El Gobierno apura el poroteo final para la reforma laboral y suma la baja de la edad de imputabilidad a la agenda

La Casa Rosada activó este lunes una instancia clave de coordinación política para encarar la recta final de las negociaciones antes del tratamiento de la reforma laboral. En un clima de cuenta regresiva hacia las sesiones extraordinarias, el Gobierno reunió a su mesa política en Balcarce 50 con el objetivo de ordenar apoyos, afinar estrategias y definir el calendario legislativo que comenzará formalmente el 2 de febrero. Además, se resolvió la ampliación del temario, con la baja en la edad de imputabilidad ahora en agenda.

El encuentro, encabezado por Karina Milei, funcionó como un punto de control interno: una reunión pensada para evitar negociaciones paralelas, centralizar el poroteo y unificar el comando político del oficialismo en la previa de un debate que promete tensiones con gobernadores, sindicatos y la oposición. Según fuentes oficiales, se repasó de manera integral el escenario parlamentario y se discutió cuántos votos reales tiene hoy el Ejecutivo para avanzar con su paquete de reformas.

La “modernización laboral” aparece como el principal objetivo del período extraordinario, aunque en el temario también figuran la modificación de la Ley de Glaciares, la Ley Penal Juvenil —anunciado este mismo lunes por el jefe de Gabinete Manuel Adorni— y el eventual envío al Congreso del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. En Balcarce 50 aseguran que la prioridad es llegar a febrero con el terreno despejado y con un esquema de negociación cerrado, similar al que permitió sancionar el Presupuesto 2026: conversaciones concentradas en una mesa chica, sin intermediaciones dispersas.

En esa arquitectura, Patricia Bullrich quedó a cargo del diálogo con los aliados en el Senado, Martín Menem de la negociación en Diputados y Diego Santilli del vínculo con los gobernadores. La idea del Ejecutivo es apurar los tiempos: en la Casa Rosada trabajan con la intención de votar la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares el 12 de febrero en la Cámara alta, para que ambos proyectos desembarquen en Diputados el 19.

Gira federal

En ese marco, el rol de los mandatarios provinciales aparece como un capítulo inevitable. Santilli tuvo un enero de intensa actividad federal: ya visitó seis provincias y cosechó el respaldo público de cuatro gobernadores para la reforma laboral. En el Gobierno se entusiasman porque no recibió ningún rechazo rotundo de sus habituales aliados ni de los sectores dialoguistas.

El jueves de la semana pasada, el ministro del Interior se reunió con Rogelio Frigerio en Entre Ríos, y el gobernador reconoció que el funcionario libertario se llevaba “un apoyo contundente del Gobierno de Entre Ríos al proyecto de modernización laboral”, además de destacar que la iniciativa permitiría “incluir y dar derechos a los trabajadores que no los tienen”. Un día antes, Santilli había estado en Neuquén, donde el saldo fue más ambiguo: Rolando Figueroa dijo que acompañará “cada iniciativa que impulse el desarrollo”, pero reclamó que la prioridad será el impacto que la ley tenga en su provincia y volvió a exigir la deuda de 200 millones de dólares que Nación mantiene con la caja previsional neuquina. “Siempre vamos a estar a favor de lo que beneficie a Neuquén y en contra de lo que nos perjudique”, resumió.

En cada visita, Santilli repite que “ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones”. Sin embargo, prácticamente en todas las reuniones recibió reclamos por los artículos 190 y 191 del proyecto oficial, que reducen alícuotas de impuestos como Ganancias y afectarán la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias.

Desde la Casa Rosada plantean que la rebaja de Ganancias tendrá un costo fiscal del 0,65% del PBI —0,5% para Nación y 0,15% para las provincias—, pero advierten que la merma se verá compensada por el supuesto aumento de la actividad y por los 400 mil trabajadores que, en teoría, serán formalizados. Dentro del oficialismo, incluso, conviven posturas distintas: algunos como Bullrich y Santiago Caputo se inclinan por hacer concesiones a las provincias, mientras que otros como Luis Caputo apuestan a sostener el texto tal como fue dictaminado.

Poroteo

En el Senado, los libertarios parten de una base de 21 votos propios más otros 3 del PRO, pero también suman a la UCR, que acompañó el dictamen del oficialismo cuando el proyecto se trató en comisión. En total hay siete radicales que responden a gobernadores —entre ellos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi (Corrientes), Carolina Losada y Eduardo Garaletto (Santa Fe), Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza), y Silvana Schneider (Chaco)— y otros tres que son opositores en sus provincias. Los diez votaron con el oficialismo el Presupuesto 2026 en diciembre, y además hay mandatarios con alianzas políticas locales, como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero.

Con 34 votos anotados en la columna del “positivo”, el Gobierno tendrá que conseguir el apoyo de un puñado de provinciales para llegar a los 37 del quórum: la chubutense Edith Terenzi, cercana a Ignacio Torres; la salteña Flavia Royón, que responde a Sáenz; la neuquina Julieta Corroza; los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, del gobernador Claudio Vidal; o los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que reportan al exgobernador Carlos Rovira.

Mediante algunas concesiones, los libertarios confían en poder sumar a neuquinos y misioneros, pero también podrán recurrir a peronistas disidentes: Raúl Jalil podría aportar el voto de Guillermo Andrada y Osvaldo Jaldo, los apoyos de Sandra Mendoza y Beatriz Ávila. La cuenta final podría superar los 40 votos para la aprobación en general.

PL/MC