Gobernadores de Provincias Unidas coinciden con los empresarios en apoyar las reformas laboral e impositiva

En la edición 2025 del coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) en Mar del Plata, los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y Chubut, Ignacio Torres, ambos de la tercera vía electoral que constituye Provincias Unidas, pronunciaron este jueves cuestionamientos al gobierno de Javier Milei, pero apoyaron las rebajas de impuestos y la flexibilización laboral que planea el Ejecutivo y reclama el establishment. Ambos coincidieron en que la Nación concentra recursos, incumple compromisos con las provincias y mantiene un esquema impositivo que sofoca la producción y el empleo.

Llaryora sostuvo que no ve “desde el Gobierno una actitud clara y honesta en el debate” y afirmó: “Están recaudando mucho más y lo único que nos está pasando es que no cumplen con las obligaciones”. El mandatario del peronismo cordobés advirtió que esta situación afecta directamente al interior: “Ustedes habrán visto también el abandono de los jubilados del interior, se complicaron las prestaciones de salud”. Para el gobernador, el Gobierno debe propiciar una “discusión tributaria franca, equitativa y federal”, con un marco común de políticas productivas y fiscales. “Tiene que haber un modelo de país y sobre ese marco hacer la reforma tributaria y laboral”, propuso, planteando que las pymes hoy enfrentan “juicios laborales que te haen bajar la persiana”. Y agregó: “Todas las reformas tienen que tener una mirada a favor de la inversión y de la producción. Si el modelo no genera empleo, inversión y trabajo, a la larga en los países democráticos se cae”.

Torres, del PRO no libertario, reclamó “sinceridad” y un verdadero federalismo cooperativo. “El Gobierno no hace ahorro fiscal. Es subejecución presupuestaria”, denunció al señalar que las provincias cargan “con la seguridad, la educación, la justicia ordinaria y las rutas nacionales”. A su juicio, “muchas veces desde lo que se dice a lo que se hace hay contradicciones profundas”. El gobernador de Chubut pidió “no caer en la falsa grieta de los estados subnacionales versus el Estado nacional” y planteó que la Nación debe comprender que “no hay forma en que un país crezca si no hay una mirada específica sectorial a nichos que tenemos que cuidar”. Cuestionó además que “el presidente de la Nación se siente con el de Estados Unidos (Donald Trump) y no ponga en la agenda” temas productivos críticos como “los problemas con los limones y el aluminio”, y resumió: “Se trata de defender lo nuestro más allá de cualquier salvataje económico o financiero”.

Tras las críticas, ambos mandatarios y los empresarios presentes coincidieron en que la Argentina necesita una reforma integral que restablezca las condiciones de crecimiento. El Coloquio giró así sobre un mismo eje: cómo aliviar la carga fiscal y modernizar las normas laborales sin perder sostenibilidad social. Eso sí, nadie blanqueó la palabra “flexibilización” al mencionar la ley del trabajo ni aclaró qué gastos públicos deberían podarse para compensar las rebajas de gravámenes.

Torres relató medidas impulsadas en su provincia para favorecer la inversión. “Decidimos eximir de impuesto al sello a la capitalización y a la constitución de empresas para que puedan capitalizarse”, explicó, y destacó que también se lanzó “un esquema de alivio fiscal para nichos estratégicos como el turismo”, que derivó en “tres hoteles cinco estrellas en Chubut”. En la cuenca petrolera, “bajamos las regalías para las áreas marginales” y acordaron con los gremios una reducción del 30% en costos operativos. Con ese respaldo, la provincia propuso a la Nación “bajar retenciones con el compromiso de que ese ahorro fiscal se vuelque íntegramente a inversión”. Torres reclamó: “Cuando Toto (Luis) Caputo (ministro de Economía) dice ‘hagamos patria, bajemos impuestos’, hagámoslo juntos, pero sinceremos la realidad”.

En materia de empleo y productividad, el gobernador chubutense fue contundente: “Una reforma laboral es necesaria. Si no, no tendríamos la mitad del empleo prácticamente no registrado”. Calificó de “locura” la presión fiscal argentina, “de las más altas de la región”, y pidió avanzar hacia la “revolución de la normalidad”. “El equilibrio fiscal no hay que discutirlo más”, enfatizó. “Eso no es una premisa libertaria. Es discutir que el inodoro tiene que estar en el baño”. Torres planteó que la discusión debe servir para dotar al país de “previsibilidad, seguridad jurídica” y un esquema de “reglas básicas que no cambien cada cuatro años”.

