Brasil: arrancó el juicio contra los asesinos confesos de Marielle Franco

Casi siete años después del asesinato de la concejala y activista brasileña Marielle Franco, dos detenidos que reconocieron su participación, el atacante y un cómplice, empezaron a ser juzgados  por un jurado popular en Río de Janeiro. "Hoy es el primer paso para la justicia, porque no podemos normalizar que ninguna vida sea quitada de la forma en que nos arrebataron" la de Marielle, dijo su hija Luyara Santos, de 25 años, durante una emotiva concentración de unas 200 personas al exterior del tribunal para reclamar antes del juicio la condena de los acusados.

Franco fue asesinada a tiros el 14 de marzo de 2018 junto con Anderson Gomes, el conductor del vehículo en el que se trasladaba, luego de participar en un acto político en el centro de Río. Tenía 38 años. Su chofer, Anderson Gomes, también murió en el atentado. Rápidamente las miradas apuntaron al crimen organizado y la posible participación de milicias.

"Fueron años sin respuesta"

La familia de Marielle Franco, incluida su hermana Anielle, actual ministra de Igualdad Racial, fue recibida con aplausos a su llegada al tribunal por muchas personas que llevaban girasoles en la mano. "La sensación que tengo es que estoy reviviendo ese dolor", dijo Marinete da Silva, la madre de quien defendió a capa y espada los derechos de los más necesitados en Río.

La Fiscalía pidió la pena máxima de 84 años de cárcel para los acusados, Ronnie Lessa y Elcio Queiroz, exmiembros de la Policía Militar de Río. Detenidos en marzo de 2019, un año después del crimen, participan en el juicio por videoconferencia desde la prisión. Ambos fueron presentados al inicio del juicio por la jueza Lucia Glioche. Lessa admitió haber disparado con una ametralladora a Marielle Franco desde un vehículo conducido por Elcio Queiroz, también confeso. 

El jurado está formado por siete ciudadanos comunes. Entre una audiencia y otra, los miembros del jurado permanecerán confinados en las instalaciones del tribunal, sin ningún contacto con el mundo exterior. El juicio puede durar varios días. Deben ser escuchados nueve testigos, entre ellos Fernanda Chaves, colaboradora de la concejala, quien viajaba en el vehículo pero sobrevivió al ataque. 

Por seguridad, Chaves tuvo que salir rumbo a Madrid con su familia tras el atentado y no pudo ni siquiera estar en el funeral de Franco. "No había cómo tener una vida normal después de ese episodio", dijo durante su declaración en la audiencia. Según la testigo, esa noche iban charlando de cosas del trabajo hasta que oyó una ráfaga y en un acto reflejo se agachó. "Marielle estaba inmóvil y su cuerpo cayó encima de mí", agregó Chaves.

Un primer paso hacia la justicia

El juicio que empezó este miércoles no concierne a los presuntos autores intelectuales del asesinato, el diputado federal Chiquinho Brazao y su hermano Domingos Brazao, asesor del Tribunal de Cuentas de Río. Detenidos el pasado mes de marzo tras haber sido incriminados por Ronnie Lessa, los hermanos Brazao comparecieron a declarar la semana pasada ante el Tribunal Supremo, al igual que el exjefe de la policía civil de la ciudad Rivaldo Barbosa. 

Los dos hermanos y el policía, acusado de obstruir la investigación tras el asesinato, negaron cualquier implicación y las pesquisas aún están en curso. Según la investigación, Lessa habría matado a Marielle Franco tras sentirse seducido por una oferta de los hermanos Brazao en nombre de las milicias. En un comunicado, Amnistía Internacional advirtió que "solo se hará justicia cuando las autoridades brasileñas garanticen que todos los responsables, incluidos los que lo planearon, sean juzgados".

Nacida en una favela, Marielle Franco militó durante mucho tiempo contra la violencia policial y por los derechos de los habitantes de los barrios más pobres, en especial de los jóvenes negros, las mujeres y los miembros de la comunidad LGBT. También se enfrentó a la acción de las milicias. El atentado tuvo una clara connotación política que solo empezó a dilucidarse a comienzos de 2023, cuando las investigaciones pasaron al Tribunal Supremo, en Brasilia, tras estar cinco años prácticamente paralizadas en Río.