La Corte Suprema de Justicia ha vuelto a posicionarse en el centro del debate político-judicial argentino al ratificar la ofensiva sobre el patrimonio de Cristina Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”. Este reciente fallo, que desestima los planteos de la defensa de la expresidenta, no solo convalida una actualización monetaria multimillonaria, sino que también reaviva interrogantes sobre los tiempos y modos de la justicia en un país con una profunda grieta política.
La Cifra y la Decisión Judicial
El máximo tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó firme la actualización del monto del decomiso. Lo que originalmente se estableció en 85 mil millones de pesos en la sentencia de 2022, ahora se eleva a una cifra cercana a los 685 mil millones de pesos, ajustada según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta medida implica un golpe significativo para los bienes de los condenados en la causa, incluyendo a la expresidenta y a Lázaro Báez, cuyos recursos también fueron desestimados por “inadmisibles”. La defensa había cuestionado el criterio de actualización, alegando la falta de parámetros claros y una presunta incompetencia del Tribunal Oral Federal N° 2 para ejecutar la medida.
Implicancias Políticas y Judiciales
Más allá de los tecnicismos legales, la ratificación de esta medida tiene una innegable lectura política. En un contexto de alta polarización, cada movimiento de la Corte Suprema es observado con lupa y genera interpretaciones diversas. Para algunos, representa un avance en la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos estatales. Para otros, se inscribe en una estrategia de “lawfare” o persecución judicial contra figuras políticas específicas, utilizando el poder judicial como herramienta de desgaste político. La celeridad en la resolución de este tipo de planteos, en contraste con la lentitud en otras causas de interés público, alimenta estas sospechas y profundiza la desconfianza en la independencia de los poderes.
El Debate sobre la Transparencia y los Precedentes
La crítica de la defensa sobre la “falta de parámetros claros” para la actualización del monto no es un detalle menor. La transparencia y la predictibilidad en la aplicación de las leyes son pilares fundamentales del estado de derecho. Cuando los criterios de ajuste de sumas tan elevadas parecen discrecionales o insuficientemente justificados, se abre una puerta a la arbitrariedad y a la percepción de que la justicia opera con doble vara. Este fallo sienta un precedente sobre cómo se manejarán futuros decomisos y la actualización de sus valores, lo que exige una reflexión profunda sobre la necesidad de marcos normativos más robustos y equitativos.La decisión de la Corte Suprema, al ratificar la ofensiva sobre el patrimonio de Cristina Kirchner y validar la multimillonaria actualización del decomiso, no solo cierra un capítulo en la batalla legal por la causa Vialidad, sino que abre múltiples interrogantes sobre la independencia judicial, la equidad en los procesos y el impacto de la justicia en la arena política. En un país que busca consolidar sus instituciones, la claridad, la coherencia y la imparcialidad en los fallos del máximo tribunal son más necesarias que nunca para disipar sombras y fortalecer la confianza ciudadana.