Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Según estadísticas oficiales, ya fueron sentenciadas 1.200 personas por delitos de lesa humanidad desde 2006. Actualmente hay 539 personas detenidas, de las cuales 454 se encuentran en su casa. Diputados de LLA visitaron a Astiz para que vaya a una cárcel VIP y la jugada de la Corte.
El ministerio de Bullrich, “atento” a un operativo por la marcha en Plaza de Mayo que exige liberar represores
La convocatoria de este sábado en Plaza de Mayo para pedirle al gobierno de Javier Milei la liberación de los represores se enmarca en una postura negacionista de los juicios por la verdad, que desde 2006 ya significaron la condena de 1.200 personas, entre militares y civiles, acusados de cometer delito de lesa humanidad durante la última dictadura.
La manifestación organizada por la hermana de un diputado de La Libertad Avanza y de militares retirados –y con la asistencia de un represor condenado con domiciliaria–, reclama por los que consideran “presos políticos”. En su narrativa hablan de “patriotas cautivos” o “veteranos de las dos guerras”, en referencia al conflicto de Malvinas y la lucha “contra la subversión”.
“Nuestros viejos son enfermos que se mueren en las cárceles”, dijeron a elDiarioAR desde la agrupación Pañuelos Negros, que coordina Asunción Benedit, hermana del diputado nacional Beltrán Benedit. La frase no se condice con la realidad: según datos oficiales, actualmente hay 539 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad, de las cuales 454 se encuentran en arresto domiciliario. De los últimos diez años, 2025 es el segundo con menos personas detenidas por delitos de lesa humanidad.
De los últimos diez años, 2025 es el segundo con menos personas detenidas por delitos de lesa humanidad.
Es decir, alrededor del 84% de las personas detenidas cumplen la pena en sus casas. Uno de los casos es Orlando “Hormiga” González, represor del Grupo de Tareas de la ESMA, que hasta el lunes pasado formaba parte del grupo coordinador de la protesta de este sábado. En diálogo con elDiarioAR llegó a admitir que no iría a la manifestación “por estar con la domiciliaria”. “Tampoco tengo interés en ir. Yo colaboré ya que piden también por mí”, agregó. Luego publicó un documento en el que se corrió del grupo por diferencias en la organización.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informa en su web que, desde 2006, 1.202 personas fueron condenadas y 213 resultaron absueltas en 353 sentencias por la represión estatal durante la dictadura. “La estadística es el resultado de la actualización trimestral de las principales variables relacionadas al juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado, a partir de la sistematización y el procesamiento de datos que realiza la procuraduría especializada de la información remitida por las fiscalías federales y unidades fiscales que intervienen en estos procesos en todo el país”, explican en Fiscales.gob.ar.
Los datos actualizados al 18 de septiembre pasado indican también que 60 causas fueron elevadas a juicio oral y público, otras 280 transitan la etapa de investigación preliminar y que actualmente se realizan 13 juicios orales y públicos en diferentes jurisdicciones.
La procuraduría relevó que en este contexto hay 356 procesados/as y 177 en el estadio intermedio de la falta de mérito. Otras 75 personas fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal, mientras que 103 fueron sobreseídas. En tanto, suman 502 los/as imputados/as por el Ministerio Público Fiscal que aún no fueron indagados.
En los procesos por crímenes de lesa humanidad hay 539 personas privadas de su libertad. De estas últimas, 454 se encuentran en arresto domiciliario, 63 en la Unidad Penitenciaria N°34 de Campo de Mayo, y 22 en cárceles de los servicios penitenciarios federales y provinciales.
«El Hormiga» González, Asunción Benedit, Guillermo Sottovia y María Laura Olea, detrás de la convocatoria al 29 de noviembre en Plaza de Mayo por la libertad de los represores.
Los casos en Campo de Mayo son los más cuestionados, porque se trata de una cárcel considerada “VIP” para los represores. Allí fueron trasladados justamente el año pasado un grupo de represores encabezado por Alfredo Astiz que hasta entonces permanecían en un pabellón de mujeres en la cárcel de Ezeiza. El beneficio lo obtuvieron gracias a la gestión del gobierno de Javier Milei.
Fueron visitados por diputados de La Libertad Avanza en una comitiva que lideró Beltrán Benedit –recordemos, el hermano de Asunción, de Pañuelos Negros–. Y tuvieron la venia del ministro de Defensa, Luis Petri –porque Campo de Mayo es unidad penitenciaria que está dentro de la guarnición militar–, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –que conduce el Servicio Penitenciario Federal–.
El grupo de diputados libertarios se fotografió con los represores, que fueron trasladados en mayo de 2024: además de Astiz, aparecen Mario “El Cura” Marcote, Miguel Britos, Honorio Carlos Martínez Ruíz, Raúl Guglielminetti, Julio César Arguello, Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo), Juan Manuel Cordero, Gerardo Arraez, Adolfo Donda, Antonio Pernías y Juan Carlos Vázquez Sarmiento, quien luego falleció.
El grupo de diputados libertarios con represores en la cárcel de Ezeiza, el año pasado.
“Nosotros pedimos la libertad de todos. No son crímenes de lesa humanidad, sino de venganza total. Habría que reveer muchas causas”, afirmaron desde Pañuelos Negros. Desde la agrupación negacionista denunciaron en el Consejo de la Magistratura a jueces que firmaron sentencias por lesa humanidad y también le enviaron pedidos escritos al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños; a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y al Procurador General, Eduardo Casal.
Los negacionistas se sienten protegidos por el aval mileísta a la última dictadura: “Ahora podemos hablar con el gobierno de Milei. Tenemos libertad. Después qué es lo que va a hacer el Presidente, no sabemos”, dijo a este medio la voz consultada, que pidió expreso anonimato. El libertario dijo en el debate presidencial de 2023 que durante los 70 solo hubo “excesos por parte de las Fuerzas Armadas”, cuestionó la cifra de 30.000 y el apoderado de LLA, Santiago Viola, también es abogado de cómplices de la represión en la ex ESMA.
En las últimas semanas la Corte Suprema le hizo un guiño a los represores al fallar que los acusados no pueden estar más de tres años en prisión preventiva. El máximo tribunal se quejó de las demoras en las causas de lesa humanidad. Según estadísticas oficiales, el promedio de espera de veredicto es de 11 años, y el debate oral más largo ya lleva casi 4 años.
El 11 de noviembre pasado la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata rechazó la aplicación del reciente precedente “Castillo” de la Corte Suprema frente a las presentaciones formuladas por cuatro detenidos por crímenes de lesa humanidad para que se les otorgue el cese de la prisión preventiva. Una semana antes, se rechazó el pedido de salidas transitorias al sacerdote católico Christian Von Wernich, condenado en 2007 a reclusión perpetua.
MC/CRM