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La comisión especial por la causa cripto resolvió también citar al vocero Manuel Adorni y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El oficialismo acusó a los opositores de crear un “Poder Judicial paralelo».
La comisión investigadora por el caso $LIBRA tendrá la capacidad de traer funcionarios por la fuerza pública. Esta facultad, que fue aprobada por la nueva mayoría opositora de la comisión, está hecha a la medida de la citación de Karina Milei: la hermana presidencial, ubicada en el ojo de la tormenta de todas las denuncias de corrupción que salpican al Gobierno, estará obligada a comparecer a dar explicaciones. Si se niega, la oposición podrá apelar a la jueza Romilda Servini para que la obligue.
Karina no será la única citada. Después de cuatro meses de bloqueo, la oposición logró reactivar la comisión investigadora por el caso de la criptomoneda promocionada por Javier Milei. Y arrancó con los tapones de punta: citó a una veintena de funcionarios nacionales y de empresarios del mundo cripto. Hasta el traductor de Casa Rosada fue citado. Se amagó, incluso, con interpelar al Presidente, pero se terminó optando por avanzar primero con una vía intermedia: un cuestionario de preguntas que tendrá que responder, por vía escrita, la semana que viene.
Además de la secretaria de la Presidencia, la oposición resolvió citar al vocero Manuel Adorni y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En el caso de que se nieguen, la comisión podrá solicitarle al juez de turno que los lleve por la fuerza: esta facultad, replicada del manual de la comisión de Juicio Político, fue fijada en el artículo 8 del reglamento: “En caso de que un funcionario público, debidamente citado, no comparezca a prestar declaración testimonial ante la comisión, ésta podrá solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para garantizar su comparecencia personal.
El nuevo reglamento fue aprobado por 14 votos a favor y 2 abstenciones. El oficialismo y sus aliados, entre los que se encuentran los diputados del PRO y la UCR, optaron por denunciar la invalidez de la comisión: dieron el presente, acusaron a la oposición de crear un “Poder Judicial paralelo”, desconocieron el nuevo reglamento y, cuando llegó el momento de votar las citaciones, abandonaron la sala. Hubo solo dos rebeldes: el “radical con peluca” Mariano Campero y la salteña Yolanda Vega.
“Uno hace lo posible por ayudar, pero hay que dejar de cometer errores no forzados”, deslizó el tucumano Campero que, sin quitar los pies del plato, optó por mandarle una advertencia al Gobierno.
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MC/MC
