“Tenemos el 95% de los temas cerrados”: Bullrich acepta cambios en el FAL y llama a sesión por reforma laboral el 11

En el juego del policía bueno y policía malo del Gobierno, Patricia Bullrich es la encargada de asegurarse de que, cuando se sesione el 11 de febrero, estén los votos para aprobar la reforma laboral. La jefa libertaria en el Senado está convencida de que para aprobar la ley se necesita introducir cambios, y hace dos semanas que negocia con los senadores aliados un borrador con el que llegar con el camino allanado al recinto. Tensiona con Luis “Toto” Caputo por el capítulo fiscal y advierte que el “95% de los temas” están “cerrados”. 

El borrador está guardado “bajo cuatro llaves”. Bullrich les advirtió a los senadores aliados que no filtraran el contenido de las modificaciones: la ex ministra quiere cerrar los cambios en secreto y anunciarlos en el recinto el día de la votación. “La ley se va a conocer el día que se esté discutiendo”, señaló la jefa del oficialismo en el Senado a la salida de una reunión con el grupo de senadores aliados que ella llama “el grupo de los 44” (porque refiere a todos los senadores nacionales excepto a los 28 del peronismo, que se cuentan como única oposición dura). 

El encuentro se llevó a cabo en el segundo piso del Senado, donde la UCR cuenta como un gran salón en donde gusta oficiar de anfitrión de las reuniones que encabeza la ex ministra. A la salida del encuentro, Bullrich fue acompañada por el jefe del bloque radical, el correntino Eduardo Vischi, para las conferencias de prensa: un guiño con el que la ex ministra pretende mostrar un frente unido en el Senado. 

El bloque radical, además, es clave en el poroteo de Bullrich, ya que cuenta con 10 votos propios –es el tercer bloque más grande del Senado– y todavía no están garantizados que vayan a acompañar la ley del Gobierno de manera unánime.

Las reuniones sirven para poner en común los pedidos de cambios, negociar artículos y porotear qué nivel de adhesión tiene cada punto de la ley. Algunos, como la neuquina Julieta Corroza, aprovechan para trasladar las preocupaciones de los sindicatos, que advierten que la reforma avanza contra muchos derechos colectivos de los trabajadores. Algunos: la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, el desfinanciamiento de las obras sociales, la restricción del derecho a huelga, la prevalencia de los convenios por empresa por sobre actividad. 

Hasta ahora, Bullrich se ha negado a incluir ningún cambio pedido por la CGT y los sindicatos. Pedido que, en el caso de la ultraactividad, tiene en alerta también a las asociaciones empresarias, que advierten que podría aumentar la litigiosidad si se generan vacíos legales cada vez que se vence un convenio colectivo (que, actualmente, sigue en vigencia hasta que los sindicatos y empresarios negocian uno nuevo).

Uno de los puntos que Bullrich sí aceptó modificar es el que refiere a la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un fondo que será financiado con el 3% de los aportes patronales destinados a la seguridad social y que servirá para pagar las indemnizaciones en los casos de despido. Es decir, que la ANSES cubrirá los despidos de los privados. 

El radicalismo solicitó que se incluyera una diferenciación entre PYMES y grandes empresas, de modo que el FAL tenga como objetivo cubrir a las pequeñas y medianas empresas en casos de tener que pagar indemnizaciones. Bullrich aceptó y se están introduciendo cambios en el título 2 del proyecto, que refiere al FAL.  

El objetivo de Bullrich es terminar de finiquitar los últimos cambios en los próximos días, de modo de llegar al día de la sesión con el escenario despejado. La ex ministra quiere evitar que los senadores le modifiquen el proyecto durante la votación en particular: Bullrich teme que la oposición, una vez que empiece a voltear artículos, no sepa cuándo parar.

La pelea por el capítulo fiscal

“Creemos que tenemos los votos, si no no convocaríamos la sesión”, ironizó Bullrich a la salida de la sesión. La senadora confía en que, con apoyo del PRO, el radicalismo, las fuerzas provinciales y una parte del peronismo, la reforma laboral se aprobará con unos 40 votos. Solo hay un problema: el capítulo fiscal. 

Los gobernadores están en pie de guerra con el artículo que reduce las alícuotas del impuesto a las Ganancias para las empresas. El motivo es que es un impuesto coparticipable y reducirlo podría significar, según cálculos de los mandatarios, una pérdida de cerca de 2 billones de pesos en materia de recursos. Los gobernadores exigen que haya algún esquema de compensación, pero, hasta ahora, Luis “Toto” Caputo se ha negado.

El argumento del “ala dura” del Gobierno es que la pérdida en coparticipación se compensará vía un aumento del empleo formal. Algunos gobernadores aliados, como Juan Pablo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut) o Gustavo Sáenz (Salta), exigen, sin embargo, una propuesta más concreta. Pero el ministro de Economía cuida la billetera del Ejecutivo y sostiene que, modificar el artículo de Ganancias, sería desnaturalizar el proyecto. La postura, por ahora, es avanzar sin concesiones.

La intransigencia de Caputo ha generado rispideces con Bullrich, quien insiste que, si todos los gobernadores están reclamando modificar el artículo, no tiene sentido ir al recinto a chocarse contra la pared. La ex ministra pretende diferenciarse de Martín Menem, quien en la discusión por el Presupuesto en Diputados, terminó forzando el capítulo que derogaba la ley de emergencia en discapacidad y la de financiamiento universitario y terminó votando la votación. 

Bullrich espera que, cuando llegue el día de la votación, el ala dura termine cediendo. “Nosotros tenemos el 95% de los temas cerrados”, aseguró.

MCM/CRM