La Justicia argentina ha puesto bajo la lupa el patrimonio del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras revelaciones que apuntan a un controvertido préstamo de policías a Adorni por un monto de 100.000 dólares. Este financiamiento, que involucra a una comisaria retirada y su hija, se vincula directamente con la adquisición de propiedades por parte del funcionario y ha encendido las alarmas sobre la transparencia en el origen de sus fondos. La investigación busca determinar la correspondencia entre la evolución patrimonial de Adorni y sus ingresos declarados, en un escenario que exige máxima claridad por parte de los funcionarios públicos.
El testimonio clave de la escribana
Un giro significativo en la causa lo aportó la escribana Adriana Nechevenko, quien amplió su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita en Comodoro Py. Nechevenko confirmó haber sido el nexo entre Adorni y las prestamistas, una policía retirada y su hija, para un crédito de 100.000 dólares con una tasa de interés del 11% anual. Según su testimonio, este préstamo, garantizado con una hipoteca sobre un departamento de Adorni en Parque Chacabuco, se realizó el mismo día que su esposa adquirió una casa en el country Indio Cuá. La escribana, que intervino en varias operaciones inmobiliarias del funcionario, aseguró que Adorni cumple con el pago de intereses y que ella no cobró comisión por la intermediación, defendiendo la normalidad de las transacciones. Sin embargo, la modalidad de financiación mediante hipotecas privadas de tal magnitud es considerada poco usual y ha generado interrogantes.
Más allá del préstamo inicial: otras operaciones bajo examen
La investigación no se limita únicamente al préstamo de las policías. La fiscalía de Pollicita también ha convocado a otras cuatro mujeres que habrían financiado en dólares dos operaciones inmobiliarias adicionales en el barrio de Caballito. Claudia Sbabo y Beatriz Viegas aparecen vinculadas a la adquisición de un departamento en la calle Miró, donde Adorni residiría, mientras que Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio figuran en otra operación sobre una propiedad en la calle Asamblea. Estas hipotecas privadas, por su volumen y particularidad, son objeto de un análisis exhaustivo para reconstruir el origen de todos los fondos utilizados en las distintas adquisiciones. La Justicia busca establecer si existe un patrón en el financiamiento de estas propiedades y si los montos se condicen con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete.
La exigencia de transparencia en la función pública
El caso de Manuel Adorni subraya la importancia de la transparencia en la gestión de los bienes de los funcionarios públicos. Las explicaciones brindadas hasta el momento, aunque la escribana insista en la “normalidad” de las operaciones, no han disipado las dudas sobre el origen de los 100.000 dólares y el resto de los fondos. La sociedad argentina, y en particular los medios independientes, demandan que se esclarezca cada detalle de estas transacciones. La investigación judicial en curso determinará si las operaciones inmobiliarias de Adorni se ajustan a la legalidad y a la ética que se espera de quienes ocupan cargos de alta responsabilidad en el Estado.
Fuentes consultadas
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