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El oficialismo admite errores en el artículo que modifica el régimen de enfermedades, mientras aliados claves piden cambios. Las correcciones obligarían a que el proyecto vuelva al Senado y compliquen el calendario que buscaba convertirlo en ley antes de la Asamblea Legislativa.
El Gobierno enfrenta un obstáculo inesperado en su estrategia para aprobar con rapidez la reforma laboral: el régimen de licencias médicas incluido en el proyecto generó resistencias políticas y obligará a introducir modificaciones que podrían demorar la sanción definitiva.
La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció públicamente fallas en la redacción del artículo 44, que modifica la Ley de Contrato de Trabajo. “Tuvimos un error, porque la ley original no distingue entre enfermedades”, admitió, y aseguró que el texto será corregido. La intención es excluir de cualquier recorte salarial a las afecciones “graves o degenerativas”.
El cambio no es menor. Si Diputados introduce modificaciones —algo que ya se da por hecho— la iniciativa deberá regresar al Senado, alterando el cronograma del Ejecutivo, que aspiraba a tener la norma aprobada en cuestión de días.
El artículo cuestionado establece que los trabajadores que sufran una enfermedad o accidente no laboral percibirían el 50% de su salario si la imposibilidad de trabajar se vincula a una actividad considerada riesgosa y voluntaria. El pago subiría al 75% cuando se trate de un imprevisto, como un accidente doméstico.
Uno de los puntos más criticados fue la falta de contemplación explícita para enfermedades graves —como el cáncer— que suelen requerir licencias prolongadas. Ante la polémica, el oficialismo evalúa mantener el goce de sueldo en esos casos, aunque con una “corroboración concreta y fehaciente”.
El esquema también endurece los controles: los certificados deberán estar firmados digitalmente e incluir diagnóstico, tratamiento y días de reposo. El empleador conservará la posibilidad de solicitar una evaluación médica propia y, de persistir diferencias, convocar a una junta.
Las objeciones no provienen solo de la oposición. El PRO, cuyos votos son necesarios para la aprobación en Diputados, advirtió que el capítulo debe revisarse.
El jefe del bloque, Cristian Ritondo, señaló que la reducción de los plazos de licencia paga y el nuevo esquema de remuneración —que deja de garantizar el 100% del salario durante la enfermedad— “pueden terminar perjudicando a los trabajadores”. Si bien el espacio se mostró dispuesto a avanzar con la ley, planteó la necesidad de una redacción “más equilibrada”.
En la misma línea, el diputado Martín Yeza afirmó que el artículo fue incorporado “a la medianoche del propio tratamiento” y anticipó que, tal como está, no lo acompañarían. Los bloques dialoguistas, de todos modos, negocian alternativas con el oficialismo para destrabar la aprobación.
Bullrich defendió el espíritu de la medida al vincularla con lo que definió como una “mafia en los certificados médicos” y con un nivel de ausentismo que ubicó en torno al 15%. Según sostuvo, la reforma apunta a reforzar controles y reducir prácticas fraudulentas.
El oficialismo ya descartó resolver la controversia por decreto o mediante una ley correctiva posterior. La hoja de ruta ahora es modificar el artículo en comisiones, obtener la media sanción en Diputados y convocar de inmediato al Senado para emitir un nuevo dictamen.
El objetivo político es ajustado: que la ley esté aprobada antes de la apertura de sesiones ordinarias para exhibirla como uno de los principales logros legislativos. Sin embargo, la discusión sobre las licencias médicas introdujo un factor de incertidumbre en un trámite que el Gobierno imaginaba sin sobresaltos.
Así, un capítulo técnico terminó convirtiéndose en la principal amenaza para el plan de aprobación exprés de la reforma laboral, al obligar al oficialismo a renegociar apoyos y recalcular tiempos en el Congreso.