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El peronismo amenaza con voltear el artículo 30, que deroga varias leyes vinculadas a la Educación. Bullrich no buscará incluir el capítulo XI, que Diputados volteó la semana pasada, pero advierte que podrían querer introducir cambios. Menem se prepara para sesionar el 29 de diciembre, por si acaso.
El Gobierno no quiere sobresaltos. Al mediodía comenzará, en el Senado, la sesión en la que La Libertad Avanza buscará sancionar el Presupuesto por primera vez desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada. Patricia Bullrich está resignada a aprobar la versión de Diputados, sin el capítulo XI que proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, y cerrar el año con una victoria. Aunque sea a medias.
Bullrich no está tranquila, sin embargo. El Gobierno está convencido de que, con el apoyo de los radicales, el PRO y los gobernadores, el Senado aprobará el Presupuesto 2026. Fue el acuerdo al que llegó con los jefes de bloque dialoguistas, como Eduardo Vischi (UCR), Martín Goerling (PRO) y “Camau” Espínola (Provincias Unidas), a cambio de no forzar la re introducción del capítulo XI. Abrir el debate era demasiado peligroso y, además, no tenía asegurado el número. Pero, a pesar del acuerdo, a último momento saltó una alarma: la oposición no iba a quedarse quieta y estaba trabajando para voltear otros artículos del proyecto.
El artículo que el peronismo puso en la mira es el 30, que incluye la derogación de varias leyes destinadas al financiamiento de la Educación. Deroga, por ejemplo, el artículo de la Ley Nacional de Educación que establece que el presupuesto destinado a Educación debe ser el 6% del PBI. Elimina, a su vez, la obligatoriedad de incrementar progresivamente, año a año, el porcentaje del presupuesto destinado a fortalecer el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El objetivo de la bancada que preside José Mayans es voltear el artículo 30 tal como Diputados, la semana pasada, volteó el capítulo XI. Cuenta con una base de 32 votos en contra, entre los que se encuentran los 28 peronistas –21 del bloque Justicialista, 5 de los díscolos de Convicción Federal y 2 del bloque de Gerardo Zamora-, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, la cordobesa Alejandra Vigo y, por ahora, la salteña Flavia Royón. Necesita llegar a 37 y apuesta, para ello, a sumar el voto radical.
Las conversaciones de Mayans con los senadores de la UCR comenzaron hace unos días, en paralelo a las que mantenía la propia Bullrich para convencerlos de sumar el capítulo XI volteado por la Cámara de Diputados. Hay algunos radicales con vínculos con las universidades, como Flavio Fama (Catamarca) o Maxi Abad (PBA), que podrían plegarse a su embestida. “Ellos tienen que evitar mimetizarse con el Gobierno. Pero hay que ver qué hacen, los radicales son muy vendidos”, masculla, con irritación, un senador del peronismo.
Bullrich está preocupada. El rechazo al artículo no solo implicaría un golpe al cálculo fiscal de Milei –quien ya amenazó con vetar la ley cuando se cayó el capítulo XI por “romper el superávit”, aunque después tuvo que desdecirse ante la amenaza de los aliados de no votar la reforma laboral si vetaba el Presupuesto–, sino que implicaría un retraso en la sanción final. Ya que el proyecto, de ser modificado, tendría que volver a la Cámara de Diputados.
Martín Menem, por si acaso, se prepara para sesionar el 29 de diciembre o el 6 de enero. Ya le envió un mensaje a los diputados libertarios de que estuvieran atentos a la sesión del Senado porque, de haber cambios, tendrán que modificar sus planes de vacaciones.
La mojada de oreja de Menem al jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, por el reparto de las sillas de la Auditoría General de la Nación (AGN) puso en stand by el acuerdo que Bullrich había cerrado con el peronismo y el radicalismo. La jefa del oficialismo en el Senado tenía planeado designar a los tres auditores que faltaban –que elige el Senado–, pero la crisis que se abrió con el PRO la semana pasada, luego de que Menem cerrara un acuerdo con el peronismo y aprobase a la madrugada la designación de los tres auditores de Diputados sin el PRO, le hizo aplazar los planes.
Por una cuestión numérica, al PRO en el Senado no le corresponde ninguna silla en la AGN, que es el organismo encargado de controlar y auditar al Poder Ejecutivo. Sí le corresponde, en cambio, a la UCR –que quiere poner a Luis Naidenoff–, al peronismo –que pretende renovar el cargo de Javier Fernández– y a LLA, si logra cerrar un acuerdo con los dos primeros. Pero para evitar continuar tensando con el PRO, Bullrich buscará patear la votación para febrero.
“Hagamos solo Presupuesto y chau, ¿para qué complicar?”, le explicó Bullrich, por teléfono, a uno de los armadores del peronismo. No complicar: el mantra que la ex ministra repite a aliados y enemigos durante las fiestas.
MCM/CRM