En un escenario de creciente tensión política y social en Chile, los familiares y la defensa legal de los involucrados en el denominado Caso Quilleco han dado un paso decisivo en su búsqueda de justicia. Durante la jornada del 12 de marzo de 2026, una comitiva integrada por abogados, redes de apoyo y voceros de las comunidades acudió a las dependencias de la Corte Suprema en Santiago para interponer un recurso de nulidad contra el juicio que condenó a seis comuneros, marcando un hito en la defensa de los Presos Políticos Mapuche.
La acción judicial busca invalidar un proceso que, según los recurrentes, estuvo plagado de vicios procesales y una evidente falta de imparcialidad por parte del tribunal de primera instancia. Entre los afectados se encuentran Óscar Cañupan, José Lienqueo, Bastián Llaitul, Axel Campos y Roberto Garlin, quienes actualmente mantienen una drástica huelga de hambre líquida como medida de presión para exigir condiciones carcelarias dignas y un juicio justo. A ellos se suma el werkén Rafael Pichún, una figura de alta relevancia política en el movimiento autonomista mapuche.
El caso Quilleco se ha convertido en un símbolo de la judicialización del conflicto territorial en el sur de Chile. Los abogados argumentan que la aplicación de leyes especiales y el uso de testigos protegidos vulneran el debido proceso, una crítica que organismos internacionales de derechos humanos han reiterado en diversas ocasiones respecto al trato hacia los Presos Políticos Mapuche. La concentración a las afueras del máximo tribunal del país no solo fue un acto jurídico, sino una manifestación de resistencia cultural y política.
El estado de salud de quienes se encuentran en huelga de hambre es delicado, lo que añade una urgencia humanitaria a la resolución de la Corte Suprema. Los familiares denuncian que el Estado chileno continúa utilizando el aparato penal para criminalizar demandas históricas de tierras y autonomía. En este contexto, la nulidad del juicio representaría no solo una victoria legal para los Presos Políticos Mapuche, sino también un precedente necesario para desescalar la violencia institucional en la Macrozona Sur.
La Mirada de NoticiaHub
Desde la perspectiva de NoticiaHub, el Caso Quilleco desnuda la incapacidad crónica del Estado chileno para separar la persecución del delito de la persecución política. La insistencia en utilizar tribunales ordinarios para resolver conflictos de raíz histórica y colonial solo profundiza la brecha de desconfianza entre las comunidades y las instituciones. La Corte Suprema tiene hoy en sus manos la oportunidad de actuar como un verdadero contrapeso democrático: anular un juicio cuestionable no es otorgar impunidad, sino garantizar que la ley no sea utilizada como un arma de guerra interna. El uso de la huelga de hambre por parte de los detenidos es el último recurso de quienes se sienten despojados de su voz en un sistema que parece haber dictado sentencia antes de escuchar los alegatos.
Fuente: resumenlatinoamericano.org