Ahora para La Libertad Avanza, la ley Lucio esta “ideologizada”

Durante las sesiones informativas sobre el presupuesto 2025, Sandra Petovello envío a Yanina Nano Lembo, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, a dar explicaciones sobre la parte que le compete a la cartera de Capital Humano. Es decir, un presupuesto de ajuste, con excepción de sólo dos políticas públicas elaboradas por gobiernos anteriores, que son la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. 

Uno de los puntos sobre los que se pidió explicaciones a Nano Lembo fue la ley Lucio, que votada en 2023 por unanimidad, con discursos encendidos a favor del cuidado de las infancias por parte de Javier Milei, Victoria Villarruel y José Luis Espert, quienes entonces eran diputados. Pese a ser sancionada con 228 votos afirmativos y ninguno en contra, la implementación del Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue paralizada. 

La norma estableció medidas de prevención y detección de violencia contra niños y niñas y propone capacitaciones obligatorias para los agentes estatales que trabajan en con temas de la niñez. 

Interrogada sobre este tema la secretaria Nano Lembo, que reemplazó a Pablo de la Torre, tras su salida después del escándalo por los alimentos acopiados, dio una de las respuestas más desopilantes de las sesiones

Antes de eso, defendió la línea del Gobierno al señalar que “decidimos terminar con la intermediación de la política social y lo logramos”, insistió en su exposición y detalló que el presupuesto contemplado para la Secretaría que comanda para el año próximo “asciende a un poco más de 4 billones de pesos”, lo que representa un 43% más que el presupuesto vigente este año.

Durante la jornada, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada le preguntó a Nano Lembo, “por qué no aplican” la Ley Lucio, por la cual se creó un Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en derechos de los niños, niñas y adolescentes.

La respuesta de la funcionaria fue que se trataba de “una política ideologizada”. Y que por eso se encuentra “en revisión” desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza. La norma que no fue ejecutada durante el año 2024 -cero pesos- fue aprobada por unanimidad en 2023, cuando Javier Milei era diputado, y después de la conmoción social por el asesinato del niño Lucio Dupuy a manos de su madre y su pareja.  

Otras políticas con ejecución en 2024 de cero pesos son las de: la línea 102 para la escucha de niños, niñas y adolescentes que sufren violencia -y que Nano Lembo al responder confundió con la línea 144-, la Ley Brisa -asigna el monto de una jubilación mínima a hijos de mujeres víctimas de femicidio-, entre otras.

"En relación a la Ley Lucio (…) había un módulo que cuando recibimos la gestión estaba desarrollado, lamentablemente, en esta línea que habíamos mencionado de que estaba ideologizado", explicó Lembo. Eso sostuvo la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Yanina Nano Lembo, ante la consulta de la diputada Julia Strada, que ironizó: “Quizás el presidente Milei votó una ley ideologizada”. La diputada de Unión por la Patria también preguntó por la ejecución de la ley Brisa, que subsidia a los niños cuyas madres fueron asesinadas en casos de violencia de género.

Luego, desde el Ministerio de Capital Humano ampliaron un poco más el argumento para suspender los cursos contra la violencia contra la niñez: “El primer capítulo del Curso 1 tiene el objetivo revisar el concepto de familia y deconstruir estereotipos patriarcales, siendo que, la situación que dio lugar al desenlace de Lucio fue la negligencia y el empecinamiento de todos los actores de Sistema de Protección que sostuvieron el derecho de la madre por sobre los derechos del niño, no interviniendo a tiempo y sosteniendo un modelo que aboga por una igualdad sesgada e ideológica”.

La Ley Lucio se creó tras el caso de Lucio Dupuy, asesinado por su madre y la pareja en La Pampa en 2021. La norma busca garantizar capacitaciones obligatorias para funcionarios de los tres poderes del Estado, con una perspectiva de género, protección de denunciantes y participación infantil efectiva.