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En la Casa Rosada interpretan que la central sindical llega dividida y confían en que la reforma laboral tendrá los votos necesarios en el Senado. Preparan un operativo de seguridad para una jornada con movilización.
En la Casa Rosada siguieron sin dramatismo la resolución de la Confederación General del Trabajo (CGT). El viernes, con el debate por la reforma laboral en el Senado a la vuelta de la esquina, el oficialismo se mostraba convencido de que la central no lograría los consensos necesarios para convocar a un paro general. La decisión de limitar la respuesta a una movilización a las puertas del Congreso confirmó esa lectura: para el Gobierno, el sindicalismo conserva capacidad de ruido en la calle, pero perdió poder para condicionar el desenlace político.
El tono interno fue más duro que el discurso público. Ante las objeciones lanzadas desde Azopardo 802 por los representantes de la central obrera, en los pasillos de Balcarce 50 no se anduvieron con vueltas. “Lo que diga la CGT no nos importa”, lanzó un miembro de la mesa política del mileísmo. Sin matices, el mismo funcionario agregó que “los gordos siempre hacen lo mismo, defender la de ellos” y evaluó que la protesta prevista para el próximo miércoles solo servirá para “exponer que ya no los acompaña nadie”.
La mesa política del gobierno.
Más allá de esa confianza, el Gobierno se prepara para una jornada caliente. En el Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva no prevén un escenario de descontrol, aunque seguramente se disponga de un operativo reforzado con presencia de fuerzas federales, además de vallado y custodia del Congreso. En la cartera son conscientes de que el objetivo principal será evitar incidentes o situaciones de desborde, mientras que la CGT buscará exhibir fuerza política con movilizaciones en todo el país, con sus sindicatos más combativos impulsando paros por actividad.
Lo cierto es que el dato que más valoran en la Casa Rosada es el frente político. Los libertarios lograron aislar el reclamo sindical de la mayoría de los gobernadores, que respaldan la ley y concentran su negociación en el impacto fiscal. La fallida cumbre de mandatarios peronistas en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) dejó a los sectores más duros del peronismo y del sindicalismo sin volumen para ordenar una oposición común.
Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT.
La negociación con los gobernadores
En paralelo al frente sindical, el Gobierno continúa consolidando apoyos entre los gobernadores, pieza clave para garantizar el resultado en el Senado. En la Casa Rosada sostienen que la mayoría de los mandatarios optaron por acompañar la reforma laboral o, al menos, evitar confrontar abiertamente con el oficialismo. La discusión con las provincias, explican, se concentra menos en el contenido laboral del proyecto que en su capítulo fiscal, particularmente por la eventual merma de recursos derivada de la baja del impuesto a las Ganancias para las empresas..
El trabajo político del ministro del Interior, Diego Santilli, fue central para sostener ese esquema. Desde que asumió el cargo, el funcionario activó una ronda de contactos con gobernadores de distintos signos políticos para contener tensiones y evitar la conformación de un frente opositor. En el Gobierno destacan que, en los últimos días, logró desactivar la cumbre que un grupo de mandatarios peronistas, una instancia que podía convertirse en señal de resistencia institucional frente al proyecto.
Diego Santilli al salir de la reunión con gobernadores dialoguistas en la Casa de Salta.
En La Libertad Avanza interpretan que, más allá de los matices, los gobernadores priorizan hoy la estabilidad fiscal y el vínculo con la Casa Rosada antes que un alineamiento político con la CGT. Varios mandatarios, incluso, prefieren negociar compensaciones o mecanismos de atenuación del impacto fiscal antes que quedar expuestos en una confrontación abierta contra una ley que el Gobierno da por encaminada. Esa lógica explica, según fuentes oficiales, el repliegue de sectores del peronismo dialoguista y la falta de coordinación entre provincias y sindicalismo.
No obstante, en Balcarce 50 admiten que el respaldo de los gobernadores no es uniforme ni automático. Algunos mantienen reservas sobre aspectos puntuales del proyecto y continúan negociando en silencio. En particular, el foco está puesto en garantizar el acompañamiento de legisladores que responden a ejecutivos provinciales clave, donde el oficialismo cree haber avanzado lo suficiente como para asegurar una mayoría funcional en el recinto.
Con ese cuadro, Javier Milei considera que la discusión legislativa está, en términos políticos, bajo control. El verdadero interrogante, admiten cerca del Presidente, no pasa por los votos sino por el nivel de conflictividad social que pueda generar la reforma una vez aprobada. Por eso, mientras consolidan el frente con las provincias, en la Casa Rosada observan con la misma atención la calle que el tablero parlamentario.
PL/MG