El caso de Paola Ortíz y las condenas a mujeres pobres por emergencias obstétricas en el país

“Vos sos mi abogada feminista, ¿sabés?”, le dice Paola Ortiz a Julia Luna este miércoles 21 de enero.

Paola incorporó la palabra “feminista” en septiembre de 2025, cuando vio los adelantos de la película Belén en el televisor del penal de Bouwer, en Córdoba, donde está detenida desde hace 13 años.

“Sí, Pao. Y te vamos a sacar de ahí”, le responde Luna, al teléfono.

Paola vio las imágenes de la película primero con perplejidad y después se sintió menos sola porque se vio reflejada en Belén. “Lo mío es bastante parecido”, dijo. Asoció el papel de Dolores Fonzi con la abogada que tiene hace 4 años, Julia Luna. 

“Vos sos mi abogada feminista”, le dice una vez más a Luna, quien integra la organización Feministas Católicas por el Derechos a Decidir.

Tras 13 años prácticamente invisibilizado, el caso de Paola, que ingresó al penal con 29 años y hoy tiene 42, tomó alguna relevancia nacional tras la proyección de Belén. Su defensa aprovechó el impacto del film para exponer su historia, una de las cientos que existen en el país con características similares al de Belén.

Criminalización de emergencias obstétricas

El mismo día del estreno de la película, una joven de 18 años, sin saber que estaba embarazada, tuvo un parto abrupto en el inodoro del baño de su casa, en Francisco Álvarez, partido de Moreno, y se desmayó en un charco de sangre.

Horas después despertó en una cama del Hospital de Moreno, en el área de Maternidad, rodeada de bebés llorando. Según denunciaron, médicos le mostraron el feto en una caja y le exigieron que lo reconociera. “Este es tu hijo, reconocelo. Ahora vas a ir presa por matar a tu bebé”, le dijeron a la joven que abría los ojos tras el desmayo.

Sus padres, sumisos, que habían encontrado el feto en el inodoro, siguieron las indicaciones del personal médico y policial. “Corresponde que su hija vaya presa, tienen que prepararse para esa situación”, les advirtió una médica.

El caso llegó a la Campaña Nacional por el Aborto. Una de sus integrantes, Rosana Fanjul, ingresó al hospital. “Tuve que ponerme una campera para tapar la remera de la Campaña porque no me dejaban entrar”, relata. Tras comunicarse con autoridades de la Provincia de Buenos Aires, lograron evitar la detención.

“Los médicos la dejaron internada en Maternidad, junto a otros bebés. Fue una tortura. Ella cursaba el secundario y no sabía que estaba embarazada. A raíz de esto abandonó la escuela y quedó con un cuadro de salud mental muy delicado; hoy está en tratamiento psiquiátrico”, explica Fanjul.

Si bien no existe un número actualizado, una investigación realizada en 2020 por la Campaña junto al CELS, Correpi y otras organizaciones relevó 1.532 mujeres criminalizadas, un 25% por emergencias obstétricas y el resto por abortos espontáneos, casi siempre bajo figuras penales agravadas.

“Son mujeres en extrema vulnerabilidad, acusadas de homicidio agravado por el vínculo partiendo de la premisa de que el feto es persona. Incluso encontramos autopsias falsas: demostramos que no hubo nacimiento con vida”, señala Fanjul.

Tras los casos de Belén y de Patricia Solorza, que murió esposada a una cama por una peritonitis tras cuatro años detenida por un aborto espontáneo, las organizaciones decidieron iniciar el relevamiento.

Libertades logradas y causas abiertas

“Empezamos a recorrer las provincias y logramos la libertad de 20 mujeres que aceptaron nuestra representación”, cuenta Fanjul. Tras la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, identificaron 22 casos más: solo en uno hubo una detención.

Por su parte, Lucía de la Vega, del área de Género y Diversidad del CES, resume los casos de criminilización en situaciones de emergencias obstétricas que les solicitaron intervención en 2025.

“En Santiago del Estero hubo tres casos de criminalización, entre ellos el de Julieta, condenada en 2023 por homicidio agravado y cuya pena fue luego revisada y morigerada por el Superior Tribunal de Justicia”, detalla.

“En la provincia de Buenos Aires, acompañamos el caso de Juana, procesada desde 2020; pese a reiterados pedidos de absolución, el fiscal sostuvo la acusación, el juicio oral ya tiene fecha y hay recursos ante la Suprema Corte por violaciones como el secreto profesional que aún no fueron resueltos”, advierte.

“En Azul, una joven detenida tras una emergencia obstétrica fue absuelta en primera instancia en 2025, pero la fiscalía apeló y la causa sigue pendiente, con una defensa oficial excelente”, destaca.

