Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
La oposición concluyó que la presunta estafa no se podría haber llevado a cabo sin la intervención de Milei, y le pidió al Congreso que analice si hubo mal desempeño de sus funciones. Denuncias penales contra funcionarios, como Cúneo Libarona, y pedido de jury de enjuiciamiento contra Martínez de Giorgi.
Después de tres meses de investigación, de maniobras dilatorias por parte de Martín Menem en Diputados y del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano en la Justicia, la comisión $LIBRA presentó su informe final sobre lo que ocurrió con la criptomoneda. Allí, la oposición concluyó que Javier Milei presentó una “colaboración imprescindible” para la realización de la presunta estafa y que el Congreso tiene que analizar si, en consecuencia, debe avanzar en un juicio político.
La oposición, sin embargo, fue muy cuidadosa de no usar las palabras malditas. Como fruto de un acuerdo con la Coalición Cívica, el radicalismo y el pichettismo, el peronismo aceptó no incluir el pedido de “juicio político” en el dictamen final. Se definió, en cambio, denunciar la responsabilidad política de Javier Milei y Karina Milei en la maniobra de rug pull que perjudicó a las miles de personas que compraron la criptomoneda la noche del 14 de febrero. Y deslizaron: “Es necesario que el Congreso de la Nación evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”.
El mal desempeño es una de las causales de juicio político. Pero quedó oculto en el informe de más de 200 hojas que elaboraron, en conjunto, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) con Juan Marino y Sabrina Selva (Unión por la Patria) y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal).
La comisión sí definió avanzar con dureza, en cambio, contra los funcionarios del Ejecutivo y de la Justicia que se negaron a prestar colaboración con la investigación. La oposición, por un lado, pidió un jury de enjuiciamiento contra Martínez de Giorgi y Taiano por haberse negado a colaborar con la investigación de la comisión. El juez y fiscal a cargo de la causa judicial habían rechazado todos los pedidos de los diputados, desde el acceso al expediente hasta el pedido de obligar a los funcionarios a comparecer en la comisión como testigos por la fuerza.
Por el otro, los diputados de la oposición denunciaron penalmente al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Malik, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, además de la responsable de la Unidad de Investigación que creó el Poder Ejecutivo por el tema, María Florencia Zicavo, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva.
En desarrollo
MCM