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Entre conexiones policiales y rumores en la SIDE, la trayectoria del magistrado expone cómo funciona el subsuelo político-judicial del conurbano. Las «tertulidas de los viernes» y un entramado que reaparece cada vez que cambian los equilibrios del poder.
Terremoto en la SIDE: 130 despidos y la llegada de Auguadra reordenan el ecosistema de inteligencia
En la mañana del 27 de diciembre de 2024, el murmullo rutinario de la esquina de Colón y Almirante Brown, en Morón, se interrumpió por un alarido. Un hombre de mediana edad, robusto, camisa azul desprendida y la cara enrojecida, cruzó la explanada de los tribunales locales casi a los tropezones y se plantó frente a la escalinata. Extendió un brazo hacia la puerta, como si necesitara apuntalar el grito con el cuerpo entero, mientras un grupo de policías lo observaban desde unos metros sin dar un paso.
—¡Ahora el mundo va a saber! ¡Ahora el mundo va a saber de los asados! —vociferó, con la voz quebrada entre la furia y el llanto—. ¡Le arman causas a los narcos y el hijo de Rodríguez los defiende! ¡Anotá vos, que sos de acá! ¡El hijo de Rodríguez saca a los narcos que el padre mete presos…!
La escena duró apenas unos minutos. El hombre, fuera de sí, siguió descargando nombres propios como si arrojara piedras contra el frente de tribunales. Señaló el edificio, insultó a “estos hijos de puta, que son socios”, dejó flotando la palabra “Parque Leloir” como una pista inconclusa. Nadie intentó detenerlo. Cuando se quedó sin aire, se dio media vuelta y se fue tal como había llegado, con los dos agentes todavía inmóviles en la puerta.
Detrás de esa figura desencajada —se supo después de varios meses— estaba Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma y preso desde agosto pasado acusado de ser uno de los responsables de la distribución del fentanilo adulterado. El motivo coyuntural de su bronca era preciso: la Cámara de Apelaciones de Morón había rechazado su pedido para agravar la acusación contra un joven que golpeó a su hijo en un boliche de Hurlingham en 2022. Furfaro pretendía un procesamiento por tentativa de homicidio; la Justicia ratificó un juicio abreviado por lesiones.
Pero la escena de hace un año desbordó con mucho ese expediente familiar: en su descarga pública, el empresario no sólo cuestionó a los jueces que habían firmado la resolución, sino que apuntó directamente contra un engranaje que, a su juicio, enlaza al fuero federal de Morón con algunos de los nombres más pesados del mapa narco argentino.
Furfaro hizo referencia a Sebastián Rodríguez Barbaró, abogado, socio del penalista Fernando Arias Caamaño. Entre sus defendidos figuran Mario Segovia, el “Rey de la Efedrina”, condenado en abril a 13 años de prisión por liderar una asociación ilícita que contrabandeó un fusil y explosivos para bandas narcocriminales de Rosario, y Esteban Alvarado, quien cumple varias penas, la más grave a perpetua por liderar una organización dedicada al narcotráfico, ademas de otros actores del subsuelo narco. Rodríguez Barbaró es, a la vez, jefe de división en el Banco Central.
Ese nexo familiar condujo inevitablemente hacia el verdadero centro de gravedad del video: su padre, Jorge Rodríguez, juez federal de Morón desde 1994 y uno de los magistrados con mayor poder silencioso del Gran Buenos Aires.
Rodríguez es titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, con competencia en narcotráfico, delitos económicos, trata, contrabando y causas ambientales. A la trama de relaciones que acompaña su carrera se suma otro elemento que circula hace años en la familia judicial. El recorrido de Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora y protagonista de varios expedientes de inteligencia, se ata con frecuencia al de Rodríguez, a quien muchos describen como su referente generacional. En esos ámbitos lo llaman, con ironía, “el Canicoba del Conurbano”: un magistrado sin la exposición mediática de Comodoro Py, pero con un poder territorial que supera al de varios intendentes.
La genealogía judicial abona ese diagnóstico. Rodríguez inició su carrera en los años ochenta, nombrado por el radicalismo en una Defensoría Oficial, y ascendió a juez de Primera Instancia con el apoyo del camarista Luis María Cabral, a quien reconocen como su primer mentor político-judicial. Una de sus causas emblemáticas, en 1989, fue el sobreseimiento del entonces intendente Juan Carlos Rousselot, acusado de administración fraudulenta. Para quienes conocen el paño, ese recorrido marca una continuidad.
Desde 2012, por decisión de la Corte Suprema bajo la presidencia de Ricardo Lorenzetti, Rodríguez supervisa una de las porciones más sensibles del expediente “Mendoza” sobre el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo tras el desplazamiento del juez de Quilmes, Luis Armella. Ese gesto, señalan fuentes judiciales, lo colocó en un escalón de confianza dentro del máximo tribunal y le dio un protagonismo inusual en temas donde confluyen empresas, municipios y organismos estatales.
Pero la influencia del juez se construyó también en espacios menos visibles. Desde hace años que organiza asados y fiestas —algunos aseguran que incluso de disfraces—, que reunen a jueces federales, fiscales, operadores del conurbano, intendentes y mandos policiales. En cada uno de esos eventos no suele faltar la figura del cura, encargado de dar la bendición. Uno de sus cumpleaños más comentados tuvo lugar en 2016 en la quinta Vaccarezza, en Udaondo, escenario recurrente de sus denominadas “tertulias de los viernes”.
