El hombre invisible del PAMI: Carlos Zamparolo sale a la superficie mientras crece la presión por la causa ANDIS

Carlos Zamparolo no suele aparecer en fotos. En Corrientes 655, donde se ubica la sede central del PAMI, lo describen como un técnico obsesivo, esquivo a las cámaras y con poder real sobre la arquitectura interna. Pero esta semana fue distinto: el martes pasado, el número dos del organismo subió al escenario para la entrega de los Martín Fierro de Salud a recibir un premio por la app Mi PAMI y posó en una imagen que circuló con rapidez entre funcionarios, periodistas y dirigentes del oficialismo.

Fue una postal mínima, pero significativa: ocurrió justo cuando la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vuelve a tomar fuerza judicial y sus iniciales aparecen anotadas en los cuadernos del operador farmacéutico Miguel Calvete, junto a otras dos abreviaturas inquietantes: “SC” y “ML”. Para quienes lo rodean, no se trató solo de una premiación: fue una salida al centro de la escena institucional en el peor momento posible, justo cuando crecían preguntas hacia adentro y hacia afuera sobre la trazabilidad de decisiones en la obra social.

Zamparolo, expresidente del Consejo de Administración de DOSUBA y hoy subdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aterrizó en el PAMI con un perfil técnico, bajo la órbita política de Santiago Caputo y del ministro de Salud Mario Lugones. En los registros oficiales figura como prestador de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial, con trayectoria en directorios privados. Su legajo y su historia profesional lo presentan como alguien más cercano al mundo corporativo y financiero que a la militancia libertaria.

Esa combinación de expertise técnica y distancia de la rosca partidaria lo convirtió en pieza funcional al proyecto de reorganización que impulsó el caputismo durante el 2024: una estructura más vertical, con control sobre procesos operativos, recortes presupuestarios y una Unidad Técnica que articula autorizaciones de insumos de alto costo, órdenes directas por vía judicial, contrataciones con droguerías y supervisión de delegaciones. No es un cargo decorativo: ahí se cruzan política, caja y gestión diaria.

Ese diseño tuvo impacto político. Tras estallar la polémica por el supuesto pedido de diezmos, la conducción del PAMI reaccionó con una orden de auditoría interna en todas las delegaciones del país. La resolución, firmada el 30 de abril por Esteban Leguizamo y Zamparolo, buscó tomar distancia de las acusaciones y encapsular el escándalo.

Siglas que inducen

En los pasillos, sin embargo, la jugada fue leída también como una movida defensiva del esquema Caputo frente a la avanzada del núcleo político construido por Karina Milei y los Menem en el territorio. La auditoría tuvo un segundo efecto menos dicho: recentralizó decisiones que, hasta ese momento, dependían de estructuras territoriales con autonomía de hecho y vínculos partidarios propios.

En ese sentido, la foto del Martín Fierro no se leyó solo como un reconocimiento público a la digitalización del organismo. Internamente, se interpretó como un síntoma: Zamparolo salía a la superficie justo cuando más crecían las sospechas alrededor de la gestión de insumos médicos y cuando sus iniciales figuraban en los cuadernos incautados a Calvete, donde se registraban compras vinculadas a firmas como Profarma e Indecomm.

La aparición de “CZ” no prueba vínculos delictivos ni vuelve imputable a nadie, pero encendió alarmas entre funcionarios del organismo y entre quienes siguen la causa judicial, sobre todo porque las anotaciones conviven con siglas como “SC” y “ML”, iniciales políticamente sensibles en el ecosistema libertario. ¿Son acaso las iniciales de Santiago Caputo y del ministro Mario Lugones? Lo relevante no es solo la sigla, sino el contexto: ANDIS y PAMI comparten proveedores, circuitos de compra y mecanismos de autorización, por lo que la línea entre ambos organismos es más institucional que operativa.

La paradoja es evidente: mientras el Gobierno busca capitalizar el premio a Mi PAMI como muestra de modernización tecnológica, la obra social queda asociada —otra vez— a denuncias que reproducen viejas lógicas de intermediación, retornos, pedidos de aportes partidarios y disputas de poder. Los relevos de delegados, las denuncias de este año en Chaco y La Plata, y los testimonios que señalan exigencias del 10% de los sueldos a militantes y funcionarios formaron parte de una escena más amplia: el PAMI como caja territorial.

El caso de los audios de Diego Spagnuolo, donde se describían direccionamientos de contratos y pedidos de retornos a proveedores, actuó como catalizador y puso bajo la lupa decisiones que habían pasado desapercibidas en la reorganización inicial. En paralelo, creció un clima de blindaje preventivo dentro del organismo: archivos respaldados, pedidos formales de informes y movimientos administrativos que buscan evitar quedar en el lugar equivocado si el expediente escala.

Puja interna

Hoy, el mapa interno vuelve a moverse. El diputado nacional elector Sebastián Pareja —en tándem con Eduardo “Lule” Menem— revisa designaciones hechas el año pasado en agencias del interior, varias de ellas alineadas con Las Fuerzas del Cielo, la agrupación juvenil que responde a Caputo. Cerca de la negociación aseguraron a elDiarioAR que, si Diego Santilli conserva el control operativo de la ANSES, Pareja buscará quedarse con el mando político del PAMI.

Ese reacomodamiento podría correr del tablero a funcionarios vinculados al armado inicial de Caputo y, por arrastre, tensionar la posición de Zamparolo, no tanto por acusaciones directas, sino porque es él quien administra la estructura operativa sobre la cual se libra la disputa.

Para el subdirector ejecutivo, que evitó la exposición pública incluso cuando la gestión multiplicó compras por vía abreviada bajo justificaciones judiciales, el frente más delicado no está en esa foto sino en lo que ocurra en tribunales. La reactivación de la causa Andis abre la puerta a seguir trazas entre proveedores, funcionarios intermedios, órdenes de compra y delegaciones con autonomía administrativa. Cada anotación de Calvete es interpretada como posible ruta de investigación o como argumento interno para desplazar funcionarios y mover fichas. En ese tablero, Zamparolo no es el protagonista visible, pero sí el engranaje que sostiene la estructura.

Hace tiempo que el PAMI dejó de ser simplemente un prestador de salud: es una arena donde se juegan negocios, territorio, legitimidad partidaria y poder institucional dentro del mileísmo. La exposición pública de Zamparolo tensiona su rol original. Ya no alcanza con el bajo perfil: el número dos de la obra social más grande del país quedó en el centro de un tablero donde confluyen una causa judicial en expansión, la disputa por la caja territorial y una interna que redefine quién manda en la estructura del Estado libertario. La pregunta no es si tiene poder. La incógnita es si podrá seguir siendo invisible cuando las fotos empiezan a hablar más que los expedientes.

PL/MG