Los recientes movimientos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, al adherir al Régimen Simplificado de Ganancias en el marco de la flamante Ley de Inocencia Fiscal, desatan una ola de interrogantes sobre la transparencia en la función pública. En un contexto donde la exigencia de probidad es más alta que nunca, la elección de este mecanismo por parte de figuras clave del gobierno genera suspicacias y pone a prueba la promesa de una nueva ética política.
Un mecanismo bajo la lupa
La Ley 27.799, impulsada por el propio gobierno, habilita un régimen que permite regularizar ingresos y activos no declarados previamente sin la aplicación de sanciones penales o antecedentes impositivos. Aunque la Casa Rosada insiste en que la adhesión de Adorni busca “simplificar la presentación” de sus declaraciones juradas, la coincidencia con una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y la prolongada demora en la difusión de su patrimonio personal, tiñen esta decisión de un manto de opacidad.
El momento oportuno y sus implicancias
La solicitud de Adorni a la Agencia de Recaudación y Control Aduanera (ARCA) se produjo en tiempo de descuento, justo cuando la lupa judicial se posa sobre sus finanzas. Este régimen, que reduce el nivel de detalle exigido en comparación con las declaraciones tradicionales, facilita la declaración de ingresos, gastos y deducciones, y elimina la obligación de justificar variaciones patrimoniales. Si bien no blinda contra investigaciones por delitos no tributarios, como el enriquecimiento ilícito, su utilización en este preciso momento levanta sospechas sobre la verdadera intención detrás de la “simplificación”.
Trayectoria económica y la declaración pendiente
Los registros de ARCA muestran que Adorni ha mantenido diversas actividades económicas a lo largo de más de una década, desde servicios personales hasta asesoramiento empresarial y actividades de agencias de noticias. La tardanza en la presentación de su declaración jurada patrimonial, prometida hace más de un mes por el propio Presidente, se ha convertido en un punto de presión política. La adhesión a este régimen simplificado, en lugar de disipar las dudas, parece añadir una capa más de complejidad a una situación que exige máxima claridad.
Transparencia versus “simplificación”
En NoticiaHub creemos que la función pública demanda un estándar de transparencia innegociable. Cuando un funcionario de alto rango opta por un régimen que, si bien legal, permite una menor exposición de su situación patrimonial en medio de cuestionamientos, el mensaje que se envía a la ciudadanía es preocupante. La “simplificación” no puede ser un eufemismo para la opacidad. Es imperativo que el gobierno y sus funcionarios demuestren con hechos su compromiso con la rendición de cuentas, despejando toda sombra de duda sobre el origen y la evolución de sus patrimonios.