Presupuesto 2026: cómo Milei reordenó la relación con los gobernadores sin cerrar el conflicto federal

La sanción del primer Presupuesto de la gestión libertaria ordenó una foto precisa del vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores. Javier Milei logró aprobar la ley central de su programa con el respaldo clave de mandatarios provinciales, en su mayoría peronistas, que optaron por un pragmatismo más marcado que en otras etapas. No se trató de un acuerdo político integral ni de un nuevo pacto federal, sino de una suma de entendimientos tácticos, construidos voto a voto y distrito por distrito, en un contexto atravesado por demandas y un punto que ya es un dato fáctico: gobernadores y La Libertad Avanza comparten, en muchos territorios, el mismo electorado.

En la votación del viernes pasado en el Senado acompañaron al oficialismo los legisladores que responden a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), además de los dos misioneros que responden al exgobernador Carlos Rovira, alineados con Hugo Passalaqua. El esquema de votación por capítulos —idéntico al utilizado en Diputados— fue decisivo para blindar artículos sensibles, como el 30, que recorta fondos a educación y ciencia, y evitar que el proyecto regresara a la Cámara baja, un escenario que el Gobierno buscó esquivar hasta último momento.

Las negociaciones se extendieron durante toda la jornada. Además de la flamante senadora Patricia Bullrich, participaron activamente el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de Diputados Martín Menem y el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo “Lule” Menem, todos ellos parte del engranaje político que responde a Karina Milei. El objetivo fue evitar sobresaltos y garantizarle al Presidente la sanción del Presupuesto, aun a costa de conceder gestos y acelerar transferencias.

Ese método, sin embargo, ya había mostrado fisuras pocos días antes en Diputados. Allí, varios legisladores que responden a los gobernadores norteños votaron a favor en general pero rechazaron el Capítulo XI. En las provincias, la lectura fue que el oficialismo falló en los cálculos y, convencido de tener los votos asegurados, no terminó de chequear posiciones clave, en especial sobre la derogación de las leyes de financiamiento educativo y de emergencia en discapacidad. La respuesta de la Casa Rosada fue rápida: antes y después de esa sesión se agilizaron los giros de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y se profundizó el goteo de fondos por compensación del consenso fiscal, con transferencias que, en varios distritos, superaron ampliamente los promedios mensuales habituales.

Ese movimiento volvió a dejar al desnudo una asimetría persistente. Provincias como Salta, Chaco, Misiones o Catamarca recibieron en pocos días montos extraordinarios, mientras que en el bloque de Provincias Unidas el acompañamiento fue dispar. En los distritos del centro se consolidó la percepción de que el oficialismo sigue privilegiando a los gobernadores del norte, más funcionales en términos legislativos y electorales.

Detrás de esa conducta aparece un factor estructural: en buena parte del país, La Libertad Avanza ya es primera o segunda fuerza en capitales provinciales y grandes centros urbanos, incluso donde gobiernan mandatarios peronistas o radicales. Esa superposición de electorados que quedó expuesta en los comicios de 2025 vuelve a los gobernadores más cautelosos. Confrontar abiertamente con la Casa Rosada implica, para muchos, el riesgo de empujar votantes propios hacia el oficialismo nacional. El pragmatismo que primó durante la votación del Presupuesto no responde tanto a afinidades ideológicas como a una lógica defensiva frente al nuevo mapa político.

En ese esquema, el Ministerio del Interior funciona hoy menos como articulador federal clásico y más como mesa de contención de conflictos y administración de demandas. Santilli actúa como interlocutor operativo, pero las decisiones estratégicas no pasan exclusivamente por su despacho: la validación política corre por cuenta de Karina Milei, mientras que la viabilidad real de cada acuerdo depende del Ministerio de Economía y de ANSES. No es casual que varios gobernadores negocien por canales paralelos, lo que explica por qué algunos entendimientos avanzan con rapidez y otros quedan empantanados durante meses.

La sanción del Presupuesto 2026 también dejó una línea de incentivos difícil de disimular. Los gobernadores que sellaron alianzas electorales o mostraron cooperación legislativa sostenida fueron los que recibieron respuestas más rápidas y contundentes. Chaco y Entre Ríos aparecen como ejemplos claros de ese esquema, mientras que Córdoba logró un acuerdo parcial sin alineamiento formal. El Presupuesto operó así como un test de lealtades, más que como una simple ley económica.

El caso Pullaro

En ese tablero, el santafesino Maximiliano Pullaro quedó ubicado deliberadamente en el lugar del disidente. No solo rechazó el acuerdo previsional ofrecido por Nación, que su administración considera insuficiente frente a una deuda que estima en torno a los $2 billones, sino que también cuestionó de manera abierta el diseño de la ley de leyes.

Pullaro intentó incorporar el reclamo santafesino al texto presupuestario y no lo logró. Su bloque, además, se opuso al artículo 30, al que el gobernador asoció directamente con el “desfinanciamiento de la ley de discapacidad y de la educación pública”. En paralelo, criticó con dureza la asignación de recursos nacionales para infraestructura vial: “El gobierno tiene para todo el país menos presupuesto, alrededor de $360 mil millones, que lo que nosotros tenemos para reparar rutas en Santa Fe. Esto va a hacer que las rutas de Nación se sigan deteriorando”, advirtió.

La estrategia de Pullaro ya había incluido un gesto político explícito: a mediados de año, se mostró ante la Corte Suprema junto a sus antecesores Omar Perotti y Antonio Bonfatti, en una señal de respaldo transversal al reclamo provincial. Ahora, que sea el único gobernador no peronista que no fue recibido por Santilli terminó de consolidar su lugar como caso testigo del nuevo equilibrio. En la Casa Rosada interpretan su postura como una decisión consciente de diferenciarse y, al mismo tiempo, como una advertencia implícita al resto.

Es que, más allá de la victoria legislativa, el Presupuesto 2026 no cerró los conflictos estructurales entre Nación y provincias. Las deudas previsionales, la obra pública nacional y el financiamiento de educación y ciencia quedaron abiertos, garantizando que la tensión continúe durante todo el año próximo. La ley ordenó la coyuntura y le dio a Milei una herramienta central de gobierno, pero no pacificó el vínculo federal. Por el contrario, institucionalizó un sistema de negociaciones permanentes, sostenido en premios, castigos y en una competencia silenciosa por el mismo electorado que hoy condiciona a todos los actores.

PL/CRM