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La acusación apuntaba contra la empresa Real Central SRL, a cargo de Ana Lucía Conte y Luciano Pantano, y sus supuestos vínculos con los dirigentes de la AFA Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino.
El juez federal Daniel Rafecas había solicitado una serie de medidas a distintos organismos estatales y desde la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) llegó la información de que, a pesar de la denuncia, Real Central había ingresado al blanqueo propuesto por el gobierno durante el año pasado, lo que generó que se regularizara su situación fiscal.
Además aclararon que Pantano no es monotributista como se señalaba en los dichos de los dirigentes ‘lilitos’, Matías Yofe y Facundo del Gaiso, sino que desde hace más de cuatro años está bajo el régimen de autónomo, cuyas condiciones son distintas.
Rafecas hizo lugar a varias de las medidas que habían solicitado los denunciantes, que incluían una casa en Pilar donde estarían los autos de los supuestos involucrados, y habría un helipuerto sin autorización que recibiría helicópteros en forma constante.
Pero las autoridades judiciales recibieron desde la propia Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) un documento donde se señala que el helipuerto estaba autorizado para funcionar, ya que cuenta con un permiso provisorio en regla.
Por otra parte, durante el operativo judicial se inspeccionó la casa, donde se encontraron los autos con sus correspondientes documentos, que ya son parte del expediente, a pesar de que había trascendido lo contrario.