Las deudas y las tarifas ahogan el bolsillo de la clase media

César, empresario gastronómico, está agobiado por sus empleados. Cuando les paga el sueldo, la tarjeta de crédito les deja la cuenta en cero. Y tampoco tiene margen para remunerarlos mejor porque el restaurante en zona norte del conurbano va para atrás. Encima teme que todo vaya a peor ahora que en enero se quitan los subsidios a la luz y el gas a 7,5 millones de hogares. La clase media está ahogada entre los aumentos de tarifas y el endeudamiento al que recurre hasta para pagar los alimentos en el supermercado.

La morosidad bancaria de las familias alcanzó en octubre pasado el 7,8% de la cartera crediticia, el mayor nivel desde que 15 años atrás el Banco Central estandarizó el dato. En los préstamos no bancarios, que abarca desde billeteras virtuales como NaranjaX y Mercado Pago hasta financieras y casas de electrodomésticos, la irregularidad llega al 20,2%, según un informe de la consultora Eco Go, de Marina Dal Poggetto, sobre la base de datos de la autoridad monetaria.

A su vez, antes de la quita de subvenciones a la energía de enero, el gasto en servicios públicos en general había subido en los últimos cuatro años, entre el final del gobierno peronista y el inicio del libertario, del 4,8% del salario privado registrado al 8,8%, según Eco Go. “Esto está pegándole de lleno a la clase media”, observa Dal Poggetto. De todos modos, señala que en el gobierno de Mauricio Macri este gasto llegó a representar el 13% del sueldo. “Y eso que ahora hay una baja de subsidios más agresiva. Pero el desarrollo de Vaca Muerta te ayudó a bajar los costos locales”, se refiere a la sustitución de la importación de gas y a que, en lugar de asegurar una remuneración del gas en boca de pozo argentino de US$6,50 el millón de BTU (unidad de medida), como quería el ministro de Energía de Macri, Juan José Aranguren, el plan Gas de la anterior administración retribuye US$3,40.

“Tengo un plan de pagos de agua que termina en febrero; deuda con el gas, con envío de telegrama de aviso de suspensión de servicio incluido; dos cuentas pendientes de la luz, el ABL (alumbrado, barrido y limpieza) ni lo puedo pagar…”, lamenta Cecilia Montenegro, vecina de la Comuna 1 de la ciudad de Buenos Aires, que vive con su hijo con discapacidad. Al comienzo del gobierno de Milei perdió la asignación universal por hijo porque una auditoría determinó que el padre del niño estaba trabajando en blanco. Después de una acción legal la recuperó casi dos años después. Pero en el medio debió buscar changas para sobrevivir, pero sin dejar de cuidar a su hijo: desde la limpieza de su edificio hasta el paseo de perros. Tampoco pudo conseguir algo mejor a su edad, a los 57 años. “Lo poco que me entraba fue sólo para comida y cada tanto pagar un puchito de los servicios”, completa Cecilia.

“Dejé de pagar literalmente las tarjetas y préstamos”, cuenta Flavia Pérez, vecina de Claypole de 54 años, que trabaja en un comercio del Microcentro porteño y cobra un sueldo de $1 millón. Tiene un hijo de 14 años y convive en casa de su madre jubilada, que cobra la mínima, y también con su hermana, empleada administrativa. “Comencé pagando el mínimo de la tarjeta, hasta que en un momento me fue imposible seguir pagando, pedí préstamos en el banco y en Frávega”, relata Flavia.

Federico González Rouco, economista de la consultora Empiria, espera, pese a todo, que en 2026 el ingreso disponible, que es el que queda en el bolsillo tras pagar los gastos fijos, mejore levemente respecto de 2025 porque las jubilaciones y otros ingresos están atadas a la inflación pasada con una perspectiva de que a futuro baje de forma paulatina. González Rouco prevé que la quita de subsidios impacte en el ingreso disponible, pero considera que este estaba “artificialmente” inflado por esas ayudas. En Empiria no incluyen el endeudamiento en ese concepto, pero González Rouco observa que el récord de morosidad “es por un motivo positivo, la aparición del crédito, y otro poco por la necesidad de financiar gastos corrientes”.

