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La decisión fue tomada por el juez Jorge Gorini, del TOF 2, quien advirtió que Cristina Kirchner incumplió las condiciones al recibir de manera simultánea a nueve economistas autorizados previamente por la defensa.
A partir de ahora, las visitas no familiares deberán tener autorización individual, no podrán superar las dos horas y estarán limitadas en frecuencia y cantidad.
El Tribunal también advirtió que un nuevo incumplimiento podría derivar en la revisión o revocación del beneficio de prisión domiciliaria, algo que generó fuerte repudio en su equipo legal.
El abogado Gregorio Dalbón calificó la resolución como “otra violación a los derechos humanos de @CFKArgentina” y cuestionó que se trate de “una restricción política deliberada dirigida contra la principal lideresa opositora de la Argentina”.
Además sostuvo: “Esto no es control penitenciario: es castigo. Y castigo selectivo”.
Para Dalbón, la medida implica “una sanción encubierta”, “arbitrariedad judicial” y un mecanismo de “amedrentamiento”.
En su descargo, afirmó: “La resolución es un retroceso jurídico inaceptable (…) una nueva manifestación del lawfare ejercido contra CFK. Una más y van…”.