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Las familias de las víctimas del fentanilo adulterado volvieron a marchar reclamando justicia frente a una de las peores tragedias sanitarias de los últimos años. El caso dejó más muertos que Once y que la AMIA, pero aun así el Gobierno de Javier Milei sigue sin dar explicaciones.
El silencio oficial contrasta con el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos y que hoy denuncian que nadie del Ministerio de Salud se acercó siquiera a escuchar sus reclamos.
Por su parte, el ministro Mario Lugones permanece inmóvil, sin conferencias de prensa, sin informes y sin abrir una investigación seria que determine cómo un lote de droga adulterada circuló sin control.
Para los familiares el desastre no fue un accidente sino la consecuencia directa del ajuste y del desmantelamiento del Estado, especialmente de áreas claves como el ANMAT, que debería haber evitado semejante tragedia.
En el plano político, distintos sectores responsabilizan al Gobierno por haber liberado controles y recortado estructuras que garantizaban seguridad sanitaria. Lo que antes era un sistema de fiscalización debilitado, ahora directamente parece inexistente.