En cambio, Pablo Moldovan, socio de C-P Consultora, sigue viendo “un escenario dificil para los ingresos”. “No hay muchos motivos para ser optimista, porque el programa de desinflación necesita reprimir ingresos para sostener precios controlados”, advierte sobre las pobres paritarias que están pactándose. Con el proyecto de ley de flexibilización laboral, que prevé que la negociación salarial sea por empresa y no por sector, el poder de los trabajadores disminuirá aún más. En un informe de la consultora que comparte con Federico Pastrana, advierte que cae el empleo formal y crece el informal, donde hay menos salarios, además de peores condiciones de trabajos y sin derechos laborales.

“El escenario es complejo”, coincide Pedro Gaite, economista de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE). “Los salarios están muy bajos en la comparación histórica, el empleo es cada vez más precario, es cada vez más difícil llegar a fin de mes, lo que se refleja en el aumento de la deuda para gastos corrientes y de la morosidad. Es complejo para las personas y para las empresas, sobre todo para las pymes”, apunta a que estas les venden a aquellas. “No hay perspectiva de que mejore significativamente en el corto plazo porque la inflación aumenta desde hace seis meses, el tipo de cambio dejaría de funcionar como ancla (antiinflacionaria), los aumentos de tarifas se van a profundizar en los próximos meses. El salario real va a seguir cayendo. De hecho, el ancla salarial probablemente sea la más importante. Mientras, el empleo se sigue deteriorando porque la industria está destruyéndose y el comercio también”, describe Gaite.

El exdiputado y exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo viene advirtiendo hace años sobre el endeudamiento, sobre todo con prestamistas en los sectores populares. “La gente se endeuda y reendeuda, toma una deuda para tapar la anterior, por tres cuestiones: los gastos fijos, que son luz, agua, alimento y transporte, y eso es en esencia lo que ha crecido y complica cada vez más a la clase media; sigue siendo caro comer para los argentinos, en especial para las familias pobres; y también son caros los medicamentos, que están desregulados, pesan más si hay jubilados en el hogar y afectan a las clases baja y media. El sobreendeudamiento de las familias va a terminar generando algún conflicto social en la Argentina porque está convirtiéndose en un cuello de botella y no hay ninguna política para desendeudarlas”, vaticina Arroyo.

En los bancos consideran que para reducir la morosidad se necesita que bajen aún más las tasas de interés, que se fueron por las nubes en la última campaña electoral, que crezca la economía y que baje la inflación. En esas entidades ofrecen refinanciaciones a los morosos. Pero clientes como Rosa, empleada doméstica de Lanús, se las ve en figuritas para pagar sus múltiples deudas porque si deposita un ingreso para pagar una de sus tarjetas inmediatamente la entidad se la absorbe para saldar otro pasivo.

“En donde nosotros trabajamos, centros de Jubilados de La Matanza, el sobreendeudamiento es moneda corriente y en las peores condiciones, en el circuito informal”, describe Pedro Bussetti, presidente de la organización Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco). “Al no haber más créditos de ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) a tasa subsidiada y no poder acceder al crédito bancario, por no reunir los requisitos o por estar en el Veraz, se recurre a los financiamientos más usurarios. A esto se le sumó que este mes por decisión del ENRE (Ente Nacional de Regulación de la Electricidad) se implementó el nuevo ciclo de facturación de Edenor y a la gente le llegan facturas con el consumo de 60 dias, abultadísimas. Un nuevo ingrediente para aumentar el sobreendeudamiento”, avisa Bussetti sobre los vecinos de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano. Peor estará el clima cuando comiencen a llegar las boletas de enero.

AR/MF