Llaryora, por su parte, profundizó sobre el impacto de la estructura tributaria en las economías locales. “Que cada uno cobre o perciba los recursos necesarios para sostener las funciones que cada sector está sosteniendo”, pidió, ejemplificando que Córdoba cuenta con “leyes de promoción industrial donde los ingresos brutos son cero para una industria que aparece en Córdoba”. Reclamó, sin embargo, “una actitud nacional más sensata y cooperativa”. Resumió su visión: “Nosotros los cordobeses, imaginate cómo no vamos a querer la reforma fiscal. Imaginate lo que sería Córdoba sin retenciones. Imaginate qué sería Córdoba con la plata que pagamos en impuesto al cheque”.

Claro que nada dijo el cordobés de bajar sus propios tributos provinciales, como ingresos brutos, del que tanto se quejan los empresarios. Ellos recuerdan que las importaciones no cargan con este gravamen. Llaryora cerró con un mensaje de moderación: “Necesitamos empezar a llevar gente con sensatez de gestión y que empiece a encaminar un rumbo. No esto de irse a los extremos. Nosotros no somos dogmáticos”.

Evasión y costo impositivo

Antes de las exposiciones de los mandatarios provinciales, empresarios abordaron el debate de la competitividad y el costo impositivo. Andrés Cavallari, CEO de Raízen Argentina, la empresa anglobrasileña que refina y comercializa los combustibles Shell, advirtió: “Cuando hablamos de impuestos distorsivos en la industria, más allá de los debates técnicos, estamos hablando de cuánto le cuesta la vida al argentino”. Recordó que “casi 44 o 45% del precio en surtidor corresponde a una suba de impuestos” y que entre los tributos nacionales, provinciales y municipales “los municipales son un caso paradigmático” por su crecimiento “descontrolado en cantidad y monto”. Ejemplificó con que “una refinería, una estación de servicio y un distrito pueden llegar a pagar hasta ocho causas diferentes”. Cavallari valoró que “el abordaje del Gobierno para revisar todo el sistema es positivo”, y ratificó la voluntad de las empresas de “colaborar para tener un sistema impositivo competitivo, eficiente y que ponga al consumidor en el centro de la discusión”.

Eso sí, ni él ni ningún otro ejecutivo de compañías explica qué gastos deberían cortar la Nación, las provincias y los municipios para compensar el recorte de la recaudación que ellos ansían. Claudio Rodríguez, director de IDEA y socio de la empresa de pinturas Sinteplast, ilustró la pérdida de competitividad argentina con datos comparativos: “Agarramos tres países iguales: Uruguay, Paraguay, Bolivia. La materia prima en todos los países es la misma, la mano de obra cuesta lo mismo. Cuando agregamos impuestos, cambia todo radicalmente”. “Terminamos pagando en Argentina 152, 132 en Uruguay, 123 en Bolivia y 116 en Paraguay”. El resultado es un sobrecosto del “32% más caro que en Paraguay, 24% más caro que en Bolivia y 16% más caro que en Uruguay”. Lo que no contó Rodríguez es que ni el Estado boliviano ni el paraguayo ofrecen servicios de salud y educación, por ejemplo, del nivel del argentino.

Eso sí, Rodríguez fue directo: “Si queremos fomentar los grandes productores de trabajo, tenemos un problema”. Y concluyó que la salida pasa por “bajar el gasto público” y “reducir la evasión”, porque “si no logramos bajar la evasión no podemos bajar la pobreza”. Pese a que Milei elogia a los evasores, a los empresarios de IDEA se los escuchó mucho en este coloquio quejarse de la competencia que no paga tributos.

Martín Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes, llevó el foco a la presión sobre las firmas formales: “Tenemos comerciantes con 28% de carga fiscal sobre el PBI, ocho puntos más que la región. Si sacamos la evasión, los que están en blanco pagan 45%”. Dijo que “la presión que está puesta en el sector formal es increíble” y que en un contexto de baja inflación “la falta de competitividad que nos genera tanto para el mercado interno como para exportar es ilimitada”. Para graficar el problema, ironizó: “He conseguido un producto con una diferencia de 30 puntos. ¿Quién no cambia de marca de auto por diez o doce puntos?

Nicolás Braun, gerente general de los supermercados La Anónima y director de IDEA, sintetizó que “Argentina hace 15 años que no genera empleo” y reclamó, con una metáfora de hombre de campo, “reformas estructurales, las cuales estamos esperando con ansias para sacarle las riendas del caballo y que realmente corra”. Para el empresario, la distorsión fiscal es parte central de ese estancamiento. “El Estado se toma el 50% de la cerveza que compra el consumidor”, dijo Braun y Ticinese agregó: “Esto es el dos por uno”.

“No se vio reflejado en una baja importante en impuestos –se refirió el supermercadista a la motosierra fiscal de Milei–. Entonces es momento de que el Estado de alguna forma se ponga los pantalones y avance con una mejor fiscalización”, agregó otra vez contra la evasión. Braun planteó que una mayor eficiencia impositiva permitiría “ampliar la base tributaria, lograr equilibrio fiscal y tributario basado en impuestos menos distorsivos, que lo paguemos entre todos”.

AR/MG