Paola, 13 años presa

La mañana del 21 de enero, Paola se despertó muy temprano y espero varias horas sentada en el colchón de su celda hasta que habilitaron el horario de las llamadas telefónicas.

“¿Hay alguna novedad?”, la mujer condenada a perpetua preguntó.

“No”, respondió Julia Luna. Junto a Rocío García Garro, es abogada de Paola desde 2022. En 2024 impulsaron un recurso de revisión para que se revea con perspectiva de género su situación judicial, que la responsabiliza desde 2015 –tras un juicio con jurados populares–, por la muerte del bebé que dio a luz el 31 de octubre de 2012.

Esa tarde de octubre de 2012, en la precaria habitación de su ex suegro que le prestaba a cambio “favores sexuales”, Paola tuvo un “parto en avalancha”, es decir, un parto extremadamente rápido con contracciones intensas y sin pausas, que no da tiempo a pedir ayuda. Cuando pudo tocar al bebé tras el parto súbito, el bebé estaba frío. 

–“No hay novedades, Pao”, siguió Luna. A casi dos años de aquel recurso revisión que probaba que la autopsia no pudo confirmar el nacimiento con vida, todavía no hubo respuesta de parte del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba para que se abra el caso Ortíz.

–“Ah…”, dijo Paola al teléfono. 

–“Vos cómo estás?”, quiso saber Luna. Pero Paola no viene bien. En un contexto de hacinamiento y sin higiene personal, no puede recuperarse de lo que ocurrió el 20 de diciembre pasado, cuando vio cómo sacaban el cuerpo incinerado de la compañera con la que compartía la vida cotidiana. La amiga de Paola, según denuncian en esta causa que se sigue investigando y que dejó dos víctimas fatales, estaba asilada en una celda por reclamar por el corte de agua potable cuando se incendió un sector del penal.

Las ideas límites que cada tanto se adhieren a la cabeza de Paola sin embardo dejaron de atormentarla diariamente cuando se inició la campaña por su liberación el 6 de noviembre, al cumplirse un año más de su detención. Sus compañeras la felicitaron y la aplaudieron. Paola se emocionó. “Fue un empujón de esperanza”, dice Luna.

Paola y Belén

A diferencia de Belén que estuvo 2 años presa, Paola lleva 13 privada de su libertad. Si bien ambas fueron criminalizadas y tuvieron una defensa oficial ineficiente, el nombre de Paola sí trascendió a los medios locales que la estigmatizaron. “La tildaron de mala madre mata bebés”, señala Luna.

Paola utiliza su verdadera identidad para reivindicar su historia, tras múltiples difamaciones. “Quiero que mi hijos sepan la verdad”, ha dicho. “Es muy feo que tus hijos piensen que su mamá mató a una persona”.

Antes de la condena, Paola tenía tres hijos que quedaron con el padre y que nunca más vio. Estando presa tuvo dos hijos más. Uno fue dado en adopción sin su consentimiento. El otro logró permanecer con su familia de origen y hoy está con sus tíos paternos.

Otra diferencia entre Paola y Belén es que Belén tuvo una familia que la acompañó y que buscó a Soledad Deza, la abogada feminista interpretada por Doleres Fonzi. Paola no tiene familia que la contenga y Julia Luna, su abogada, conoció su caso de casualidad, a partir de otro trabajo jurídico.

Paola y Julia

“Y cómo pasaste tu cumpleaños”, pregunta Paola al teléfono el miércoles pasado. El cumpleaños de Julia fue el 5 de enero.

“Muy bien, Pao. Gracias”. Más allá de su ex cuñada que fue algunas veces, Julia y Rocío Garro fueron las únicas personas que en 13 años la visitan al penal y la escuchan.

La voz de Paola no se escuchó ni en su propio juicio. “Su voz no está en todo el proceso penal”, advierte Luna, que presenta su caso como la criminalización de una emergencia obstétrica en contexto de pobreza y violencia de género.

“Se usó el hecho de que ya tenía hijos para decir que ‘sabía parir’, cuando sus partos anteriores habían sido hospitalarios. Este fue un parto involuntario y urgente que nunca se investigó”, señala Luna.

En abril de 2024, las abogadas presentaron un recurso de revisión con nueva prueba médica que acredita que se trató de un parto en avalancha y advierte que la autopsia no pudo confirmar el nacimiento con vida. “Si no hay certeza de nacimiento con vida, no hay homicidio”, subraya.

“Vos sos mi abogada feminista”, le dice Paola a Julia desde el penal de Bouwer.