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Durante una reunión de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo que se reunió en el Senado para reanudar el proceso de designación del Defensor del Pueblo y del Procurador Penitenciario, la diputada quiso poner en duda la compatibilidad de los funcionarios y para basar su pregunta leyó un artículo de ley pero todavía no entendió lo que leía.
Después de que leyó los requisitos e incompatibilidades para ser parte del Consejo de la Magistratura, la diputada se preguntó cómo podía ser que había candidatos que eran legisladores, ex legisladores y hasta jueces.
Anabel Fernández Sagasti, con una paciencia envidiable, le tuvo que explicar que esas incompatibilidades eran para ser parte del Consejo y no para candidatearse al mismo. Era tan obvio que nadie hubiera pensado que había que aclararlo.