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Sin el Presidente, la mesa política del Gobierno confirmó un giro pragmático tras negociar con los mandatarios aliados. También aceptaron recortar artículos. Se abre un escenario parlamentario encaminado para el oficialismo.
La quinta reunión del año de la mesa política se convirtió en el punto de validación final de los cambios en la reforma laboral que el oficialismo negoció contrarreloj con la oposición dialoguista. Sin la presencia de Javier Milei y a horas de una sesión clave en el Senado, el ala política del Gobierno logró imponer una lógica pragmática sobre los sectores más duros: mejor una ley aprobada que el riesgo de un nuevo traspié legislativo.
Finalmente, Luis “Toto” Caputo habría habilitado uno de los principales gestos hacia los gobernadores: postergar la discusión sobre la rebaja del impuesto a las Ganancias para empresas, un punto sensible porque impacta en la coparticipación federal. Aunque en el Ministerio de Economía se encargaron durante el último tiempo de relativizar el costo fiscal del artículo 191 del proyecto, en la Casa Rosada reconocen que, si ese punto se mantenía sin cambios, existía el riesgo de que los senadores aliados lo rechazaran.
Santilli y Bullrich en el búnker libertario. Ambos se convirtieron en figuras clave del esquema libertario a la hora de las negociaciones.
En ese sentido, según comentaron a elDiarioAR fuentes informales, algunos mandatarios habrían propuesto postergar la reducción durante dos años y aplicarla en etapas, a través de un proyecto fiscal separado de la reforma laboral. La alternativa buscaría aliviar el costo inmediato sobre las arcas locales sin romper el alineamiento político con la Casa Rosada. Sin embargo, nadie confirmó oficialmente ese planteo.
El movimiento pragmático respondió, en buena medida, a la presión que desde hace semanas venían ejerciendo los gobernadores aliados a través de sus bloques en la Cámara alta. Diego Santilli, uno de los principales articuladores del diálogo federal, fue además quien advirtió puertas adentro sobre los riesgos de sostener una postura inflexible. Hasta último momento siguió atendiendo reclamos provinciales: ayer recibió al chaqueño Leandro Zdero, tras un mes en el que se embarcó en una gira que lo llevó a visitar casi una decena de provincias.
El texto definitivo de la reforma permanece bajo estricto hermetismo para evitar nuevas presiones sectoriales en la antesala de la votación. Así lo plantean en el Gobierno, con una Patricia Bullrich convertida en jefa del bloque libertario en el Senado, que se adjudica ser la artífice del acuerdo político tras comprometer la eliminación de más de una veintena de artículos del proyecto original. “Hicimos una construcción colectiva con todos los senadores. Tenemos una buena cantidad de votos para la Modernización Laboral”, sostuvo ayer en X. Este martes desde las 14 la exministra protagonizaba una reunión de Labor Parlamentaria para definir los detalles de la sesión de mañana.
En la Casa Rosada sostienen que el escenario parlamentario está, en términos generales, encaminado: trabajan para garantizar el quórum y una mayoría que supere los 37 votos necesarios, con la expectativa de acercarse a los 40 apoyos si se mantiene ordenado el respaldo de los legisladores vinculados a gobernadores aliados. En ese cálculo, el rol de las provincias no solo pasa por el voto sino también por asegurar presencia en el recinto, un factor que el Gobierno considera determinante para evitar sorpresas en la sesión.
En ese mismo clima de pragmatismo que atravesó la negociación con las provincias, el Gobierno también avanzó en un esquema de diálogo subterráneo con la CGT que derivó en cambios concretos sobre el proyecto. Pese al tono confrontativo del discurso oficial, también se habrían hecho modificaciones para facilitar el entendimiento con la central obrera, del mismo modo que se hizo frente a los gobernadores.
Entre los puntos ajustados, según pudo saber elDiarioAR, estarían, entre otros, los artículos que impactaban de manera directa en las cuentas de las obras sociales sindicales y en el listado de actividades consideradas esenciales, que afecta el ejercicio del derecho de huelga ya que obliga a garantizar el 75% de prestación. En el oficialismo valoran que la CGT haya optado por convocar solo a una movilización y no a un paro general, lo que contribuyó a despejar el frente sindical en la antesala de la votación decisiva.
PL/MC