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La Verificación Técnica Vehicular (VTV) ha sido, durante años, un requisito ineludible para circular por las calles y rutas de la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Concebida originalmente como una herramienta para garantizar la seguridad vial y reducir los accidentes provocados por fallas mecánicas, hoy se encuentra en el centro de una fuerte controversia.
Diversos sectores han comenzado a cuestionar la efectividad real del sistema actual, poniendo en duda si el control cumple con su objetivo primordial. Para el conductor promedio, el trámite de la VTV suele ser sinónimo de pérdida de tiempo, burocracia y, sobre todo, un golpe directo al bolsillo. En un contexto económico donde cada gasto se analiza con lupa, ha surgido una propuesta que busca patear el tablero y eliminar esta obligatoriedad tal como la conocemos.
CUÁL ES LA PROPUESTA DE ELIMINAR LA VTV EN BUENOS AIRES
La iniciativa para suprimir la Verificación Técnica Vehicular fue presentada por el diputado Andrés De Leo, integrante de la Coalición Cívica ARI. El legislador fundamenta su postura afirmando que la VTV no influye significativamente en la reducción de la mortalidad vial, dado que la gran mayoría de los siniestros se originan por imprudencias humanas o por el deficiente estado de las rutas.
El proyecto destaca que más del 99% de los accidentes de tránsito están vinculados a esos factores, mientras que los desperfectos mecánicos representan una cifra marginal, lo que vuelve injustificable el costo obligatorio impuesto a los propietarios de vehículos.
Mientras la propuesta transita el camino legislativo, el marco normativo actual continúa plenamente operativo y con sanciones económicas severas. En la Provincia de Buenos Aires, las multas por circular sin la verificación pueden oscilar entre los $542.100 y los $1.807.000, dependiendo de la reincidencia y la gravedad del caso. Actualmente, los costos del servicio en territorio bonaerense son de $97.057,65 para autos de hasta 2.500 kg, $38.801 para motocicletas y $174.604 para vehículos pesados, con una periodicidad anual a partir de los dos años de antigüedad o los 60.000 kilómetros.
Por el momento, la obligatoriedad se mantiene firme en la Provincia y los operativos de control en rutas y accesos seguirán activos durante todo el año 2026 hasta que se llegue a una resolución definitiva en la legislatura.