Caso Loan Danilo Peña: el Gobierno de Corrientes pidió ser querellante

En medio de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia Federal afronta una semana clave con respecto a la situación procesal de los siete detenidos y apura las testimoniales. Para este lunes se esperan dos declaraciones de magnitud para la investigación secundaria a la búsqueda del niño, que es la trama del posible encubrimiento, la cual habría tenido al gobierno de Corrientes como parte actora en la denuncia falsa de Laudelina Peña.

Después de 46 días de la desaparición de Loan, periodo en el cual la Justicia ordinaria se declarara incompetente y la causa pasara al fuero federal, y en una semana clave en la cual brindarán su testimonio personas con cierto perfil político, el Gobierno de Corrientes pidió ser querellante en la causa.

La Justicia federal investiga a una serie de partícipes que tuvieron incidencia aquel 28 de junio en el trayecto que hizo Laudelina desde 9 de julio hasta Corrientes capital para declarar en la justicia provincial, cuando la causa ya estaba en el fuero federal. En aquel recorrido participó el chofer Agustín Ibarra, un hombre muy cercano al gobernador Gustavo Valdés, y excandidato a concejal. A esta testimonial se le suma la de Luis Alberto González, el viceintendente de la localidad correntina de 9 de Julio.

En este marco, el fiscal de Estado de la provincia de Corrientes, Horacio David Ortega pidió a la Justicia Federal que el Gobierno provincial participe “de cada una de las audiencias de declaración de los imputados y en todo acto pertinente y relativo a este proceso”.

En paralelo, tras la liberación del expolicía Francisco Amado Méndez, quien fue señalado como el “informante” del comisario Walter Maciel, el fiscal Ortega envió una solicitud de procesamiento con prisión preventiva para los siete imputados.

En el escrito presentado al Juzgado Federal de Goya, el fiscal solicitó los procesamientos para Mónica Millapi, Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Walter Maciel y Laudelina Peña.

Ahora, la jueza Cristina Pozzer Penzo deberá definir la situación y participación de los siete detenidos en relación a la figura penal de sustracción y ocultamiento de menores.

A su vez, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo hizo lugar a un pedido del fiscal Mariano De Guzmán para que los fiscales ordinarios, Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, declaren como testigos. La intención es que indiquen qué elementos tenía en su momento la justicia provincial para suponer que se trataba de un caso de trata de personas. Por el momento no hay fecha para ambas declaraciones.

Además, en C5N informaron que, en horas del mediodía, llegará a Goya Marcelo Romero, el subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, para ponerse a disposición de Pozzer Penzo.

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