidez laboral, fueron repudiadas por utilizar un lenguaje discriminatorio y arcaico, con términos como “retraso mental” o “débil mental”. Organizaciones como ACIJ han advertido que este enfoque representa un retroceso al modelo médico, violando derechos fundamentales y desatendiendo las recomendaciones de organismos internacionales.
Sombras de corrupción y resistencia
En este contexto de crisis, se suman graves acusaciones de presunta corrupción dentro de la ex ANDIS, que incluirían a figuras cercanas al poder. Si bien estas denuncias están siendo investigadas, añaden una capa de indignación a la ya compleja situación, sugiriendo que los recortes podrían estar entrelazados con intereses ajenos al bienestar de las personas con discapacidad.
Frente a este panorama, la sociedad civil y los colectivos afectados no se resignan. Las denuncias penales son una manifestación clara de la resistencia y la búsqueda de justicia. La sanción de la ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Congreso, a pesar del veto presidencial, demuestra que existe una voluntad política y social de proteger a este sector. La lucha por los derechos de las personas con discapacidad se ha convertido en un termómetro de la sensibilidad social y del compromiso del Estado con los principios de igualdad y dignidad.
Un llamado a la responsabilidad estatal
El brutal ajuste en discapacidad no es solo una cuestión de números, sino una profunda afrenta a los derechos humanos y a la Constitución. La política del desamparo, lejos de ser una medida económica aislada, revela una concepción del Estado que parece desentenderse de sus responsabilidades más básicas. Es imperativo que el gobierno reevalúe su enfoque y garantice la protección y el bienestar de las personas con discapacidad, reconociendo que sus derechos no son un gasto, sino una inversión fundamental en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.