La última tuvo lugar anteayer, a modo de cierre del año. Y fue una demostración de escala y de alineamientos políticos difíciles de ver en público. Más de seiscientas personas circularon por los senderos y livings dispuestos alrededor del parque: jueces federales, intendentes del conurbano, gobernadores, sindicalistas de peso, funcionarios nacionales y operadores de todos los espacios. Había islas de comidas que iban de carnes a pastas, estaciones de cocina en vivo y champagne sin interrupciones.
Entre los invitados sobresalió un grupo que alteró el tono de la noche: Santiago Caputo, acompañado por parte de su mesa chica, se movió con naturalidad entre fiscales, dirigentes y empresarios. Su presencia, confirmada a elDiarioAR por varios asistentes, funcionó como confirmación de la amplitud de la red que orbita alrededor de Rodríguez.
La celebración se extendió hasta bien entrada la madrugada, con música en vivo y conversaciones que oscilaron entre el brindis festivo y las negociaciones informales: una postal precisa del tipo de sociabilidad que acompaña el peso real del juez en la política ya no solo bonaerense, sino nacional. Un punto de encuentro privilegiado donde se procesan lealtades, se tantean alianzas y se recalibran jerarquías en el nuevo mapa de poder.
El detalle del lugar de la fiesta no pasaría de ser folclórico si no fuera porque la quinta Vaccarezza pertenece al CEAMSE —hoy presidido ni más ni menos que por Claudio “Chiqui” Tapia, el titular de la AFA—. Es justamente uno de los organismos que el juzgado de Rodríguez debe supervisar en el marco del Riachuelo. En los pasillos, ese gesto se interpreta como la mejor radiografía de su sociabilidad política: un juez que circula con naturalidad entre funcionarios, comisarios y empresarios, incluso en espacios donde los límites institucionales deberían ser nítidos.
A ese ecosistema, según pudo saber elDiarioAR, también se suma su vínculo de larga data con la Policía Bonaerense. Diversos funcionarios lo describen como un “nodo estable” entre la justicia federal del oeste y los mandos de la fuerza provincial. No se trataría de subordinación sino de intercambio: información, territorios, investigaciones cruzadas, contención política.
Ese mismo perfil es el que explica su cercanía con el peronismo municipal, cuya estructura policial y política se entrelaza con muchos de los expedientes que pasan por Morón. En 2013, una investigación por corrupción desnudó un circuito paralelo de favores entre mandos de la Policía Federal, estudios jurídicos privados y sectores de la justicia federal del conurbano, expuso la fluidez de esos vínculos.
Instruida por el juez Juan Ramos Padilla, reveló que el comisario Marcelo Emilio Pecorelli negociaba defensas, agilización de expedientes y contactos judiciales a cambio de dinero, y que en ese esquema habría incorporado al hijo de Rodríguez a su estudio jurídico. Las escuchas registraron conversaciones donde el magistrado aparecía gestionando vínculos con intendentes y empresarios investigados por ACUMAR, mientras su hijo Sebastián intervenía en causas sensibles.
La reaparición pública, involuntaria, de Rodríguez ocurrió en un momento en el que su nombre ya circulaba, en voz baja, en otra esfera de poder: la del reordenamiento de la inteligencia durante el primer año de gobierno de Javier Milei. En ese mundo, donde los rumores operan como moneda corriente y las lealtades rara vez son lineales, el apellido Rodríguez volvió a escucharse en noviembre de 2024, cuando la Casa Rosada buscaba redefinir el mando de la División de Asuntos Internos (DAI) de la SIDE.
Antes de que el contador —y hoy flamante Señor 5— Cristian Auguadra fuera finalmente designado al frente del área encargada de auditar al propio aparato de inteligencia, una de las versiones que circuló con fuerza señalaba al juez como posible candidato. En Balcarce 50 y en el ecosistema de espías retirados y activos, la hipótesis no sonaba descabellada: Rodríguez, moronense como Auguadra, tenía una larga relación con sectores de la Bonaerense, vínculos fluidos con operadores judiciales que frecuentan sus asados y un historial de contactos con áreas de seguridad que, para algunos, lo convertían en un “puente natural” hacia la estructura más sensible del Estado.
Un año después, otro episodio volvió a ponerlo sobre el tapete: la sospecha de que un abogado cercano a Rodríguez habría participado en el operativo nocturno frente a la casa del ahora extitular de la SIDE, Sergio Neiffert, en el momento más delicado de la interna del organismo. Desde entonces, la pregunta circula con mayor insistencia: ¿qué lugar ocupa el juez en el entramado de influencias que se teje alrededor del gobierno de La Libertad Avanza? ¿Es un magistrado que orbitó ocasionalmente la inteligencia, o un operador con más peso del que figura en los organigramas?
En la lógica del gobierno de Milei, donde las lealtades se recalibran de forma constante y las internas definen quién cae y quién asciende, la figura de Rodríguez reapareció como un eco de otra época. La historia reciente de Milei sugiere que eso nunca es casual. Y que el silencio del juez, lejos de disipar versiones, funciona como confirmación involuntaria de que su sombra, para bien o para mal, sigue proyectándose sobre algunos de los rincones más delicados del Estado.
PL/MG